Documento: Propuesta de UPyD al PSOE para un acuerdo de legislatura

1.- BASES DEL ACUERDO.-

1.1.- Las circunstancias en las que se inicia la IX Legislatura autonómica reducen a tres años el periodo previsto para la acción de Gobierno.

Por otro lado los resultados electorales han reflejado una distribución del arco parlamentario que obliga al establecimiento de acuerdos lo más amplios posibles en torno a las prioridades de acción del futuro Gobierno. Asturias necesita con urgencia superar la situación de bloqueo político e institucional en la que se haya inmersa y que está afectando de forma grave no sólo al normal funcionamiento de la administración autonómica, sino al tejido económico y productivo de la región.

Lograr una mayoría parlamentaria que permita no sólo la investidura del Presidente del Principado, sino también la formación de un Gobierno Regional que normalice el funcionamiento de la administración y sea capaz de gobernar con solvencia y decisión en un escenario crítico para las cuentas públicas, se ha convertido en una urgencia.

1.2.- Por ello, ante la necesidad de acometer reformas profundas para superar el escenario de crisis en el que Asturias se encuentra y al mismo tiempo atajar el sentimiento de desafección hacia la política expresado reiteradamente por los ciudadanos, valorando la importancia de devolver la confianza al cuerpo social, a los agentes económicos y al conjunto del país, los partidos firmantes del presente acuerdo, conscientes de la especial responsabilidad que como representantes públicos han asumido frente a la sociedad asturiana han alcanzado el presente ACUERDO DE LEGISLATURA en el marco de las previsiones del Estatuto de Autonomía, de la Ley del Presidente y del Reglamento de la Junta General del Principado de Asturias. Garantizando así, tanto el voto al candidato presentado por el Grupo Parlamentario Socialista, Javier Fernández Fernández, en la primera votación de la sesión de investidura; como el posterior apoyo parlamentario que permita sostener las principales líneas de la acción del Gobierno, siempre que estas resulten coherentes con el contenido de este Acuerdo y no entren en contradicción con el núcleo esencial de las propuestas programáticas de cada fuerza política firmante.

Y todo ello en el estricto marco político del Principado de Asturias y respetando la independencia y libertad de criterio de ambas fuerzas, que desarrollarán sus funciones en el ámbito de la Junta General del Principado con plena autonomía, si bien establecerán un especial canal de comunicación y coordinación que les permita compatibilizar la consecución de los objetivos fijados en este Acuerdo con los objetivos programáticos particulares de cada una de ellas.

1.3.- A tal fin se constituirá una Comisión Conjunta que evaluará periódicamente el desarrollo del presente Acuerdo. Comisión formada por igual número de miembros de cada parte, que se reunirá trimestralmente o a solicitud de uno de los partidos firmantes. Las discrepancias que pudieran surgir serán resueltas por los Presidentes de ambos Grupos Parlamentarios.

1.4.- El presente Acuerdo, que no aspira a ser un programa completo de gobierno sino de prioridades compartidas para ser desarrolladas en el marco de esta IX Legislatura, gira en torno a cuatro bloques bien definidos (Modelo Territorial, Regeneración Democrática, Recuperación Económica y Defensa de los Servicios Públicos) y se acuerdan en función del complejo escenario económico-social y de las posibilidades reales de actuación de la Administración Pública autonómica en el marco de la Legislatura.

Los principios sobre los que se asienta este Acuerdo se enmarcan en el realismo y el pragmatismo impuestos por la fuerte crisis que vive nuestra región, y parten del convencimiento de que la misión básica de la administración autonómica debe centrarse en preservar los servicios públicos esenciales ante la creciente carencia de recursos que se deriva de la dura recesión económica. Para lo cual deberán acometerse reformas tanto en el modelo territorial, que estructura a nuestras administraciones, como en la racionalización en la gestión pública, promoviendo tanto la eficacia como la eficiencia en el manejo de los recursos disponibles, con el objetivo de facilitar al máximo la actividad económica, especialmente la desarrollada por los emprendedores y las PYMES, como vía de apoyo para cimentar la recuperación de nuestra economía.

Por otra parte la creciente desafección de la ciudadanía hacia la política, cuestión que ha tenido su plasmación práctica en los altísimos índices de abstención que hemos padecido en estas últimas elecciones, exige igualmente importantes cambios y reformas. Suturar las grietas que se abren en nuestro sistema democrático sólo será posible si conseguimos recuperar la confianza de los ciudadanos en las Instituciones, para ambos partidos será este un objetivo ineludible. Para ello resulta vital dignificar la tarea política, devolviéndole su sentido de compromiso ético y recuperando para los ciudadanos el control sobre la actuación de las Instituciones Públicas, que en muchos casos se han vuelto un terreno opaco y ajeno al necesario control democrático.

