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La auditoría de las cuentas de la Administración regional

La deuda «oculta» de la sanidad asturiana suma 167 millones, según la Sindicatura

El organismo fiscalizador alerta de que el gasto no contabilizado se va desplazando de año en año y reclama a Economía que lo regularice

 11:09  
La entrada al centro de salud de El Quirinal.
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OVIEDO, JOSÉ A. ORDÓÑEZ
Las arcas de la sanidad asturiana se encuentran considerablemente menos saneadas de lo que figura en los balances oficiales del Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa). Este organismo acumula desde hace años una deuda no reconocida en sus obligaciones presupuestarias que en 2009 alcanzaba los 166,9 millones, según un informe de la Sindicatura de Cuentas en el que se alerta de que la cifra se fue «incrementando notablemente en los últimos años». La presencia de este gasto no contabilizado que se va desplazando año tras año -tal y como pone de manifiesto el ente fiscalizador en su análisis de la cuenta general del Principado de 2009- desvirtúa el estado general de las cuentas sanitarias en el Principado, según reseña la Sindicatura.

Además, de todo el monto global extrapresupuestario, el Sespa únicamente incluyó en la contabilidad financiera de 2007 un total de 80,8 millones de euros. Según el organismo que dirige Avelino Viejo, tal circunstancia provoca una sobrevaloración de al menos 83 millones tanto en la cuenta de resultado económico como en el remanente de tesorería. Ante esta situación, la Sindicatura recomienda a la Consejería de Economía que «tenga en cuenta» esta deuda. Y lo hace, entre otras razones, para evitar tanto «los elevados gastos financieros derivados de los intereses de demora» como para que no se desvirtúe la información contable recogida en los estados financieros. Además, el ente fiscalizador también emplaza a la Administración autonómica a que «siga incidiendo en la mejora continua de la gestión sanitaria» para evitar tales desviaciones.

Al igual que en otros informes, en el de fiscalización del ejercicio de 2009, la Sindicatura insiste en pedir al Gobierno autonómico que tome «todas las medidas necesarias para salvaguardar los principios esenciales de igualdad de trato a los licitadores» en materia de contratación. Y, en ese sentido, recomienda, como ya venía haciendo también desde 2005, que el Principado ponga en marcha un servicio de tratamiento informático de la documentación del registro de contratos. A juicio del organismo fiscalizador, tal medida contribuiría a facilitar los controles tanto de la propia Sindicatura como los internos de la Administración.

La Sindicatura constata que la recaudación por impuestos indirectos cayó en 2009 respecto al ejercicio precedente, principalmente el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y el IVA. En conjunto, la bajada fue de 131,3 millones de euros. El informe de fiscalización pone de manifiesto que el endeudamiento bancario se incrementó un 34 por ciento con respecto al año anterior, cifra a la que hay que sumar otros 13,6 millones que corresponden a un préstamo de Dexia Sabadell, S. A. Además, la Sindicatura de Cuentas reconoce que la liquidación de la financiación autonómica respecto al ejercicio de 2008 tuvo un saldo negativo, por lo que el Principado tendrá que devolver a las arcas del Estado 171 millones de euros durante los cinco años siguientes.

Otro de los aspectos que llaman la atención del informe es que detecta un «empeoramiento» del resultado presupuestario anual. En concreto, en 2007 ofreció un saldo negativo de 228,984 millones de euros, una cantidad superior en un 188 por ciento a la de 2006, cuando ya se había producido una caída del 389 por ciento respecto al año anterior. La Sindicatura de Cuentas advierte de que tal situación ha conllevado un «recurso creciente al endeudamiento» para poder financiar gastos presupuestados. De igual modo, subraya que los importes pueden verse modificados al alza por las obligaciones previas imputadas a años posteriores, cuya suma concreta no puede cuantificar.

Las cifras del remanente que quedó en la tesorería autonómica al final de 2009 tampoco son para tirar cohetes. Según la Sindicatura, arrojó un resultado negativo de, al menos, 195,9 millones de euros, dándose la circunstancia de que el fondo de maniobra estimado por la Sindicatura es negativo en, por lo menos, 141,2 millones de euros.

El ente fiscalizador advierte de que, en materia de salario social básico, las prestaciones otorgadas en 2007 carecían de la adecuada cobertura legal. Y es que, según la Sindicatura, el Consejo de Gobierno no había aprobado el reglamento general de aplicación de estas prestaciones, que, de acuerdo con la ley, debería de haber estado listo en un plazo de seis meses que concluyó en el mes de mayo de 2006.

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