MIKI LÓPEZ
Oviedo, L. Á. VEGA
El letrado de la Junta General del Principado y colaborador de LA NUEVA ESPAÑA Ignacio Arias Díaz propuso ayer un código ético para evitar los casos de corrupción a través de una sencilla fórmula, separar la esfera política de la burocrática. «No hay políticos corruptos sin la colaboración de funcionarios permisivos», resumió en su intervención en el seminario jurídico «Gerardo Turiel», organizado por el bufete Mijares.
Como primera medida, Arias sugirió que «sólo los funcionarios de carrera puedan emitir informes que comprometan la voluntad externa de la Administración». Fuera quedarían los cargos de libre designación o de confianza, hacia los que Arias no se mostró necesariamente en contra.
En cuanto a los funcionarios que deciden dedicarse a la política, Arias estimó que deben cesar en sus puestos, en caso de ser elegidos. Si no lo son, añadió, deberían permanecer dos años en excedencia voluntaria. El Manual del Funcionario Inglés es aún más duro y prohíbe que los funcionarios concurran a las elecciones.
Arias también se decanta por el hecho de que «el personal político y de confianza no pueda dictar actos administrativos», una medida que, por ejemplo, Italia incluye en su ordenamiento legal. El letrado añadió que es imprescindible que «todos los actos administrativos incluyan no sólo la identificación del funcionario, sino su dirección y su correo electrónico», de forma que el ciudadano afectado por una resolución pueda recibir explicaciones de la misma.
El jurista es partidario de que en la web de la administración adjudicadora de un proyecto o contrato se publiquen todas las ofertas presentadas a los concursos, así como los criterios seguidos. La misma transparencia exigió de los procesos selectivos. No sólo debe publicarse la composición de estos órganos, cuyo presidente y secretario deben tener experiencia, sino que debe figurar cómo y cuándo se determinan los ejercicios y los criterios de valoración. «No se podrán realizar ejercicios de los que no quede constancia escrita y las entrevistas deben eliminarse», al introducir una valoración subjetiva que cuadra mal con los criterios de mérito y capacidad. También planteó crear una comisión ética, a la que cualquier funcionario podría recurrir en caso de conflicto con el poder político. «Con la corrupción se puede acabar con una dosis de ética», sentenció. «En este tema, la clase política está siendo tratada injustamente. Los políticos son víctimas de un funcionariado permisivo. Si un funcionario emite un informe que califica una resolución de ilegal, ningún político se atreve a seguir adelante»», aseguró. Y añadió que con secretarios como los de antes, esto es, pertenecientes a un cuerpo nacional -los actuales son de libre designación-, sería más difícil la corrupción en los ayuntamientos», donde es más fácil que se produzca al gestionar el urbanismo.