Estas reformas se concretan en las propuestas que efectuamos en el bloque denominado Regeneración Democrática, necesarias para superar la crisis institucional que lastra también nuestras posibilidades de recuperación económica.

2.-MODELO TERRITORIAL

2.1.- Teniendo en cuenta las características del modelo de Estado Español, acordado en la Constitución Española de 1978, la cooperación entre administraciones constituye una clave fundamental para la eficacia de la acción pública.

Aceptando que cualquier propuesta de cambio en la actual estructura territorial del Estado requiere de un acuerdo en el ámbito nacional, mediante Pacto de Estado de los partidos políticos y, razonablemente, de consenso de las fuerzas políticas, especialmente de las mayoritarias, como base de la estabilidad institucional y la seguridad democrática; y toda vez que en nuestro país se ha abierto un debate en torno a la existencia de posibles redundancias, duplicidades e ineficiencias en el Estado Autonómico y la simplificación de la estructura administrativa -supresión de Diputaciones y reducción Ayuntamientos.

2.2.- Desde el Principado de Asturias, se pondrá en marcha un estudio sobre posibles disfunciones de las Administraciones Públicas Asturianas, orientado a identificar las medidas necesarias para mejorar la eficacia del Estado Autonómico en nuestra región y que necesariamente debe contener dos aspectos básicos:

1.- Cooperación con la AGE, con objeto de mejorar la eficacia en el funcionamiento del Estado Autonómico, evitando duplicidades, excesos y redundancias entre administraciones de distinto nivel. Evidentemente, estas medidas deberían ser impulsadas desde la AGE, aunque es imprescindible la cooperación desde las CCAA.

2.- Identificación, prevención y eliminación de posibles duplicidades en el marco autonómico (organismos públicos, entes autónomos, sociedades de promoción, etc.)

2.3.- En el ámbito de los correspondientes Consejos Interterritoriales se defenderán los necesarios procesos de coordinación de las políticas sectoriales entre todas las CCAA como vía para reforzar la estructura del Estado, garantizar la igualdad y hacer posible una mayor eficacia y eficiencia en la prestación de los servicios públicos.

2.4.- Resulta necesario rediseñar un mapa local que pueda satisfacer las necesidades esenciales de los vecinos y sirva para mantener su calidad de vida en el entorno cercano. Esto sólo se consigue a través de Administraciones Locales fuertes que cuenten con recursos económicos suficientes y una estructura capaz de prestar los servicios públicos que los ciudadanos demandan. Para ello

- Aprobación de una Ley autonómica de reordenación del mapa local asturiano.

- Esa iniciativa debe ir precedida de un estudio geográfico y económico que, al menos: describa la situación actual de los Concejos asturianos (población, servicios, financiación…); relacione las Mancomunidades existentes, apunte los recursos económicos necesarios y describa las sinergias y economías de escala posibles entre Concejos limítrofes.

Esa Ley específica de reforma del mapa local asturiano, debería contener las siguientes previsiones:

1º.- Recursos mínimos con que deben contar los Concejos:

2º.- Posible redistribución de las competencias locales, respetando como es lógico las previsiones establecidas en la Ley Básica de Régimen Local.

3º.- Atender a las medidas para fomentar los acuerdos voluntarios entre los Concejos que impulsen su fusión.

4º.- Fijar un plazo máximo para alcanzar la fusión voluntaria, en aquellos casos en que se considere necesaria.

5º.- Transcurrido ese plazo, los procesos de fusión que en su caso deban iniciarse por parte la Administración Autonómica en aplicación de la Ley, deberán ir acompañados de una Memoria que justifique el nuevo mapa local, la apertura de un plazo de audiencia a los Concejos afectados, y el respaldo de una mayoría cualificada en la Junta General que garantice la estabilidad de la nueva estructura adoptada.

2.5.-Consolidación del papel del Área Metropolitana como motor de Asturias. Estableciendo los mecanismos de cooperación entre las diferentes administraciones en materia de prestación de servicios y dotación de equipamientos e infraestructuras, que sienten las bases de una planificación estratégica común para el desarrollo económico y social del área.

-Adaptación de la Ley de Ordenación y Coordinación Territorial con inclusión de directrices para la Ordenación y criterios específicos de definición funcional del Área Central, la nueva relación rural-urbana, la gestión integrada del litoral y potenciación del papel de las Villas.

