El diputado del PP, José Agustín Cuervas-Mons, se ha vuelta referir este jueves a la denominada operación Marea y ha pedido la "dimisión inmediata" de la consejera de Administraciones Públicas y portavoz del Gobierno, Ana Rosa Migoya, "ya no sólo por su incompetencia al no haber detectado lo que ocurría en sus consejerías, sino por su soberbia, su desfachatez y su chulería sin límites".
"Si a Migoya le queda algo de dignidad debe dimitir de manera inmediata. Los nervios la están traicionando y ahora con una desfachatez sin límites trata de relacionar el caso de corrupción con el PP", ha dicho Cuervas-Mons en rueda de prensa junto al también diputado, Ramón Cañal.
Los 'populares' se referían de ese modo a las declaraciones que hizo el miércoles Ana Rosa Migoya, recordando que la ex alta funcionaria detenida en el marco de la operación, Marta Renedo, era amiga del diputado 'popular', Joaquín Aréstegui.
La llamada operación Marea se ha detenido al ex consejero de Educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre, a la ex funcionaria, Marta Renedo, a la ex directora de Planificación, Centros e Infraestructuras del Gobierno del Principado, María Jesús Otero, todos ellos en prisión y a los empresarios Víctor Manuel Muñiz Menéndez, de la empresa Igrafo, y Alfonso Carlos Sánchez Sánchez, de Almacenes Pumarín, en libertad bajo fianza de 300.000 euros.
Los diputados del PP han destacado que "estamos ante la trama de corrupción más grave de Asturias", por lo que además de la dimisión de Migoya han exigido explicaciones inmediatas e informes de todo lo que ha ocurrido, ya que han indicado que no vale ampararse en el secreto de sumario para no dar explicaciones y no asumir responsabilidades políticas.
"No es de recibo la absoluta pasividad del Gobierno y de su presidente, Vicente Álvarez Areces, que están actuando como meros espectadores de lo que sucede", ha dicho Cuervas-Mons, que ha añadido que es incomprensible que no exista ya una investigación interna al respecto.
NUEVOS EXPEDIENTES.
Por su parte, Ramón García Cañal, ha puesto sobre la mesa nuevos documentos que a su juicio demuestran las irregularidades en las contrataciones de la consejería de Educación y Ciencia, en las que están implicadas las dos empresas investigadas, así como el ex consejero de Educación y Ciencia y la ex directora de Planificación, Centros e Infraestructuras del Gobierno del Principado, ambos en prisión provisional.
Así, Cañal ha presentado facturas por valor de 2,2 millones de euros referidas a la compra de mobiliario para cinco centros educativos a las empresas implicadas en la operación, Igrafo y Almacenes Pumarín, que carecían de la previa tramitación de un expediente de contratación y en alguna de las cuales la Intervención detectó que el pago se realiza a través de varias facturas, no pudiendo la Administración beneficiarse de los descuentos vigentes en el actual concurso de bienes homologados.
"La intervención si detectaba las irregularidades, sin embargo el consejo de Gobierno las obviaba esos mecanismos de control", ha dicho Cañal, que ha insistido en que las responsabilidades penales de todo lo ocurrido las deberán determinar los jueces, pero las políticas "están muy claras".
