El Gobierno asturiano espera que la Comisión Europea archive el procedimiento abierto contra España por la presunta infracción de la normativa comunitaria en la adjudicación a Jovellanos XXI del contrato para construir el Palacio de Justicia de Oviedo y ha defendido la legalidad del acuerdo.

Así lo ha expresado hoy el consejero de Economía y Hacienda del Principado, Jaime Rabanal, durante su respuesta ante el pleno de la Junta General de varias preguntas del PP sobre esta cuestión en la que ha asegurado que el Gobierno regional ya ha notificado a Bruselas su decisión de desistir del contrato con la empresa.

Según el consejero, el Ejecutivo mantiene el objetivo de dotar a Oviedo de un Palacio de Justicia y defenderá "con firmeza" la legalidad del acuerdo suscrito con Jovellanos XXI en caso de que la Comisión Europea siga adelante con el procedimiento aunque ha considerado que sólo habrá lugar para el archivo de la causa.

Rabanal, a pesar de las reiteradas preguntas de la diputada del PP Ana Barrientos, ha eludido explicitar las causas que llevaron a la empresa a solicitar del Gobierno el pasado 17 de abril que desistiese del compromiso suscrito entre ambas partes ante la existencia de "dificultades" para desarrollar el acuerdo.

"No voy a hablar de las dificultades de financiación de la empresa porque, si las tiene, esos temas hay que tratarlos con discreción", ha subrayado el titular de Economía.

Por su parte, la parlamentaria popular ha considerado "impresentable" que el consejero no haya querido explicar las razones que llevaron a la empresa a pedir la resolución del contrato tras perder un año "con anuncios irreales" y con retrasos "absolutamente injustificados" para tener "engañada a mucha gente".

Barrientos ha advertido de que los artículos de la normativa comunitaria presuntamente vulnerados con este acuerdo eran "prácticamente los mismos" que llevaron a la Comisión Europea a abrir un expediente respecto a la ampliación del puerto de El Musel.

A su juicio, desde el Gobierno regional se ha caído en sucesivas contradicciones con este asunto "y está claro que algo se oculta" dado que la empresa afirmó tener la financiación "asegurada" y el propio contrato incluía una cláusula que permitía resolverlo a los cinco meses de su firma en caso de que no haber obtenido fondos.

"Es impresentable que venga usted aquí a repetir machaconamente la frase de que el contrato no se ejecutará a solicitud de la empresa ante las dificultades surgidas", ha subrayado Barrientos.

La Comisión Europea notificó ayer a los responsables de IU y de Los Verdes en la capital asturiana, que habían denunciado ante la Dirección General del Mercado Interior de la Comisión Europea el acuerdo suscrito entre la empresa y el Gobierno asturiano.

La denuncia advertía de que el acuerdo de arrendamiento de las futuras instalaciones suscrito entre el Principado y la compañía constructora constituía en realidad un contrato de obras encubierto adjudicado sin concurrencia pública.

La pasada semana el Gobierno asturiano aprobó el desestimiento del acuerdo con Jovellanos XXI para construir el Palacio de Justicia en la parcela de El Vasco, situada a la entrada de Oviedo, para posteriormente alquilarlo a la administración autonómica que se comprometía a adquirirlo en un periodo máximo de treinta años.

La frustrada operación del Palacio de Justicia preveía una inversión de 176 millones de euros y la superficie estimada del nuevo edificio judicial ascendería a 60.000 metros cuadrados.

La construcción del nuevo complejo judicial de Oviedo iba a ser realizada por Jovellanos XXI, propietaria del terreno tras adquirirlo al Ayuntamiento de Oviedo por seis millones de euros después de que no fructificaran ninguno de los siete proyectos que se plantearon para el solar, a escasa distancia del centro urbano. EFE