-Ley y Plan de Movilidad Sostenible. Potenciación y extensión a la zona rural del Consorcio de Transportes, incluyendo coordinación con FEVE y RENFE, la coordinación en la gestión de los Puertos de El Musel y Avilés y su adecuada conexión con la ZALIA.

-Diseño del Plan Suma que incluya la Red Estatal y Autonómica de Carreteras. Potenciar la conservación y la seguridad en las infraestructuras de comunicación.

2.6.-Elaboración de un Plan de Integral de Tratamiento de Residuos, que fije nuevos objetivos de reciclaje y recuperación, basado en la jerarquía en la gestión de residuos expresada en la Directiva Marco europea, y que de solución a la fracción resto.

3.- REGENERACIÓN DEMOCRÁTICA.

3.1.- La evidente necesidad de combatir la preocupación expresada por los españoles hacia la política y los políticos, combatir el descrédito que sufre la vida pública y recuperar el compromiso ético y la responsabilidad política como exigencias inexcusables de todo cargo público, obligan a adoptar decisiones tendentes a reforzar desde las instituciones autonómicas la calidad de la democracia: su legitimidad y eficacia.

Potenciar la transparencia de la acción pública, favorecer la implicación y participación ciudadana e impulsar una administración eficaz e innovadora son desafíos para la presente legislatura. De forma que la administración autonómica se convierta en un potente instrumento para la dinamización de la economía y persiga la gestión más eficiente de los servicios públicos; dando respuesta a las necesidades de la sociedad actual, de los ciudadanos y las empresas.

3.2.- El papel de la Función Pública: modernización e innovación. La función pública ha de convertirse en la garantía por excelencia de la defensa del interés general. Su adecuada selección, su independencia, capacitación, reconocimiento y profesionalidad deben de ser sus elementos característicos

1.-Ley de Función Pública, en desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público. En la que se recoja:

- La reducción al mínimo imprescindible del personal de libre designación.

- Implantación de la elección de gestores y personal directivo mediante criterios profesionales y competitivos que garanticen los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso y cuya labor sea evaluable según criterios objetivos.

- La transparencia en el nombramiento, cese y retribuciones del personal de confianza de los cargos políticos.

- Implantación de criterios de selección y promoción profesional objetivos, que no incluyan pruebas subjetivas al margen de criterios profesionales destinadas a favorecer de forma decisiva a determinados candidatos.

2.-Plan de Modernización de la Administración Autonómica, que incluya, al menos, aquellos aspectos que requieren una mayor necesidad de mejoras, como:

a. Adecuación de los perfiles y categorías profesionales a las necesidades reales de la acción pública y de los requerimientos de la sociedad actual.

b. Diseño de las estructuras, en el nivel de mandos intermedios y directivos con capacidad de análisis, gestión y evaluación estratégica de la acción pública.

c. Profesionalización de la gestión, especialmente en los sistemas de servicios públicos.

d. Papel de la Administraciones Públicas en la dinamización de la economía.

e. Evitar duplicidades inter e intranivel.

3.-Reducción de cargas administrativas a ciudadanos y empresas en un 30%, facilitando la relación con la administración haciéndola más cómoda y segura.

4.-Ley Autonómica de Acceso a la Administración Electrónica, potenciando decididamente el desarrollo de la Administración electrónica.

5.-Limitación del personal eventual de gabinete y de confianza designado por los cargos políticos.

3.3. Fomento de la transparencia y el Buen Gobierno. Lucha contra la corrupción. Las instituciones deben poner a los ciudadanos en el centro de su actividad para mejorar su calidad democrática. El derecho de acceso a la información es un derecho fundamental reconocido por la legislación internacional y la Constitución Española, que fija sus únicos límites. El Convenio Europeo sobre Acceso a los Documentos Públicos, establece que el ejercicio del derecho de acceso a los documentos públicos fomenta la integridad, la eficacia, la eficiencia y la responsabilidad de las autoridades públicas, contribuyendo así a reforzar su legitimidad. En ese marco apoyaremos:

1. La aprobación de una Ley Autonómica de Transparencia y Acceso a la Información Pública que establezca como principio general el que toda la información registrada de cualquier forma, elaborada o recibida y en posesión de las autoridades, es pública, pudiendo únicamente limitarse el acceso a los mismos para proteger otros derechos e intereses legítimos legalmente tasados que puedan claramente prevalecer sobre el derecho fundamental a la información

2. Creación de la Oficina de Conflicto de Intereses y Registro Público de Intereses. Publicación de bienes e intereses de Diputados y miembros del Gobierno, y su entorno.

