Oviedo,

L. S. NAVEROS /

José A. ORDÓÑEZ

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Oviedo (PP) reclamó ayer una «investigación» que sirva para «explicar y aclarar» la «alarmante» compra de la denominada «parcela 51» del área residencial de Prado de la Vega por parte de la Sociedad Mixta de Gestión del Suelo (Sogepsa), de cuyo consejo de administración forma parte el Consistorio. El concejal ovetense de Urbanismo, José Ramón Pardo, reconoció que los términos de la adquisición de la finca, por la que, tal y como desveló LA NUEVA ESPAÑA el pasado sábado, Sogepsa pagó una cifra que duplicó ampliamente lo que luego tasó para las expropiaciones de terrenos cercanos, han causado una «gran preocupación» en el gobierno municipal.

«Son noticias alarmantes y, sin entrar a prejuzgar de antemano si se produjeron actuaciones irregulares, la operación tiene que aclararse y, en su caso, depurar responsabilidades», subrayó Pando, en la primera valoración política sobre la operación. El concejal explicó que el Ayuntamiento de Oviedo forma parte del consejo de administración de Sogepsa, pero que «no ha participado ni participa en las particularidades de gestión, como, por ejemplo, las expropiaciones». Sogepsa es una sociedad mayoritariamente pública que se encarga de la adquisición y de la gestión del suelo para su uso industrial o residencial. El Principado dispone del 45% de la sociedad, mientras que treinta y dos ayuntamientos asturianos tienen un 13% y varias constructoras de la región detentan el 42%.

La sociedad mixta compró en diciembre de 2005 la «parcela 51» de Prado de la Vega, en el entorno del nuevo Hospital Central, a un precio que duplicó el que percibieron a partir del año siguiente los propietarios de suelo expropiados para desarrollar una zona residencial en la que estaba previsto levantar casi 3.500 viviendas. En concreto, la Sociedad Mixta pagó por la finca a la empresa inmobiliaria Essua, S. L., 9 millones de euros, cuando, de acuerdo con las tasaciones oficiales, una extensión de terreno similar le hubiera salido por un máximo de 3,8 millones.

Essua, S. L., había adquirido la finca a sus antiguos propietarios en mayo de 2003, cuando la zona había sido declarada reserva regional de suelo en febrero de 2002. Se desconoce cuánto pago la inmobiliaria para hacerse con la «parcela 51», pero cuando la vendió en 2005 al Principado pesaba sobre ella una hipoteca de 1,3 millones.

La documentación a la que ha tenido acceso este periódico demuestra que Sogepsa pagó por la «parcela 51» un precio de 120 euros por metro cuadrado. A partir de 2006, la Comisión de Urbanismo (CUOTA) valoró los terrenos a expropiar en la misma zona en 49,22 euros el metro cuadrado, aunque la Sociedad Mixta había ofrecido para la venta de mutuo acuerdo hasta 60 euros el metro cuadrado. La gran diferencia entre el precio abonado a Essua y el que rigió para las expropiaciones hizo que varios propietarios, conocedores a posteriori de la operación con la inmobiliaria, recurrieran al Tribunal Superior de Justicia (TSJA), que ya ha emitido varias sentencias a su favor, llegando a triplicar el precio de algunas expropiaciones. Entienden los jueces que Sogepsa no puede defender para otras fincas de Prado de la Vega un precio inferior al abonado voluntariamente a algún propietario del mismo ámbito de actuación, en este caso a Essua, S. L.

Sogepsa ha recurrido ante el Tribunal Supremo las sentencias de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA. Pero si todos los pleitos en marcha favorecieran a los expropiados disconformes, la Sociedad Mixta afrontaría un sobrecoste entre los 8 y los 10,4 millones de euros por la actuación en el área residencial de Prado de la Vega. Y es que estaría en discusión el precio pagado por la expropiación de 123.000 metros cuadrados sobre un total de 584.324 euros.

LA NUEVA ESPAÑA trató de recabar ayer de nuevo, sin éxito, las opiniones de Sogepsa y de Essua, S. L., sobre la «parcela 51».