De la cola del médico, a Villabona

Diez de la mañana del lunes. José Luis Iglesias Riopedre, ex consejero de Educación, espera su turno para realizar unas pruebas radiológicas en el ovetense centro de salud de la Lila, el que le toca por ser vecino de la zona. No es raro verlo por allí. Arrastra graves problemas de corazón y diabetes desde hace más de una década, que le obligan a inyectarse insulina y que lo llevaron al quirófano en varias ocasiones. La última fue hace más de dos años, para colocarse un marcapasos. Son los mismos problemas de salud que le obligaron, según la versión oficial, a presentar su dimisión como consejero el pasado 4 de agosto y jubilarse a finales de ese mismo mes como profesor de Secundaria. Riopedre, tranquilo, es uno más entre los jubilados y otros usuarios que, como él, esperan su turno.

Mientras un confiado Riopedre esperaba a ser llamado por los médicos, Ana López Pandiella, magistrada responsable del Juzgado número 4 de Gijón, había dado el visto bueno para que la brigada de delincuencia económica pusiese en marcha un operativo para su detención por delitos como la prevaricación, el tráfico de influencias o la malversación de caudales públicos. La luz verde del Juzgado gijonés también sirvió para la detención de María Jesús Otero, mano derecha de Riopedre en Educación, donde ejerció como directora general de Planificación, Centros e Infraestructuras. Otero anunció que dejaba el Principado el mismo día que Riopedre; en su caso, tras pedir la jubilación voluntaria.

Las detenciones de estos dos ex altos cargos del Gobierno de Vicente Álvarez Areces se produjeron entre el mediodía y las primera horas de la tarde de lunes. Prácticamente el mismo margen temporal en el que fue detenida Marta Renedo, la ex jefa de servicios de Procesos Administrativos del Principado destituida el pasado mes de febrero por adjudicar contratos a una empresa de su propiedad, tal como desveló LA NUEVA ESPAÑA. La operación se remató con la detención de dos de los responsables de dos empresas especializadas en todo tipo de material de oficina, Víctor Manuel Muñiz, copropietario de Comercial Asturiana de Papelería, S. A., cuyo nombre comercial es Igrafo, y Alfonso Carlos Sánchez, accionista mayoritario, administrador único y director general de Almacenes Pumarín, S. A. Ambos están acusados de cohecho y, como Riopedre, durmieron en los calabozos.

Además de detener a sus propietarios, agentes de la Policía Nacional de paisano procedieron al registro de las oficinas, donde se incautaron de numeroso material como ordenadores y facturas. En el caso de Igrafo, su cuartel general está en la calle Fuertes Acevedo de Oviedo, donde la empresa cuenta con dos grandes locales para la venta directa: uno destinado al mobiliario de oficina (mesas, sillas de despacho, muebles...) y otro para todo tipo de material de oficina y papelería. Además, tiene otra tienda en Gijón y un almacén y exposición en el polígono de Asipo.

En su sede de Oviedo sus empleados guardaban ayer un estricto silencio. «Ninguno de los jefes lo puede atender. No están», respondía a preguntas de este periódico una empleada de Igrafo. La misma historia que en la nave que Almacenes Pumarín tiene en el polígono de Roces (Gijón). A pesar de todo, los 159 trabajadores que suman ambas empresas -su facturación superó los 31 millones en 2009- viven angustiados por la incertidumbre, tras la detención de sus propietarios.

Los «vecinos» de una y otra empresas no vieron gran cosa. En el caso de Igrafo, y según algunos testigos, los policías llegaron a su sede en Oviedo en coches camuflados sobre las diez de la mañana, provistos de lápices de memoria para llevarse toda la información necesaria. Allí permanecieron hasta las dos de la tarde, para salir con el material incautado y con Víctor Manuel Muñiz detenido. El coche del copropietario de Igrafo, un Jaguar de grandes dimensiones, permanecía ayer aparcado en la plaza que tiene alquilada en un garaje cercano.

Igrafo está participada a partes iguales por Víctor Manuel Muñiz, director general de la firma; por su hermano José Roberto Muñiz Menéndez, director de «marketing» y administrador único, y por Manuel Gutiérrez Galiano. Este último aparece con el cargo de director financiero de la compañía, aunque varias fuentes aseguran que lleva meses jubilado. Fue fundada a finales de 1978, aunque comenzó su andadura años antes. Su objeto social es el comercio de toda clase de materiales de papelería, didácticos y escolares, así como de escritorio y de oficina. También vende productos informáticos y de reprografía. Igrafo cuenta con una plantilla que desde el año 2005 ha variado entre 31 y 27 empleados. Ahora la firma ovetense cuenta con 29 empleados. Su facturación en 2009 fue de 10,4 millones, frente a más de 12,8 millones en 2008 y 16,2 millones en 2007, con implantación en Asturias, León y Cantabria. Al igual que Almacenes Pumarín, Igrafo tiene en las administraciones buena parte de su cartera de clientes, tal como destaca en su página web, y es el suministrador de los colegios públicos del Principado.

Almacenes Pumarín (Apsa) fue fundada en 1987, y su único propietario es Alfonso Carlos Sánchez, su director general. La firma contaba en 2009 con 43 trabajadores, cuando facturó en ventas más de 21 millones de euros. En 2005 su facturación era de 13 millones. Para este año cuenta con 130 empleados. Además de vender material de oficina, Almacenes Pumarín también realiza los impresos utilizados por el aparato burocrático de la Administración, así como ordenadores y útiles para cocina y comedor. También tiene una rama dedicada a la construcción. Según datos del anuario asturiano de empresas, Almacenes Pumarín comenzó en 2005 una fase de expansión que la ha llevado a estar presente en Madrid, Valencia, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Andalucía.

Ni Muñiz ni Sánchez declararon ayer. El único que lo hizo fue Riopedre, alrededor de las dos de la tarde, en Gijón, para luego ser trasladado a la cárcel de Villabona. Por la mañana, su mujer, Teresa González, funcionaria, estaba en su puesto del edificio «inteligente» del Principado. Apesadumbrada, reconoció su estado y el de su familia: «¿Cómo estáis», le preguntaron. «Fastidiados», respondió. Horas después, su marido entraba en Villabona.