3. Sistema de Integridad Pública.

4. Ley del Buen Gobierno y la Buena Administración. Códigos de Buen Gobierno en todos los órganos estatutarios.

5. Reforzamiento de los instrumentos de control de las Administraciones Públicas, tanto interno (Intervención General, Inspección de Servicios) como externo (Sindicatura de Cuentas, Tribunal de Cuentas) reforzando su independencia frente al poder político.

6. Un efecto capital de las medidas de transparencia en la gestión pública es el de reducir las zonas de opacidad y detectar aquellas prácticas que favorecen la corrupción. Tras más de un año Asturias espera aún por la necesaria clarificación del "Caso Marea" que ha puesto en cuestión los procesos de contratación seguidos por las Administraciones de la Comunidad Autónoma. En la labor de control político que a la Junta General le corresponde procede levantar el velo sobre esta actuación y dar satisfacción al derecho ciudadano de acceso a la información

Por eso ambas fuerzas políticas se comprometen a apoyar la creación de una Comisión de Investigación en el seno de la Junta General del Principado en relación con el "Caso Marea", que evalúe como han venido desarrollándose los procesos de contratación en el ámbito de las Administraciones Públicas del Principado de Asturias, determine la posible existencia de responsabilidades políticas o administrativas y proponga, en su caso, las modificaciones legislativas correspondientes para garantizar, en el ámbito de la contratación de las Administraciones Públicas, la libre concurrencia, la eficiencia, el control, la procedencia y la transparencia en todos los procesos.

3.3.- Sistema electoral autonómico.

El Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias en su artículo 25.2 remite a una Ley del Principado la regulación electoral autonómica. Esta se ha concretado en la Ley 14/1986 de 26 de Diciembre sobre Régimen de Elecciones a la Junta General del Principado de Asturias, que en su día concitó un apoyo mayoritario del conjunto de las fuerzas políticas asturianas.

Si alguna reforma tiene sentido hoy día, desde el punto de vista de la regeneración democrática, es precisamente la que tiene que ver con la materia electoral. Por ello resulta necesario acometer diversos cambios en la legislación electoral que actualicen esta normativa, buscando la garantía de una igualdad real del voto de todos los ciudadanos independientemente de donde residan o a quien voten, una mayor proporcionalidad en garantía de que la pluralidad de la sociedad tenga también su reflejo en las instituciones de representación política, y una neutralidad institucional que permita una mayor igualdad de los distintos partidos y fuerzas políticas concurrentes. En definitiva se trata de mejorar de forma sustancial la calidad de nuestra democracia y recuperar para los ciudadanos el control sobre la política.

Por ello ambas fuerzas políticas apoyaremos una reforma de la Ley 14/1986 de 26 de Diciembre sobre régimen de elecciones a la Junta General el Principado, que entre otras cuestiones debe contemplar: la supresión de las actuales tres circunscripciones reduciendo todo el territorio de Asturias a una sola circunscripción electoral, el mantenimiento de la barrera electoral en el 3%, la búsqueda de una fórmula electoral que garantice una mayor proporcionalidad y el desbloqueo de las listas electorales.

Con el compromiso de, a partir de este consenso básico, tratar de incorporar a esta reforma al mayor número posible de fuerzas políticas. Y entendiendo que por el carácter básico y estructural de la normativa electoral esta no debe quedar sometida a la voluntad coyuntural de cambiantes mayorías de gobierno.

4.- RECUPERACIÓN DE LA ECONOMÍA

4.1.- La gravedad de la actual crisis, de origen e impacto internacional ha mostrado en nuestro país una de sus peores caras: el desempleo, expresando el gesto más duro en las consecuencias humanas y los impactos sociales.

Casi nadie pone en duda que superar la crisis y atajar sus consecuencias y, lo que es más apremiante, crear las condiciones para generar empleo, exige la consolidación de un sistema productivo innovador, competitivo y sostenible. La capacidad de intervención de las instituciones autonómicas tiene un margen que va más allá del mero ejercicio de las competencias estatutarias, aun siendo éstas de gran relevancia. Especialmente por la capacidad de concitar todas las potencialidades de la sociedad asturiana al servicio de la dinamización de una economía basada en el conocimiento y la innovación.

4.2.- Austeridad y eficiencia económica y bienestar social. En el presente contexto, para poder seguir contando con financiación externa que siga haciendo posible su funcionamiento, la austeridad ha dejado de ser una opción para ser una obligación, pues hemos llegado a un punto en el que el que el déficit público de todas las Administraciones ha de descender. Por otra parte, la racionalización del gasto y las ganancias en eficiencia constituyen la única vía para poder garantizar el mantenimiento de los servicios públicos esenciales, pues la inacción en este terreno conducirá sin duda a la merma y el deterioro de las prestaciones públicas en sanidad, educación o servicios sociales.

