Ningún asturiano ha recibido el aval público prometido para adquirir vivienda protegida

El Gobierno regional no ha avalado a ninguna de las 6.000 familias asturianas que prometió respaldar ante los bancos si necesitaban un crédito para comprar una vivienda de protección oficial. La llamada «hipoteca protegida», una medida activada en enero de 2009 para viviendas cuya construcción se iniciase en aquellas fechas, era una de las medidas estrella anunciadas por el Principado para reactivar la economía cuando la crisis debutaba con una severa sequía crediticia. El Gobierno regional argumenta que no fue necesario avalar a ningún asturiano porque los bancos ya concedieron sin problemas los créditos a todos los compradores de viviendas protegidas.

«Al final realmente no ha habido demanda por parte de las empresas sobre ese tipo de avales. Las empresas resolvieron con las entidades bancarias para financiar por su propia cuenta», explica el consejero de Economía, Jaime Rabanal.

El responsable de las finanzas de la Administración región indica que lo que el ejecutivo de Álvarez Areces pretendía «resolver» con los avales públicos a los compradores «era que pudiéramos garantizar que las viviendas de protección pública construidas por empresas privadas o las viviendas concertadas tuvieran garantía del préstamo hipotecario al posible adquirente». Según el punto de vista de Rabanal, esta iniciativa del Principado «de algún modo influyó en el comportamiento de las entidades financieras». Y añade: «En realidad, los hechos demuestran que ese problema se resolvió sin que el Principado tuviera que aportar garantías adicionales; los polígonos como el de Roces están ahí funcionando, algunos ya están ocupados. Lo que nosotros queríamos era facilitar que esas promociones tuvieran venta, que era de lo que se dudaba en aquel momento».

Con las «hipotecas protegidas» el Gobierno regional avalaba a los compradores de vivienda protegida y, en caso de que el comprador no pudiera asumir los pagos, el Principado se comprometía a compensar a la entidad financiera con una cantidad equivalente a 12 cuotas mensuales por cada uno de los créditos fallidos que se hubieran concedido al amparo de esta línea. El acuerdo suscrito con cinco entidades financieras (Cajastur, Banco Herrero, Santander y la Caixa) establecía que la tasa de fallidos no podría superar el 6 por ciento del total de los créditos concedidos.