Oviedo,
Félix VALLINA
Los transportistas asturianos de mercancías por carretera se están planteando dar un puñetazo en la mesa para tratar de combatir una realidad que está haciendo mucho daño en el sector: la morosidad de sus clientes. Las asociaciones de empresarios y autónomos que agrupan a los profesionales de la región aseguran que las deudas les están ahogando -los impagos han subido hasta un 60 por ciento con respecto a 2010- y que no pueden permitirse continuar prestando servicios a aquellas empresas que no garanticen los pagos ni a las que los aplazan en exceso. «Es la única forma que tenemos de presionar para que cumplan la ley contra la Morosidad -que establece un pago a máximo de 60 días desde la entrega de la mercancía- porque de lo contrario nos van a echar a todos a la ruina», aseguró ayer el presidente de la Central Empresarial de Servicios Internacionales y Nacionales del Transporte (Cesintra), Enrique Riaño.
Cesintra tiene claro que hay que echar el freno y su presidente así lo planteó durante la asamblea extraordinaria de ayer delante de más de cien transportistas. Enrique Riaño llegó a la cita con una lista de «más de 25 grandes y medianas empresas asturianas que no están cumpliendo con los pagos» y la puso sobre la mesa «para que cada uno tome su propia decisión». El presidente de Cesintra asegura que algunas firmas que operan en la región «están extendiendo pagarés a un año» y que otras, «de reconocido prestigio», se escudan en la crisis «para poner a los transportistas contra la espada y la pared y pedirles rebajas o más plazo a cambio de garantizarles el pago». Riaño fue más allá: «Cada uno tomará su decisión. Lo que está claro es que la asociación los defenderá para que cobren sus deudas».
En la misma línea se expresó el presidente de la Asociación de Empresarios del Transporte y Aparcamientos de Asturias (Asetra), Ovidio de la Roza. «Estamos plenamente de acuerdo, nosotros ya veníamos denunciando desde hace tiempo el problema que supone la morosidad de las empresas y en los últimos meses se ha acrecentado. Aquellas empresas que sean sospechosas de impagos o que aparezcan en una lista con antecedentes tienen que recibir el servicio previo pago o a la hora de recibir la mercancía». De la Roza apela a la ley de Contrato de Transporte de mercancías y solicita «medidas para garantizar los pagos en 30 días» para zanjar un problema «que no sólo se está dando en empresas del sector de la construcción» y que «se está extendiendo a otros muchos».
Por su parte, el presidente de la Unión Independiente de Transportistas Autónomos (UITA), José Fernández, asegura que su asociación también lleva muchos años planteando la posibilidad de tomar medidas para acabar con la morosidad y está convencido de que «no se puede trabajar para quien no pague ni para quien no cumpla la ley». José Fernández afirma que es necesario establecer un reglamento sancionador para aquellas firmas que no cumplan, «como hay en Francia», y sostiene que «no se puede estar hasta ocho meses para cobrar». El presidente de UITA, al igual que el resto de los consultados, denuncia otra situación que está «acabando con el sector»: el pago del IVA antes del cobro. «Estamos abonando el IVA por adelantado y cada vez cierran más empresas que no nos pagan y nos devuelven más pagarés», aseguró. Eso sí, para dejar de prestar servicios a las empresas hay que llegar a un acuerdo firme. «A ver quién se pone de acuerdo para eso, si no lo hacemos nosotros lo va a hacer uno de León», explicó José Fernández, que aprovechó para criticar a Asetra y a Cesintra: «Se acuerdan ahora cuando antes nos criticaron a nosotros por denunciar la situación. Están para callar porque muchas de sus empresas están en concurso y no van a pagar sus deudas», espetó.
Durante la asamblea de ayer, los responsables del Cesintra también reclamaron al Gobierno asturiano el compromiso de suprimir el denominado «céntimo sanitario» implantado por el anterior Ejecutivo. Dicho tributo, cuya eliminación figuraba en el programa electoral con el que Foro Asturias ganó las elecciones autonómicas, se aplica en Asturias desde 2004 e incrementa en 2,4 céntimos de euro por litro el precio de las gasolinas y en 2 céntimos el del gasóleo con el objetivo de financiar la sanidad pública. En la asamblea también se planteó reclamar al nuevo Gobierno que presidirá Rajoy el cumplimiento de los acuerdos que se habían adoptado en el Comité Nacional y que, según el Cesintra, habían quedado pendientes.