1.- De ahí que resulte ineludible el cumplimiento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y de los objetivos de déficit público marcados, incluyendo el escenario de ajuste en los Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 2013. En el escenario y orientación de la reciente modificación constitucional.

2.- Aprobación de un Plan de Ajuste del gasto público y de reducción de la estructura administrativa. Mediante la elaboración de un Plan de Austeridad 2012-2015 que en un plazo máximo de 3 meses servirá de guía para alcanzar el objetivo de déficit en 2012, para la elaboración de los Presupuestos de 2013 y para la gestión de gobierno de 2014 y 2015.

- El Plan contemplará la eliminación de todos los gastos superfluos e innecesarios, así como la supresión de todas las entidades, organismos y empresas públicas cuya función no esté justificada por motivos de interés público o sea o pueda ser realizada por otro de carácter estatal.

- El Plan contemplará un análisis de plantillas para determinar los recursos humanos estrictamente necesarios en cada organismo, servicio, entidad o empresa pública.

- El Plan introducirá todas las medidas de eficiencia posibles en cada uno de los conceptos de gasto de todos los servicios, organismos, entidades y empresas públicas.

- El Plan analizará todas las transferencias y subvenciones, en especial las nominativas, que deberá tener un carácter excepcional. Todas deberán ser revisadas, y justificada su existencia y cuantía, eliminando parcial o totalmente las que no sean absolutamente necesarias. Así mismo, se modificará la normativa para que sea preceptivo dar cuenta a la Junta General de toda subvención nominativa dotada mediante modificación presupuestaria.

3.- En el apartado relativo a los Órganos Auxiliares se acuerda:

- La aprobación de la correspondiente Ley de Supresión de la Procuraduría General del Principado de Asturias y la revitalización de la Comisión de Peticiones de la JGPA y establecimiento de colaboración con el Defensor del Pueblo.

- En cuanto al Consejo Consultivo, como figura prevista en el Estatuto de Autonomía, modificar su regulación para:

A.- La acumulación a esta Institución del eventual Tribunal Asturiano de Recursos Contractuales sin aumento de gasto El TARC es exigible tras la reciente modificación de la Ley de Contratos del Sector Público y las directivas comunitarias.

B.- La reducción de cinco a tres consejeros.

C.- Elevar los umbrales para informar de modo preceptivo la responsabilidad patrimonial de las Administraciones asturianas desde los actuales 6.000 euros hasta 60.000 euros. Para las reclamaciones inferiores a esa cifra, cada Entidad lo informará a través de sus órganos internos.

D.- Incorporar como nueva función el Informe preceptivo respecto a las Ordenanzas Locales.

- En cuanto a la Sindicatura de Cuentas, como figura prevista en el Estatuto de Autonomía, adoptar las modificaciones legislativas para

A.- Reducción de cargos: La Secretaría General correrá a cargo de un síndico sin perjuicio de su funciones fiscalizadoras como tal.

B.- Cambios en la rendición de cuentas del Principado: Adoptar dos mejoras de eficiencia y de mejora en el control de la actuación de la Administración por la Institución:

- La Cuenta General del Principado deberá ser regulada en su contenido y plazos. El plazo de rendición de la Cuenta General no será superior al 30 de junio.

- La Sindicatura tendrá tres meses de plazo para hacer pública su auditoría anual. Para tal fin, la Ley de la Sindicatura debe dejar claro el acceso desde la Sindicatura a todos y cualesquiera datos durante el ejercicio en curso –"en tiempo real" así como durante el proceso de cierre de la contabilidad- sin necesidad de que haya sido rendida la Cuenta General.

C.- Cambios en la fiscalización de los grandes Ayuntamientos: Los Ayuntamientos calificados de "grandes ciudades" deberán ser objeto todos los años, por ley, de una fiscalización de su Cuenta General y, al igual que en el apartado anterior, en el plazo de tres meses desde el fin del plazo de rendición según la Ley de Haciendas Locales. Para tal fin, la ley de la Sindicatura debe dejar claro el acceso desde la Sindicatura a todos los datos durante el ejercicio en curso así como durante el proceso de cierre de la contabilidad- sin necesidad de que haya sido rendida la Cuenta General.

4.3.- Medidas de apoyo a PYMEs y emprendedores:

- Plan de eliminación de trabas burocráticas para la creación de empresas y el desarrollo de la actividad empresarial. Incluirá la creación de la "ventanilla única virtual", para la constitución de empresas.

