Las contrataciones de trabajadores, congeladas salvo en los geriátricos

El Principado no contratará a ningún trabajador a lo largo de 2011 salvo que sea «ineludible o indispensable», según se recoge en la memoria de personal que acompaña al Presupuesto del próximo año, que ayer fue presentado. La única entidad dependiente del Principado que verá crecer su plantilla serán los Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias (ERA), dependientes de la Consejería de Bienestar Social, en manos de IU, socio minoritario del PSOE en el Gobierno asturiano. Esto se traduce en que el Gobierno llevará al límite la política de personal que ya ha venido aplicando a lo largo de los últimos meses, y que pasa por no cubrir, siempre que sea posible, todo tipo de bajas, o amortizar puestos.

Al tiempo, Ana Rosa Migoya, portavoz del Gobierno y consejera de Administraciones Públicas, aseguró ayer que el Principado «cumplirá» la sentencia que anula el concurso para la provisión de 350 plazas de jefe de negociado, después de que el magistrado José Ramón Chaves advirtiera en un auto a la propia consejera y al director general de Función Pública, Daniel Álvarez, de que tomaría medidas penales contra ellos en caso de que la sentencia no fuera ejecutada en un mes. Lo que no quiso aclarar Migoya fue cuándo y de qué forma el Principado cumplirá la sentencia, una de las muchas que han puesto en duda el sistema seguido por el Gobierno para elegir a los altos funcionarios de la Administración. Otras fuentes del Ejecutivo asturiano dieron por hecho ayer a este periódico que la nueva ley de Función Pública entrará en vigor el próximo 1 de enero. De esta forma, la sentencia del juez Chaves podría cumplirse siguiendo la nueva normativa elaborada por el Principado para dar cobertura legal a la política de personal del Gobierno regional.

Las palabras Migoya fueron contestadas ayer desde varios frentes. Así, Beatriz Quirós, portavoz del sindicato SUATEA, aseguró que «es falso que el Principado cumpla las sentencias. Lo único que hace es publicarlas en el BOPA, pero no las ejecuta». Quirós tiene claro que la modificación de la ley de Función Pública no es más «que una huida hacia adelante de un Gobierno que impone sus criterios frente a las decisiones judiciales». Al tiempo, desde la asociación Conceyu por Otra Función Pública en Asturias se exigió ayer la dimisión de Migoya y de Daniel Álvarez por la situación que ha provocado «la dedocracia».

Paralelamente, en el Presupuesto del Principado del próximo ejercicio destaca cómo la crisis ha obligado al Gobierno presidido por el socialista Vicente Álvarez Areces a contener el gasto de personal, que en 2011 supondrá más de 1.569 millones de euros (casi el 36 por ciento del Presupuesto). De todas formas, y según los datos aportados por la Administración, el peso del gasto del personal se ha reducido en más de 92 millones de euros (5,5 por ciento) respecto al de este año. Casi toda esta reducción se corresponde al tijeretazo del 5 por ciento que sufrieron los sueldos de los empleados públicos. Este recorte se mantiene en 2011, así como la reducción de la pagas extraordinarias de junio y diciembre entre el 1 y el 38 por ciento y el recorte en los beneficios sociales en las nóminas de los más de 35.000 empleados públicos con los que cuenta el Principado y sus empresas públicas.

El único «derroche» que en principio se permitirá el Principado será la contratación de 36 plazas de personal laboral para cubrir las necesidades de los geriátricos dependientes del ERA, ente público bajo el manto de la Consejería de Bienestar Social (IU). El Principado insiste en que limitará las contrataciones «a situaciones excepcionales y en todo caso de justificada necesidad para el normal funcionamiento de los servicios».