Inquilinos de colores

Alquila bien y no mires a quién. El Consejo de Ministros aprobó el pasado día 7 de enero de 2011 el anteproyecto de ley integral para la igualdad de trato y la no discriminación, una normativa que quiere terminar con las discriminaciones arraigadas en la sociedad española y que pretende evitar, entre otras cuestiones, que los propietarios de pisos puedan decir que «no» a los posibles arrendatarios si estos son de otra raza, condición sexual, minusválidos u obesos, una negativa que se da más veces de las que se puede pensar y que ahora conllevará multas entre 150 euros y medio millón.

LA NUEVA ESPAÑA ha llevado esta cuestión a las inmobiliarias para que describan qué tipo de cliente busca el arrendador asturiano. En su mayoría, los agentes inmobiliarios lo tienen claro: «Ante una familia rumana y una asturiana con los mismos ingresos, el propietario siempre va a optar por firmar el contrato con la asturiana. Eso es así». Lo explica una trabajadora de una conocida agencia inmobiliaria de Gijón, con más de veinte años de trabajo en el sector. «Si son marroquíes o rumanos, la gente es muy reacia a alquilar. Sólo se admite a gente de fuera cuando son empresarios, pero tengo que decir que estuve varios años trabajando en Madrid y la cosa estaba aún peor», concreta esta empleada. Añade que entre los arrendadores los extranjeros «tienen fama de pagar mal y de meterse muchos en un piso que en principio se había alquilado para muchas menos personas».

Menos pesimista con la supuesta «discriminación» de los asturianos ante el alquiler a los inmigrantes se muestra Pilar Fernández, propietaria de Enclave Inmobiliaria, en Oviedo. «Aquí se alquila en función de la nómina y de los ingresos, y nunca hay problemas, por que la persona sea blanca o negra. Si las personas tienen una vida laboral estable, da igual que sean de la calle Uría que de Angola», concreta Fernández, que lleva también más de veinte años trabajando en el sector; pero Fernández hace un pequeño apunte: «Al final la última palabra la tiene el propietario del piso».

¿Cómo se puede demostrar ante un juez que el propietario de un piso ha dicho que no a una familia extranjera por su condición de inmigrante si antes optó por denegarles el contrato amarrándose a otra disculpa? Pues, fácil. Lo explica la presidenta de SOS Racismo, Ana Taboada, que lleva años luchando por la integración del colectivo de inmigrantes en el Principado. «No será el inmigrante el que tendrá que demostrar ante un juez que ha sufrido un trato discriminatorio, será el denunciado el que tendrá que demostrar que no lo hizo. La carga de la prueba recae sobre el denunciado». Este tipo de discriminaciones, que se camuflan bajo otras disculpas más políticamente correctas» es lo que se conoce como «discriminación indirecta» y es uno de los objetivos principales por los que ha salido adelante esta ley.

La norma, que es una transposición de una directiva del Consejo Europeo del año 2000, obliga a que se constituya un ente u organismo independiente que trabajará a nivel nacional y que se encargará de estudiar y tramitar todas aquellas denuncias que deriven a sus oficinas. «Es cierto que los asturianos no quieren gente extranjera, pero también es cierto que hay gente que no quiere niños ni animales, porque estropean el parqué», asegura una trabajadora de una inmobiliaria del centro de Asturias.

Ana Taboada, que sí que está encantada con la nueva ley contra la discriminación, asegura que a su asociación llegan cada año nuevas denuncias por discriminaciones de este tipo con el colectivo inmigrante. En 2010 la mayoría de las denuncias presentadas ante SOS Racismo fueron por «actuaciones desproporcionadas de la Policía, discriminación en el empleo, acoso vecinal y discriminación en el alquiler de vivienda», concreta Taboada.