- Firma de convenios con las entidades financieras regionales para facilitar el crédito a las empresas regionales a PYMEs y autónomos respaldados por Asturgar, entidad que será reforzada.

- Creación de un fondo de capital-riesgo de carácter mixto (público-privado) con participación de la SRP, ASBAN (red asturiana de business Angels), capital privado y la Universidad de Oviedo, para apoyar nuevas empresas, preferentemente de base tecnológica y proyectos innovadores, asociado a un "banco de proyectos" de iniciativas procedentes del mundo universitario y empresarial.

- Definición de una batería de incentivos fiscales regionales destinados a promocionar la creación de empresas (sociedades y autónomos) o la ampliación de capital.

- Refuerzo de la estrategia de la empresa pública Asturex para la internacionalización de PYMEs.

- Mantenimiento de los compromisos adquiridos en relación al "cheque del autónomo".

- Se aprobará una Ley de Apoyo a los Emprendedores que recoja todas las iniciativas planteadas. Y III Plan Integral para el Fomento de la Cultura Emprendedora.

4.4.- Conocimiento e innovación

- Creación de una red de Centros Tecnológicos mediante una alianza entre los actuales Centros.

- Firma de un contrato-programa con la Universidad de Oviedo para la financiación de las actividades de los equipos investigación que esté ligado a objetivos concretos (generación y cesión de patentes, creación de spin-off, establecimiento de convenios de colaboración con empresas, transferencia de proyectos y personal, etc).

- Definición de una relación de programas prioritarios para la utilización de los recursos europeos disponibles en el Fondo Tecnológico y el Fondo para la Sociedad del Conocimiento, cuyo plazo de finalización está próxima (2013 ampliable a 2015).

- Especialización y racionalización de los diferentes Organismos Regionales gestores de fondos de apoyo a las actividades de I+D+i.

4.5.- Reforma de la Formación Profesional y de las Políticas Activas de Empleo.

No hay mejor política de lucha contra el desempleo juvenil que un compromiso claro y rotundo con la educación y la formación, esa debe ser la base de las actuaciones:

- Reforzar los planes educativos contra el abandono escolar con las medidas de apoyo y el desarrollo activo de Programas de Acompañamiento Escolar (PROA) y los Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI).

- Programa de retorno al sistema educativo para aquellos jóvenes de 20 a 30 años que no hayan obtenido un título de enseñanza post-obligatoria (Bachiller o FP de grado medio).

- Profunda reforma de la Formación Profesional -tanto la reglada como la no reglada- y una permanente evaluación para adecuarse a las necesidades y demandas del mercado. Es necesario dar entrada a las empresas en la definición de los programas curriculares de la formación profesional, y por otra parte, facilitar la transición desde la formación hacia el empleo mediante una nueva formación profesional reglada. Para impulsar este cambio se abordará con carácter de urgencia un Pacto Tripartito (Consejería de Educación y Agentes Sociales) para la recuperación de la figura del aprendiz, que combine en alternancia, sus estudios en el sistema reglado de FP, con un empleo adaptado a la formación que esté adquiriendo.

- Otras medidas al margen del sistema formativo serán:

- Desarrollo de un Plan de Empleo Juvenil: bolsa de empleos públicos temporales o de colaboración social para los jóvenes desempleados sin experiencia laboral, en especial, los titulados universitarios y los de la formación profesional.

- Impulsar urgentemente el desarrollo de convenios de colaboración entre el Servicio Público de Empleo regional y las Agencias Privadas de Colocación debidamente acreditadas.

- Concentrar los recursos propios destinados a las políticas activas en la formación ocupacional y continua, las que más se verán afectadas por los recortes en los Presupuestos Generales del Estado del 2012.

4.6 Plan Forestal y de Competitividad de las Explotaciones Agrarias.

- Elaboración y puesta en marcha urgente de un Plan Estratégico de Competitividad de las Explotaciones Agrarias que tenga por objetivo garantizar la continuidad del sector tras las previstas reformas comunitarias. Y que se marque como objetivos:

- Evaluación y adaptación del Plan Forestal. En función de las perspectivas de futuro que recoja las nuevas prioridades del sector, como por ejemplo el aprovechamiento de la biomasa. Desarrollo de los Planes Comarcales.

- Puesta en marcha de un efectivo Plan de colaboración público-privada mediante el cual se ataje el principal problema: la determinación de la propiedad de los múltiples terrenos que permanecen en la indefinición y se ataje el minifundismo, fomentando la asociación de propietarios o el cooperativismo para su explotación o bien la protección de los montes no explotables.

