Oviedo, M. PÉREZ
Los sindicatos creen que los procedimientos que utiliza el Principado para controlar el gasto de los contratos menores no son suficientes y que su debilidad se ha puesto en evidencia con el caso de la jefa de servicio de Procesos Administrativos. La mayoría de los sindicatos consultados pide la dimisión de un responsable político por este asunto.
José Luis González, de la Unión de Sindicatos Independientes del Principado de Asturias (USIPA), entiende que «sí fallaron los controles» y que es responsabilidad de la Administración regional que funcionasen. «Debe haber responsabilidades y alguna dimisión, no echar las manos a la cabeza y salir con lo de las ovejas negras. Vale más echar la culpa al funcionario», ironiza.
Desde la Central Sindical de Izquierdas (CSI-CSIF), Lucas Álvarez lamenta la «proliferación» de nombramientos de cargos de libre designación, los llamados «puestos de confianza». «Hablan de que quieren congelarnos el sueldo a los funcionarios de base y yo me pregunto por qué proliferan tanto y sale tan caro este tipo de contrataciones», explica. «Nadie sabe cuál es su función, pero tienen bastante margen de actuación por la confianza que el político depositó en ellos», argumenta, por lo que considera que «alguien debería dar cuenta; son demasiados despropósitos para que aquí no pase nada», asegura.
Por su parte, CC OO critica el sistema de adjudicación de los contratos menores: «No necesitan publicación, con lo cual puede darse el caso de que alguien sí pueda manipularlos. Quedan a expensas de la persona que los gestiona», aseguran fuentes del sindicato, contrarias también a los puestos de libre designación. «No son asesores, son meros gestores». Con lo cual desde los sindicatos se pide que estos cargos salgan a concurso de méritos. CC OO pide que se «profundice más» en el asunto y que se depuren responsabilidades.
Luis Ángel Ardura, de UGT, considera que se trata de «un caso aislado». Ardura explica que «somos muchos funcionarios y siempre desgraciadamente puede haber un caso, que no implica que sea una cuestión normal, sino muy atípica, que sucede muy de cuando en cuando». En cuanto a los filtros en la adjudicación de contratos menores, el sindicato considera que «deberían tener un control más exhaustivo», aunque matiza que «de todas maneras es un caso aislado que no atiende a la labor que hacemos habitualmente los funcionarios».
Javier Villa, de Conceyu por Otra Función Pública en Asturias (COFPA), cree que en el caso de la jefa de servicio destituida «llama la atención el control político de ejecución del gasto». Así, explica que «sorprende que el director general, su superior jerárquico, no observara que había unas cantidades que desconocía». Villa relata que, «una vez aprobado el gasto y una vez justificado mediante la factura, la ejecución concreta se pasa a cada uno de los directores generales. Por lo tanto, disponía del estado de ejecución del gasto con una periodicidad mensual. Conocía las cantidades, la cuantía y cuántas veces». Según el portavoz de COFPA, «para llegar a las cantidades que se están barajando habría que repetir 30 contratos de ese tipo y resulta sorprendente que nadie pregunte cuáles eran los encargos». Además, para Villa, en el caso de los contratos menores de elementos informáticos apunta que «falta la intervención de un técnico especialista que informe de la procedencia de esos encargos. No puede quedar en manos de burócratas que no tienen competencia profesional para saber si hace falta», dice.
