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«Volvemos a salarios de hace diez años»

Los funcionarios asturianos critican al Gobierno de Zapatero por actuar «con improvisación» y no explicar con claridad los descuentos que sufrirán sus nóminas

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Por la izquierda, Félix García, Juan José Villar, Avelino Mariño Ordiz y Emma Fernández Alonso.
Por la izquierda, Félix García, Juan José Villar, Avelino Mariño Ordiz y Emma Fernández Alonso. nacho orejas

Oviedo,
Marta PÉREZ
Los funcionarios asturianos no están satisfechos, en cuanto a su claridad, con las explicaciones ofrecidas por el Gobierno de Zapatero tras el Consejo de Ministros que aprobó el «tijeretazo». Creen que las explicaciones fueron «poco aclaratorias» y que responden a la «improvisación». Félix García Fernández, Emma Fernández Alonso, Avelino Mariño Ordiz y Juan José Villar son 4 de los 60.000 empleados públicos asturianos que verán recortadas sus nóminas por el ajuste económico del Gobierno. Ayer, día de ajetreo inusual en los centros de trabajo que poseen las distintas administraciones en la región, los funcionarios no tenían claro qué porcentaje verían detraído de su sueldo y los líderes sindicales se pasaron el día dando explicaciones a sus afiliados.

Félix García Fernández, personal laboral del Ministerio de Economía, lleva treinta años trabajando para la Administración en Asturias. Cree que entra en el grupo del recorte del 5 por ciento, aunque aún no lo tiene claro. «Hay mucho malestar, la gente está muy inquieta, no se sabe qué trabajadores están dentro o fuera del recorte ni en qué medida les afecta», asegura. «Contábamos más o menos con la congelación salarial, el escenario no era el más idóneo, pero nadie pensaba en una rebaja», sostiene. Emma Fernández Alonso, funcionaria del Ministerio de Trabajo, se confiesa mileurista y cuenta -tampoco está segura- con que le descontarán de la nómina un 2,5 por ciento, lo que le supondrá unos 40 euros menos al mes. «La congelación salarial se hubiera asumido mejor, pero esto... la gente está muy cabreada», afirma. Avelino Mariño Ordiz trabaja en Establecimientos Residenciales de Asturias (ERA). Cree que además del porcentaje que le retraerá la Administración central habrá que descontar también el porcentaje de la Administración autonómica. «No tengo ni idea de cuánto será», afirma. «La solución por la que ha optado el Gobierno es la más fácil. Nuestras retribuciones salen publicadas en el BOE y en el BOPA. Lo más rápido y cómodo es quitarnos a nosotros», sostiene el trabajador público.

Juan José Villar, funcionario de prisiones desde hace veinte años, ha echado cuentas y le salen peor que a sus compañeros. «Cuento con una bajada de entre 100 y 120 euros al mes, y soy mileurista», sostiene el trabajador. «Y no sólo significa un recorte salarial, sino también la base de cotización, que también bajará. Lo que está pasando ahora es algo histórico. Esto es volver a sueldos de hace diez años», asegura Villar, que también critica que desde hace años «la gente que se jubila no se está sustituyendo» y que en su centro de trabajo, la cárcel de Villabona, «en 2003 había el mismo personal para 1.000 internos que hoy para 1.800 internos».

La tertulia entre los cuatro funcionarios discurre entre críticas al «tijeretazo» del Gobierno y la defensa de su trabajo. «Los empleados públicos somos siempre los más machacados. Y en tiempos de bonanza no se acuerdan de nosotros», dice Avelino Mariño. «El Gobierno ha actuado de forma cobarde e ignorante. Cobarde, por no tener el valor de hacer frente al acuerdo de septiembre con los sindicatos; e ignorante, por no saber lo que había firmado», argumenta Félix García. «Que recorten de otro lado, de las nóminas de altos cargos y grupos superiores. La mayoría de los afectados somos mileuristas», apunta Emma Fernández. «Nos bajan el sueldo, congelan las pensiones, van a recortar en obra pública, va a aumentar el paro... si necesitan dinero líquido, que lo saquen de impuestos, deberían poner impuestos a los bancos», propone Juan José Villar. Los cuatro empleados públicos también muestran su preocupación por las personas jóvenes que acaban de incorporarse a la Administración con retribuciones de 700 y 800 euros.

El colectivo de funcionarios tiene la mirada puesta en el paro general convocado para el 8 de junio y en la posibilidad de que todo desemboque en una huelga general. «Deberíamos estar todos unidos y sumarnos a la huelga. Nuestra profesionalidad está por encima y hay que defenderla», apunta Félix García. Pero no son optimistas. Tienen asumido que «no importamos», y «tenemos mala fama; piensan que así nos ganamos el perdón».

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