5.-DEFENSA Y CONSOLIDACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.

5.1 Los servicios públicos del Estado de Bienestar constituyen la base de la cohesión social que permite el progreso social, el bienestar personal y el desarrollo económico sostenible. Son el elemento fundamental para lograr la necesaria seguridad e igualdad de oportunidades en una sociedad, y, en definitiva, alcanzar una mayor justicia social.

Por eso, desde las competencias residenciadas en el Principado de Asturias, la defensa de los servicios públicos del Estado de Bienestar será la prioridad absoluta de nuestra acción, en el actual contexto de recesión económica la Sanidad, la Educación y los Servicios Sociales requieren de medidas rápidas y eficaces que, por una parte, garanticen la existencia de recursos públicos suficientes para financiarlos –priorizando el gasto y ajustando partidas en el resto de capítulos- y, por otra, permitan obtener notables ganancias en eficiencia que hagan posible mantener las prestaciones con la misma calidad y conteniendo el gasto asociado.

Se buscará establecer un gran Pacto por la Defensa de cada uno de estos Servicios Públicos (Sanidad, Educación y Servicios Sociales) que les de estabilidad organizativa y financiera, permita establecer modelos de gestión perdurables en el tiempo y favorezca la seguridad y motivación de los profesionales.

5.2 SANIDAD.-

a) Modelo de gestión sanitaria

- Apoyo real y efectivo al modelo de gestión clínica mediante la realización de los cambios necesarios en la normativa administrativa que aporte la flexibilidad requerida para el buen funcionamiento del mismo.

b) Gestión del personal

- Definición de un claro mapa de competencias para las diferentes categorías profesionales acorde con su formación y capacitación, y coherente con las necesidades organizativas que permita una racionalización de los recursos y una mayor disponibilidad efectiva de profesionales.

- Reducción de la carga de trabajo de naturaleza burocrática que recae sobre los profesionales sanitarios. Puesta en marcha de la receta electrónica cuando las disponibilidades presupuestarias lo permitan.

c) Organización de las prestaciones sanitarias

- Redefinición y simplificación de un nuevo Mapa Sanitario acorde con los cambios demográficos de los últimos años que reequilibre el peso relativo de cada área. Análisis de la conveniencia de implantar Gerencias únicas en las mismas.

- Reordenación de la red de Atención Especializada para reforzar su calidad y eficiencia, buscando un equilibrio entre la accesibilidad de los ciudadanos y su sostenibilidad financiera. El establecimiento de alianzas entre los servicios de los grandes hospitales y los comarcales permitirá crear una red que mejore la gestión de los recursos (humanos y materiales) y garantice el mantenimiento de los servicios.

- Incremento de la capacidad resolutiva de los profesionales sanitarios de Atención Primaria con el fin de reducir el flujo de pacientes hacia la Atención Especializada.

- Creación de un Campus de Ciencias de la Salud y de la Fundación de Investigación en materia Biosanitaria en torno al nuevo Hospital Universitario Central de Asturias, que sirvan de polo de atracción para iniciativas empresariales en este ámbito, especialmente ligadas a la I+D+i, y que sea una referencia a nivel nacional.

5.3.-EDUCACIÓN

La dura y exigente realidad social nacida de la crisis convierte a la educación en una prioridad política y la que más compromete nuestro futuro. Los cambios educativos no surten un efecto razonable hasta pasado el tiempo y por eso urge actuar.

Por ello resulta urgente diagnosticar integralmente, con rigor y transparencia, el sistema educativo asturiano para acometer reformas sustentadas en un pacto entre las fuerzas políticas que permita establecer objetivos compartidos y dotar de estabilidad normativa y presupuestaria al sistema.

a) Currículo

- Reforzar los objetivos de instrucción y hábitos de lectura, principales factores del éxito escolar. Y al mismo tiempo un apoyo decidido a la enseñanza de los valores democráticos, la Constitución, los Derechos Humanos y la laicidad de los centros públicos.

- Establecer como prioritario el aprendizaje de lenguas extranjeras, especialmente el inglés. Fomentando la enseñanza bilingüe desde infantil, con el objetivo de alcanzar el nivel B2, establecido en el Marco Europeo de Referencia en primera lengua al finalizar el bachillerato.

-El refuerzo de las habilidades de nuevas tecnologías, siempre como herramienta para el aprendizaje.

b) Personal

- Reforzar desde el punto de vista del prestigio social pero también mediante instrumentos legales, la autoridad del profesorado.

