Un asturiano ha acudido al Gobierno regional y a la Procuradoría General del Principado ante la falta de un centro especializado en Asturias que permita que excarcelen a su hijo, declarado incapaz en Villabona, para que pueda ser internado y recibir tratamiento para la enfermedad mental que padece. Es más, no descarta emprender acciones judiciales contra el Principado por la falta de inoperancia en materia de Salud Mental.

El padre señala en su escrito, que su hijo cumple condena en Villabona por varios delitos, tiempo durante el que la Consejería de Bienestar Social le reconoció, el 18 de septiembre de 2008, un grado de discapacidad de un 73 por ciento, momento desde el que la institución regional pasó a tutelar al joven. Según el documento, padece inteligencia límite, alteración de la conducta y trastorno mental.

Asimismo, recuerda que el artículo 60 del Código Penal dice que "cuando, después de pronunciada la sentencia firme, se aprecie en el penado una situación duradera de trastorno mental grave que le impida conocer el sentido de la pena, el juez de Vigilancia Penitenciaria suspenderá la ejecución de la pena privativa de libertad que se le hubiera impuesto, garantizando que reciba la asistencia médica precisa, para lo cual podrá decretar la imposición de una medida de seguridad privativa de libertad de las previstas en este Código".

Con base a este artículo, el hombre, representado por el abogado José Manuel Fernández González, pide que la Administración, tutor legal del menor debido a su incapacidad, solicite a Vigilancia Penitenciaria la suspensión de la condena. No obstante, alerta de que debe ser internado en un centro especializado al no poder vivir en sociedad por la patología que padece. El problema es que en Asturias no existen centros especializados.

Ante la falta de este tipo de centros en Asturias, reclama que el Principado adopte "una política valiente" en este asunto, que afecta no sólo a su hijo sino también a un sinnúmero de personas con enfermedades mentales graves, sean presos o no.

Para este padre, la cárcel no puede ser el "comodín" que sirva "para esconder la ausencia de una política de salud mental adecuada para esta clase de supuestos graves". Según él, Vigilancia Penitenciaria ve con buenos ojos el que pueda ser excarcelado, pero el problema es que no hay un centro para internarlo en Asturias.

Por este motivo, apunta que está dispuesto a emprender acciones judiciales contra el Principado de Asturias como entidad responsable de la política de Salud Mental en la región si no se da respuesta a su caso. Para este padre, la posible solución de internarlo en algún centro penitenciario psiquiátrico del país supondría alejarlo del único vínculo con la realidad que tiene, que es él mismo, preso en Villabona al igual que su hijo, y los familiares directos que residen en Asturias. A su juicio, el llevarlo fuera de la región sería agravar su situación o poner en riesgo su vida o la de otros, ya que tiene ya causas penales por problemas con otros presos.

El padre se pregunta qué pasará cuando cumpla la condena y quedé libre su hijo, sin ningún centro en el que pueda ser internado. El hombre asegura que sus familiares están dispuestos a prestar toda la colaboración que sea necesaria y remarca que no es un caso aislado, sino que hay muchos casos a los que la Administración no está dando respuesta.