Oviedo, Pablo GALLEGO

La Universidad de Oviedo ha suspendido, desde este mismo mes de agosto y en las sucesivas nóminas, el pago del incentivo a los 180 profesores que, de forma voluntaria, decidieron prejubilarse a cambio de cobrar, además del 100 por ciento de la jubilación, todas las prestaciones que recibían cuando estaban en activo. Para quienes eran profesores en Escuelas Universitarias el recorte puede no ser demasiado trascendente; pero en el caso de catedráticos jubilados que, por ejemplo, tuviesen todos los sexenios de investigación, la reducción en el sueldo equivale al 50 por ciento del salario que cobraban hasta ahora.

El recorte, que también afectará a los docentes que tramitan prejubilarse este año, viene marcado por el artículo 1 del decreto-ley 20/2012, de 20 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria, según explica el gerente de la Universidad, Eusebio González. Es el mismo decreto que obliga a políticos como el ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero a decidir si cobra su pensión indemnizatoria -el equivalente al incentivo que reciben los profesores universitarios que aceptaron prejubilarse- u otro tipo de retribuciones. La Universidad, además, ha solicitado un «informe jurídico exhaustivo» sobre el alcance de este artículo en lo que concierne a la institución académica.

Más allá de las conclusiones a las que pueda llegarse en este documento, muchos de los docentes afectados por este decreto -aplicado en la Universidad de Oviedo a través de una resolución del gerente, Eusebio González, y que también afecta al resto de instituciones universitarias con programas similares-, no sólo protestan por la reducción en el sueldo, sino por los plazos de aplicación. El decreto, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» del pasado 14 de julio, da quince días hábiles -que terminan hoy- para decidir si se cobra la pensión o los incentivos compensatorios.

El «problema» es que la Universidad -que informó a sus profesores jubilados a través de un anuncio en su página web- no dio el aviso hasta el pasado lunes 30 de julio. Fue a 48 horas de las vacaciones -mayoritarias en agosto para la comunidad universitaria-, y sólo cuatro días antes de que, hoy, termine el plazo.

Por defecto, los docentes que «no hayan manifestado otra opción» -según indica la resolución del gerente- ya no percibirán, ni en la nómina de agosto, el incentivo económico asociado a la oferta de jubilación anticipada, un plan pensado para rejuvenecer la plantilla de la Universidad asturiana. La duda ahora está en saber qué pasará con los profesores que, contra el criterio de la institución académica, opten por cobrar los incentivos que paga la Universidad, y no la jubilación estatal. Sobre todo, en los casos en que este complemento mantenido a cambio de prejubilarse es mayor que la propia jubilación. Las incógnitas afectan no sólo al procedimiento, sino a las posibles consecuencias de renunciar a la jubilación.