Migoya destituye a una alta funcionaria por hacer adjudicaciones irregulares

Oviedo, J. E. MENCÍA

La consejera de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, Ana Rosa Migoya, destituyó ayer, «por irregularidades administrativas en las que se aprecia un posible delito», a la jefa del servicio de Procesos Administrativos de la Dirección General de Modernización, Telecomunicaciones y Sociedad de la Información. La Consejería, que inicialmente ha decidido decretar «el cese cautelar y la suspensión de empleo y sueldo de la funcionaria», ha puesto el caso en manos de la justicia. La fiscalía ha abierto una investigación para determinar si la alta funcionaria falsificó la firma del director general de Modernización, Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, José Alberto Pérez Cueto, para adjudicar servicios de forma irregular, asumiendo funciones que no le correspondían.

También se investiga si la funcionaria destituida está ligada, mercantil o sentimentalmente, con alguna de las empresas o empresarios que lograron contratos con el departamento en el que prestaba servicio. Al menos dos de las fuentes consultadas coincidieron al señalar que la Policía judicial ha registrado el despacho de la trabajadora, que habría sido precintado, aunque este extremo no pudo ser confirmado ayer oficialmente en el Principado. El mensaje que parte desde la Consejería que dirige Ana Rosa Migoya se limita a confirmar que «tras detectarse irregularidades administrativas en el departamento de Modernización, Telecomunicaciones y Sociedad de la Información de José Alberto Pérez Cueto se decide abrir un expediente a resultas del cual se determina el cese y la suspensión cautelar de empleo y sueldo de la funcionaria». «Posteriormente, tras examinar los hechos y apreciar que pueden ser constitutivos de delito, se pone el caso en manos del fiscal», añaden.

Las fuentes consultadas ayer en el Principado explicaron que además de aclarar si la alta funcionaria falsificó la firma de Pérez Cueto en algunas adjudicaciones y si éstas se hicieron a empresas con las que tendría relación la trabajadora, la investigación habrá de determinar también si la jefa de servicio cometió irregularidades adjudicando contratos menores -los que no superan los 18.000 euros y que por tanto no deben salir a concurso- de forma incorrecta. Asimismo, se trata de averiguar si algunos de estos contratos eran falsos o si se hincharon y se pagó por servicios que luego no se recibían o no se ajustaban a lo firmado.

La funcionaria destituida, que con anterioridad había ocupado el cargo de jefa del servicio de Promoción Cultural, Archivos, Bibliotecas y Museos, en la Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo, puede recurrir ante los Juzgados el cese ordenado por Ana Rosa Migoya. Algunas fuentes consultadas ayer no descartaban que la investigación pueda ampliarse a su anterior destino.