El coche oficial, ni tocarlo

Un conocido político popular confesó, durante la crisis del PP en el Gobierno de Sergio Marqués, que si por algo le dolía dejar el cargo era «por el chófer». Alguien que escuchaba en ese momento, con un punto de inocencia, le dijo que no se preocupara, que el chófer era funcionario y que se le encontraría acomodo en uno u otro puesto. «Pero si no lo digo por él, lo digo por mí, que me quedo sin chófer», matizó el político, poco después de comunicar que renunciaba a su cargo, aún bajando las escaleras del palacio de la Presidencia del Principado.

Aquella crisis dejó a un puñado de dirigentes sin coche oficial y ahora la crisis económica también se está llevando por delante uno de los grandes símbolos de poder de los altos cargos. La primera medida del premier británico David Cameron nada más llegar al poder ha sido la aprobación de un plan de recorte en la Administración que afecta, sobre todo, a gastos suntuarios -como viajes en primera clase-, asesorías y también coches oficiales, cuyo número se reducirá drásticamente. Los políticos británicos ya no podrán viajar a todo lujo y deberán usar de forma preferente el transporte público.

¿Es imaginable una medida así en España, donde, sin llegar a los extremos de Italia -en 2007 había 574.215 coches oficiales-, existe un parque de 30.000 vehículos, los mismos que en Estados Unidos? El ejemplo del presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, que suele utilizar el taxi en sus desplazamientos -aunque dispone de coche oficial e incluso lo utiliza de vez en cuando-, no parece haber calado en el resto del país. Sólo el Gobierno de Zapatero, dispone de 431 coches oficiales, sin contar los parques móviles de cada Ministerio, y en Asturias, el coste de los vehículos que desplazan a los altos cargos del Principado le cuesta al erario público más de un millón de euros por legislatura, a razón de 250.000 euros por año.

Pero, ¿y los ayuntamientos? Hace unos meses, en Gijón surgió la polémica cuando el PP denunció que el Consistorio disponía de hasta 112 vehículos en régimen de «renting», que, aunque no tenían la condición de coches oficiales, sí que realizaban el mismo cometido. El Gobierno local respondió indicando que entre esos coches se encontraban los de la Policía Local y los diferentes servicios municipales. El PP había dejado caer que los vehículos se utilizaban en ocasiones para fines particulares, pero el Ayuntamiento lo negó taxativamente. La polémica se enrareció por las denuncias del PP respecto a Francisco Villaverde, ex concejal y ex diputado en la Junta, actual gerente de la empresa pública Serpa, que dio positivo en un control de alcoholemia mientras circulaba con el coche oficial. El asunto fue a más con la denuncia del PP del supuesto uso para desplazamientos privados de coches del Ayuntamiento gijonés por parte del concejal de la zona rural, Manuel Faustino García («Tino Venturo») y por el gerente del campo de golf municipal de La Llorea, Alfonso Rodríguez Allén.

El caso es que, adscritos a la Alcaldía gijonesa, sólo hay dos vehículos, uno de ellos un Audi 6, comprado en 2006 por 62.000 euros, y no acaba de verse de qué forma podría reducirse ese número. Porque de otras posibilidades, como la eliminación de los coches oficiales, ni hablamos. En Oviedo, el alcalde, Gabino de Lorenzo, cuenta con un Audi 6, cuyo coste final ascendió a 143.881 euros. Ni en uno ni en otro ayuntamientos parece que vayan a producirse recortes en ese campo y existe la idea de que es imposible reducir su número. Tampoco en Avilés, donde la alcaldesa, Pilar Varela, dispone de un solo vehículo oficial.

El flamante alcalde de Siero, José Antonio Noval, del Partido Popular, es el único regidor de los grandes municipios de la región que no puede moverse, por el momento, en coche oficial. El vehículo, un Peugeot 407, está aún reparándose, después de que el anterior alcalde, Juan José Corrales, lo desgraciara en la glorieta de Argüelles, en una aciaga noche de Comadres. «En Siero no hay chófer y sólo hay un coche. Menos gasto no puede haber», opinó Noval. El Alcalde ve injusto que tengan que ser los ayuntamientos los que se aprieten el cinturón mientras el Gobierno sigue concediendo subvenciones a pesar del plan de recorte recientemente aprobado.

El caso es que la reducción de los coches oficiales sería una medida bien recibida, no sólo por el sufrido contribuyente, sino incluso por algún sector profesional. Ayer mismo, la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) pidió a las tres administraciones que sustituyan el uso de vehículos oficiales por taxis como medida para paliar la crisis. Según esta Federación, la medida de cambiar el coche oficial por el taxi ya se está aplicando con «notable éxito» en el Congreso de los Diputados.

Para la Federación ATA, los que tienen que dar ejemplo en el uso del servicio público son especialmente los concejales de los ayuntamientos, ya que son ellos los que tienen la competencia de conceder las licencias en el sector. En Oviedo, no obstante, los taxistas no acaban de ver la posibilidad de esa sustitución. Juan José García, presidente de la Cooperativa de Radio Taxi, opina que «beneficiaría más a las empresas de alquiler de coches más exclusivos, aunque puntualmente, para traslados de urgencia, los políticos quizá cogiesen más taxis».