Buenos Aires / Oviedo,

Agencias / L. Á. VEGA

Quemó la casa de su socio, que al parecer le debía dinero, y no sólo le causó la muerte a él, sino a la esposa de éste, a dos hijos del matrimonio de 14 y 9 años y a un amigo de los pequeños, de 11, que se abrasaron en el interior de la vivienda. Otro hijo de la pareja pudo sobrevivir saltando por una ventana. Ocurrió el 17 de febrero de 1994, en un chalé del barrio bonaerense de Flores, en Argentina. El autor de aquel brutal crimen, conocido como «la masacre de Flores», el asturiano Fructuoso Álvarez González, fue condenado a cadena perpetua en noviembre de 1995, pena que fue confirmada un año después. En 2004 fue extraditado a España, pero en 2008 el asturiano salió de prisión al considerar la justicia que había purgado el crimen, aplicando los beneficios habituales por trabajos en el interior de prisión.

El problema es que Álvarez González había falseado la información facilitada a los jueces españoles, según fuentes cercanas al caso. Y es que en la documentación presentada se indicaba que estaba encarcerlado desde 1992, tres años antes de su ingreso real en prisión. Los tribunales españoles, al tener conocimiento de ello, emitieron un exhorto para su captura. Desde el pasado mes de julio, el astur-argentino estaba en busca y captura, y anteayer sábado la Policía de Seguridad Aeroportuaria le detuvo por fin en una quinta del barrio de Tortuguitas, en el extrarradio de Buenos Aires. Hoy lunes, el juez de ejecución de sentencia decidirá si Álvarez es extraditado de nuevo a España o si cumple lo que le queda de condena en Argentina.

Según los medios argentinos, a finales de 2008, cuando el asturiano fue puesto en libertad en España, Fructuoso Álvarez regresó a Argentina, se cree que con documentación falsa. En estos tres años, se le conocen un total de 47 domicilios. Además, cada tres meses viajaba a Uruguay y volvía a entrar en Argentina para obtener un nuevo visado de turista.

El caso volvió a saltar a las primeras páginas de los periódicos a principios de este año, cuando el hijo que había logrado sobrevivir al incendio, Matías Bagnato, que se hizo conocido por participar en la versión argentina de «Gran Hermano», denunció que el asesino de su familia estaba amenazándole de muerte. Según relató a la prensa argentina, eran llamadas breves, en las que le decía: «Estás muerto». Según dijo, esta situación se producía desde dos años antes.

Fructuoso Álvarez González nació en Asturias en 1960, pero un año después se trasladó a Argentina con su familia, según fuentes cercanas al caso. En la época del crimen regentaba un concesionario de vehículos y tenía con José Bagnato una fábrica de calzado. Aparte de los negocios, los dos tenían un vínculo familiar, puesto que Álvarez estaba casado con una prima de Olga Plaza, esposa de Bagnato.

Según los medios argentinos, el motivo del crimen fue una deuda de 200.000 pesos (unos 35.000 euros) que Álvarez le reclamaba a Bagnato. El asturiano decidió tomarse la justicia por su mano. Un vecino de Flores, un barrio porteño de clase media, le vio acarreando un bidón de nafta con el que luego rociaría la vivienda para incendiarla. En la sentencia, se resaltaba que tenía una personalidad psicopática.

La letrada de Matías Bagnato, Rogelia Pozzi, sostiene que el asturiano orquestó de alguna forma su extradición a España. Ya no le quedan familiares a este lado del Atlántico, con lo que difícilmente podía reclamar su traslado a una cárcel española. Su hermana, sin embargo, se prestó a vivir durante una temporada en España para fingir un arraigo familiar que no existía, siempre según la letrada. Posteriormente, se produciría el error judicial de su excarcelación, inducido por la falsa información facilitada a las autoridades españolas por el asesino.

«Esperamos que cumpla aquí en Argentina lo que le queda de condena», indicó la abogada Rogelia Pozzi. La letrada relató el miedo en el que había vivido su cliente, que tenía 16 años cuando se cometió el crimen, desde que comenzó a recibir las llamadas del asturiano. «Matías vivía atemorizado, encerrado en casa como en una cárcel, sin poder trabajar», aseguró la abogada. Según la letrada, el asturiano tendría que haber cumplido en España 25 años, la pena mínima para los condenados a cadena perpetua.