Oviedo, L. Á. VEGA
Las reformas que permitirán el llamado blindaje de las normas forales vascas, esto es, la eliminación de la posibilidad de recurrirlas ante la jurisdicción contencioso-administrativa y la obligatoriedad de que sea ahora el Tribunal Constitucional el que dirima cualquier desavenencia sobre ellas, están sorteando los últimos obstáculos parlamentarios sin mayores dificultades, toda vez que su aprobación fue uno de los requisitos planteados por el PNV para apoyar los Presupuestos Generales.
«Nada en el blindaje foral vasco responde a la racionalidad jurídica, sino más bien al voluntarismo político», opinó ayer el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo Ramón Punset, quien disertó sobre este asunto, junto a la profesora de Derecho Financiero y Tributario Begoña Sesma, en la Academia de Jurisprudencia.
Ambos aludieron a los rasgos especiales de la organización del Estado en el País Vasco, con un Parlamento sin competencias fiscales, y unas diputaciones forales, entidades de Administración local, que sí pueden emanar normas tributarias, aunque de rango inferior y por tanto recurribles por vía contenciosa.
El residenciar los recursos ahora en el Constitucional, equiparándolas a las leyes creadas por las autonomías y el propio Estado central, busca «una considerable restricción de los recursos, ya que las comunidades autónomas no van a poder impugnar las normas fiscales vascas», como indicó Punset. Crea además un nuevo régimen jurídico, que testimonia «el proceso de medievalización jurídica que vive España, con una adición de derechos especiales, como chalés adosados».
La reforma cierra la posibilidad de que las comunidades vecinas del País Vasco, las que han sufrido en sus carnes los efectos de las «vacaciones fiscales» en forma de un éxodo masivo de empresas, puedan recurrir esas normas tributarias.
