Oviedo, J. A. ARDURA
El magistrado José Ramón Chaves ha conminado a la consejera de Administraciones Públicas, Ana Rosa Migoya, y al director general de Función Pública, Daniel Álvarez, a cumplir de inmediato una sentencia que anuló un concurso de 350 plazas para jefe de negociado en el Principado. El juez impone a Migoya y Álvarez un plazo de un mes para volver a convocar el concurso anulado y les advierte de que, en caso de incumplimiento, podrá imponerles una multa o incluso iniciar acciones penales contra ellos. Es la primera vez que, en los numerosos juicios abiertos recientemente por nombramientos de cargos en la Administración, un juez advierte a los responsables de la Consejería de posibles responsabilidades de carácter penal.
La Administración regional ha puesto en marcha una reforma de la ley de función pública en Asturias, que pretende aprobar por la vía de urgencia. El objetivo, según argumenta Migoya, es dotar «de mayor seguridad jurídica» a los nombramientos. La nueva normativa permitirá nombrar «a dedo», sin necesidad de concurso, a todos los cargos intermedios, entre los que se encuentran los letrados de los servicios jurídicos y los jefes de servicio, puestos claves en las decisiones que se tomen sobre los contratos públicos. No obstante, esta ley no estará lista previsiblemente hasta 2011, mucho después del plazo de un mes que el juez ha dado a la Consejería para convocar el nuevo concurso que sustituye al anulado.
Los hechos se remontan a hace ahora un año, cuando el Gobierno regional decidió impulsar el nombramiento de 350 jefes de negociados, un concurso que posteriormente fue anulado por el Juzgado de lo contencioso-administrativo número 5 de Oviedo. El juez tumbó ese proceso porque se daba la misma puntuación a un funcionario con un año de experiencia que a otro que llevase veinte años, una circunstancia que el juez Chaves llegó a calificar de «disparate». Pese a la contundencia de ese fallo judicial, el Gobierno regional decidió seguir adelante con el nombramiento y la toma de posesión de esas jefaturas con el argumento de que la sentencia no era firme y cabía recurso. Finalmente, la Consejería de Administraciones Públicas recurrió porque entendía que no había jurisprudencia ni unidad de criterio en los jueces sobre las fórmulas para valorar la experiencia de los funcionarios que optan a concursos de promoción interna.
La sentencia de Chaves fue ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, pero el Principado, lejos de ejecutarla de inmediato, convocó otro concurso de promoción interna que podía dejar sin su puesto base a alguno de los funcionarios que habían ascendido gracias al concurso anulado. Ante esa situación, el sindicato USIPA, que junto a CSIF habían promovido el pleito, solicitó la ejecución de sentencia y la anulación de este último concurso para los puestos base. Ante esa situación, la Consejería revocó el concurso para la provisión de puestos de trabajo no singularizados. El magistrado José Ramón Chaves, a la vista de la situación, dictó el pasado viernes un auto en el que ordenó al Principado ejecutar la sentencia firme que anuló los 350 puestos de jefe de negociado de forma «completa y exacta» y convocar de manera urgente un nuevo proceso para esos empleos.
