Pocas veces unos ciudadanos tienen tanta razón para quejarse del injusto trato que reciben como los pescadores con las recientes normas publicadas por el Principado para practicar su afición en los ríos salmoneros asturianos.
No voy a repetir lo que ya está acreditado por los hechos y tradiciones milenarias de la pesca fluvial: los pescadores de caña son los mayores protectores del río y de su ecosistema, así como los más acreditados conservadores de las truchas y los salmones que los habitan. Desde hace muchos años vienen pagando voluntariamente guarderías y repoblaciones, a través de cuotas que recaudan y revierten en el río sus asociaciones.
Sin embargo, los portavoces del Gobierno regional, que han salido estos días justificando su ataque frontal a los pescadores en la normativa para la pesca en 2010, niegan todo lo anterior y ocultan lo más importante: sus gravísimas responsabilidades en el proceso de despoblación de nuestros ríos.
La vigente ley del Principado de Asturias sobre protección de los ecosistemas acuáticos y de regulación de la pesca en aguas continentales es de 2002 y nadie más que los socialistas presididos por Areces son los responsables de su «no aplicación» en estos siete años. Siete años cobrando del Presupuesto sin hacer nada. Siete años cobrando y sin aprobar el obligatorio y básico «plan de ordenación de los recursos acuáticos continentales», previsto en el artículo 8 de la citada ley. Siete años cobrando el consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, y siete años cobrando la viceconsejera de Medio Ambiente, Belén Fernández, y todo su equipo, sin haber elaborado los preceptivos «planes técnicos de gestión de cada río», previstos en el artículo 9, y también sin haber aprobado las medidas exigidas en los artículos 14, 15 y 16, que obligan a garantizar la preservación y la recuperación de nuestros ríos.
Por cierto, señor consejero, sigo esperando su respuesta con motivo del debate que hemos mantenido en la Junta General del Principado sobre de la grave situación en la que se encuentra el salmón en nuestros ríos.
El Gobierno regional lleva siete años sin hacer nada porque nada hizo de lo que su ley le exige. Y ahora, ¡caña a los pescadores! y ¡caña al Presupuesto!, con incremento del gasto público para ocultar su nefasta gestión y que sigan pagando los de siempre. Su propia ley, en el artículo 10, obliga al Gobierno a preservar y garantizar la calidad de las aguas de los ríos. Y el 13 les obliga a proteger las márgenes y los lechos de los cursos fluviales, las masas de agua, caudales ecológicos incluidos, así como evitar los encauzamientos salvajes o extracciones que perjudiquen el ecosistema. ¿Están hoy las orillas y los lechos mejor que hace siete años? Están peor, porque la desidia e incompetencia es el único referente que guía su gestión.
¿Aceptarán la viceconsejera de Medio Ambiente y su equipo un paseo por las riberas de los ríos salmoneros para ver escalas sin agua, escalas llenas de lodos, o barreras injustificadas impidiendo el desove de los salmones aguas arriba, o rampas de bajada cerradas desde hace años, impidiendo que los salmones puedan regresar al mar para cumplir su ciclo biológico, o zonas de desove abandonadas cuando no colmatadas por vertidos en sus orillas? Incluso pueden tener la oportunidad de recoger salmones muertos en las aguas continentales de nuestra comunidad autónoma. ¡A que no se atreven a aceptar la propuesta!
Los artículos 45, 46 y 47 también dicen que el Gobierno regional es el responsable de la inspección de los ríos. Además de pedir licencia y permiso a los pescadores, ¿qué planes diseñó la Consejería en siete años para que la guardería se dedique a proteger los ríos? ¿Por qué el señor Trevín y el señor Buendía nos dicen ahora que van a proteger nuestros ríos con importantísimas dotaciones de medios aéreos, helicóptero incluido, terrestres, navales y caninos? ¿Alguien puede creerse que esto es serio? ¿Qué tratan de ocultar?
Finalmente, el artículo 30 dice que se prohíbe la introducción de especies alóctonas. ¿Y qué son para el Gobierno regional los cormoranes? O sea, los mayores y más recientes furtivos del río. Durante siglos vivieron y se alimentaron en las costas, pero las costas están esquilmadas y vienen al río, donde son una especie alóctona. Ahora, el Gobierno regional parece que intenta cubrir el expediente con un «control». ¿Por qué se han opuesto en los últimos siete años la viceconsejera de Medio Ambiente, Belén Fernández, y todo su equipo? ¿Cuántos controles piensa hacer de septiembre a marzo, cuando los cormoranes acuden a comer masivamente los esguines? ¿Va a cumplir la ley el Gobierno? ¿O simplemente va a publicar la resolución sobre la normativa de pesca 18 días fuera del plazo, incumpliendo el artículo 19.3 de la ley?
Creo que está claro que los miembros del Gobierno regional durante siete años no han cumplido la ley que les obliga a proteger los ríos y a fomentar la población de los peces. Su propia ley. Pero siguen en sus puestos y cobrando del Presupuesto público. Son los máximos culpables de la situación de nuestros ríos, y su responsabilidad por no haber hecho nada durante siete años es gravísima.
El Gobierno del Principado ni tiene razón ni autoridad moral ni política para acusar y acosar a los pescadores. Hay que pensar en modificar la ley de 2002 para incluir las sanciones que se merecen, entre ellas la supresión de empleo y sueldo. Tenemos que ser capaces de adquirir entre todos un claro compromiso en la gestión de los ríos asturianos. Un compromiso que pasa por la conservación, la protección y el uso de los recursos renovables de forma sostenida.
