Más de nueve mil asturianos carecen de cobertura sanitaria de la Seguridad Social

Más de nueve mil asturianos carecen de tarjeta sanitaria en el Principado o, lo que es lo mismo, no serán atendidos en la Seguridad Social sin que luego les pasen la factura. El Gobierno de España está preparando una norma para acabar con esta situación que contradice el derecho universal a la sanidad que se establece en la ley General de Sanidad.

Según datos de la memoria del Principado de Asturias de 2009, en la región disponen de cobertura sanitaria 1.075.948 personas; el resto, 9.341, hasta completar la población total de la región, son los que no cuentan con la tarjeta sanitaria. Quedan excluidos del sistema público aquellas personas desempleadas que no perciban subsidio pero que cobran otras rentas y los que no han cotizado a la Seguridad Social el mínimo de años exigidos y perciban algún ingreso. Son los que no cotizan pero se les considera solventes porque perciben rentas superiores al salario mínimo interprofesional o al doble del indicador público de rentas de efectos múltiples, (en torno a mil euros al mes), en el caso de que sean beneficiarios de la tarjeta de su cónyuge o familiar. También quedan fuera del sistema público los españoles que han vivido en el extranjero, en países que no tienen un convenio sanitario con España y que disponen de recursos económicos, y trabajadores liberales incluidos en colegios profesionales que no están integrados en los autónomos.

A pesar de que la ley General de Sanidad 14/1986 asegura que «son titulares del derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria todos los españoles y extranjeros que tengan establecida su residencia en territorio nacional», la realidad dice otra cosa. El Gobierno está preparando un norma, ya que dentro de estos «excluidos» se dan casos que, cuando menos, resultan injustos al ojo del usuario, puesto que la mayoría de los que no tienen acceso a la Seguridad Social acaban siendo pequeños rentistas desempleados.

Así, por ejemplo, un anciano que haya trabajado de autónomo y no haya cotizado el mínimo de 15 años pero que perciba 600 euros de alquiler de una propiedad, no tiene ni derecho a la jubilación ni a la tarjeta sanitaria. Si se encuentra mal, tendrá que acudir a la sanidad privada. Otro caso que puede ocurrir, y que ocurre, es un hijo que se queda huérfano de sus dos padres y que hasta la muerte de sus progenitores estaba adscrito a la tarjeta de sus padres. Si el huérfano percibe una propiedad que le renta 600 euros al mes ya no tendrá derecho a ser atendido de forma gratuita en la Seguridad Social. Para terminar con estas desigualdades, el Gobierno está preparando una norma en formato de ley que universalice la sanidad en España. La última situación que ha salido a la luz es la de un hombre de 40 años de La Laguna, Tenerife, que acudió a atención primaria para solicitar una consulta para su hijo. El hombre, que se había quedado en el paro después de que quebrase la empresa inmobiliaria para la que trabajaba como autónomo, consiguió la consulta para su hijo, pero fue advertido de que si se ponía malo y acudía a su médico habitual se la pasaría la factura por Hacienda. Se calcula que en España hay de 90.000 a 180.000 personas sin cobertura sanitaria, según datos del Ministerio de Sanidad.