-Establecer una verdadera carrera profesional docente basada preferentemente en méritos académicos objetivos y no sólo la antigüedad e incentivando la movilidad.

c) Organización escolar y gestión educativa

- Adoptar como objetivos generales prioritarios, el mantenimiento de la equidad del sistema, la disminución del fracaso escolar y la mejora de la calidad educativa.

- La organización escolar, clave para mejorar el rendimiento educativo, ha de girar en torno a una mayor autonomía pedagógica, organizativa y financiera de los centros. Orientada al logro de objetivos y a una estructura profesionalizada que abandone el sistema de departamentos para evolucionar hacia un sistema de equipos educativos que sitúe al alumno (y su familia) en el centro de la organización.

-Elaboración de un detallado diagnóstico de la doble red de centros, tanto de la red pública como de la red concertada, y control continuo de: cumplimiento de objetivos, admisión de alumnado, gratuidad real de la educación. Y también de las necesidades de infraestructura material y humana para el sostenimiento del conjunto de la red y de la calidad educativa.

-Fortalecimiento de la red de escuelas de 0-3 años por su importancia en la consecución de objetivos educativos y por el importante papel que juega en la conciliación de la vida laboral y familiar. Y su asunción planificada con criterios de cobertura poblacional y en la medida que los recursos presupuestarios lo permitan, por la Comunidad Autónoma.

5.4.- SERVICIOS SOCIALES

El objetivo debe de ser mantener y desarrollar un sistema público de protección social universal que constituya el cuarto pilar de dicho Estado del Bienestar (junto con los sistemas de Salud, Educación y de Pensiones) y que garantice la solidaridad, la igualdad de derechos y el acceso a las prestaciones sociales básicas, como parte del derecho de ciudadanía, y que sea al mismo tiempo financieramente viable.

a) Plan Concertado

- Fomentar la proximidad en la gestión de los Servicios Sociales. Lo que debe suponer el mantenimiento, al menos, del presupuesto del Plan Concertado.

b) Salario Social

- Mantenimiento del Salario Social mejorando notablemente su tramitación en Asturias. Mejorando los plazos administrativos de respuesta, optimizando los recursos humanos y reforzando los Equipos con más personal si es necesario, así como los sistemas informáticos y de interoperabilidad entre administraciones.

- En aquellos casos en que sea posible, vincular la percepción del Salario Social con un itinerario formativo orientado a la reinserción laboral, especialmente en el ámbito de los servicios sociales.

- Mejorar de manera importante la coordinación con otras consejerías, especialmente entre Bienestar Social, Empleo, Educación y Salud.

c) Atención a las personas dependientes.

Para hacer frente a los graves problemas que ya se han detectado en la implantación de la Ley de Dependencia, y como medida esencial, que entronca con lo ya manifestado de impulso a las políticas de coordinación estatal en el ámbito de todos los servicios públicos:

- Promover en el ámbito del Consejo Interterritorial la coordinación estatal en aquellos elementos básicos para garantizar la igualdad entre españoles.

- Reorganización de los recursos disponibles por parte de la Consejería de Bienestar Social, como paso imprescindible para agilizar trámites y reducir plazos, en consonancia con los compromisos adquiridos.

- Apuesta por la prestación de servicios que facilite la permanencia del dependiente en su entorno, como elemento que favorece una mejor calidad de vida.

- Incremento de la coordinación con el Servicio de Salud para una utilización conjunta de la red socio-sanitaria.

- Mejora de la planificación de nuevas infraestructuras: la actual política de ausencia de criterios claros para determinar la ubicación de nuevos equipamientos debe sustituirse por otra en la cual la eficiencia sea el principio rector.

d) ONGs en el ámbito de los servicios sociales.

- Apoyo firme y decidido a las organizaciones no gubernamentales que en los ámbitos de la protección social, la discapacidad y la lucha contra la marginalidad desarrollan una labor imprescindible e insustituible. Suprimir el recorte indiscriminado del 20% en las subvenciones directas que se traduce en un abandono de las políticas sociales dirigidas a los más necesitados.

e) Personas con discapacidad.

- Desarrollo real del Plan Autonómico de Accesibilidad 2011-2012.

- Aprobación de un Plan Integral de atención a las personas con Discapacidad

- En materia de empleo público, hacer realidad la contratación de personas con discapacidad conforme a la cuota de reserva de empleo.

- Establecimiento de las medidas necesarias para garantizar que las personas con discapacidad cuenten con los productos de apoyo (ayudas técnicas) y con asistencias humanas que precisen en su relación laboral.

- Revisión del marco de incentivos establecidos con carácter general para el fomento de la contratación de personas con discapacidad.