Oviedo, Raquel L. MURIAS

Una delegación del Banco Europeo de Inversiones (BEI) se reunirá el próximo 14 de febrero en Oviedo con distintas asociaciones ecologistas, colectivos vecinales y sindicatos que rechazan la construcción de la incineradora de residuos de Serín, donde se quemarán las basuras de todos los asturianos a partir de 2015. Los opositores a la incineradora intentarán convencer a la entidad financiera europea de que no conceda al Consorcio de Gestión de Residuos de Asturias (Cogersa) el crédito que ya ha solicitado para financiar la construcción de esta planta a través de Cogersa, S. A.

El horno dará el relevo al vertedero central de Asturias, que quedará sellado de forma definitiva en 2015. Si los ecologistas ganan esta batalla conseguirían frenar, por la vía económica y por segunda vez, una gran obra en Asturias. Una denuncia de Los Verdes fue la que tumbó las posibilidades del Principado de conseguir una ampliación de los fondos de cohesión europeos para pagar el sobrecoste de El Musel, tras denunciar ante la Comisión Europea deficiencias en la licitación de la obra.

Los grupos que rechazan la incineradora argumentan que el Principado no está cumpliendo la normativa europea y se ven con fuerzas para conseguir que el BEI rechace financiar la obra. Diez colectivos ciudadanos y dos profesores de la Universidad de Oviedo estarán presentes en esa reunión y esgrimirán ante los representantes de la entidad financiera europea los motivos por los que, según ellos, no se debe de conceder el crédito a Cogersa.

Las estimaciones de Cogersa apuntan a que necesitará 208,5 millones de euros de financiación externa. «Nuestra prioridad (para solicitar el préstamo) es el Banco Europeo de Inversiones, que, como mucho, otorga crédito para financiar el 50% de la obra», concretó Santiago Fernández, gerente de Cogersa. El resto de la obra se pagará con créditos que se solicitarán a la banca privada y con fondos propios.

Los opositores a la construcción de la planta aseguran que este proyecto no está previsto dentro del plan básico de gestión de residuos del Principado de Asturias, aprobado en el Consejo se Gobierno regional en junio de 2001 y que, por lo tanto, «no tiene soporte legal». Además, afirman que en el supuesto de que el proyecto de incineradora fuera incluido en algún plan de futuro de gestión de residuos, «se debería justificar que se cumple debidamente con la jerarquía de residuos establecida en al Directiva 2008/98/ CE: prevención, reutilización, reciclado y valorización o quema de residuos, por este orden». Los opositores a que Asturias empiece a quemar sus basuras a partir de 2015 aseguran que lo ideal sería que el Principado elaborase un nuevo plan de gestión de residuos que se adapte a la directiva europea.

El BEI escuchará a los colectivos ecologistas, sindicatos y expertos que se oponen a la opción de la quema de residuos, y no es la primera vez que el Banco Europeo de Inversiones, tras analizar los argumentos de los detractores de un proyecto, reconsidera su postura. Es lo que pasó en Guipúzcoa, donde el horno previsto en Zubieta para quemar la basura de la provincia está a la espera de que el BEI aclare si financia la obra.

Una denuncia de la asociación ecologista Greenpeace, en la que se solicitaba la paralización del horno de residuos de Zubieta y que se abriese un período de consulta ciudadana para concretar la viabilidad medioambiental y económica del horno, sumado a la denuncia de los ecologistas de que el proyecto guipuzcoano no cumple con la política de gestión de residuos de la normativa europea, ha provocado que el BEI recele de la viabilidad de la planta.

Aseguran los opositores a la incineradora en Asturias que, además, Cogersa ha justificado la necesidad de la construcción del horno con datos que se han quedado obsoletos. Los conservacionistas indican que estos datos se refieren a «2004 y 2005, cuando el escenario era totalmente distinto al de ahora» y añaden que «nunca se ha efectuado un análisis serio de otras posibles alternativas. Ha sido la propia Cogersa la que ha estudiado y ha optado por la construcción del horno de basuras al margen de los procedimientos establecidos».

Los críticos intentarán que el BEI tenga en cuenta sus quejas y que no conceda apoyo económico a la planta. «Sabiendo el impacto ambiental y sobre la salud que va a representar, debería existir un estudio mucho más profundo», aseguran los opositores a la quema de basura, que creen que en Asturias, con niveles de reciclaje en torno al 10%, «no se ha hecho nada para intentar buscar otras alternativas: ni la planta de biometanización, ni la de compostaje, ni se implantó la recogida selectiva de materia orgánica en poblaciones de más de 10.000 habitantes», recalcan. Si los ecologistas se salen con la suya, Cogersa tendrá que buscar otras alternativas para financiarse.