Oviedo / Gijón,

J. A. A. / M. C.

Rechazo contundente de los sindicatos al real decreto de Mariano Rajoy que permite a las administraciones despedir a personal laboral fijo si su asignación presupuestaria cae, al menos, en un 10 por ciento anual. La UGT planteó matices al texto del Gobierno central, CC OO sostuvo que esa medida vulnera la negociación y abre las puertas al despido colectivo en la Administración, mientras que CSIF calificó de «salvajada» una iniciativa que atenta «contra la independencia de la función pública».

Antonio Pino, secretario general de CC OO de Asturias, afirmó que el real decreto sobre el reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada supone la vulneración de la negociación colectiva «y deja indefenso al personal de las administraciones públicas». Pino alertó de las consecuencias que tendrá la nueva normativa planteada por el Gobierno central: «Este nuevo ataque al sector público deteriorará más la calidad de los servicios y generará más paro». El dirigente sindical también criticó que el Ejecutivo de Rajoy divulgue esta medida «con nocturnidad y alevosía, en pleno mes de agosto». UGT, por su parte, cuestionó la vaguedad del real decreto, que consideró impreciso en buena parte de su redacción.

Juan Gavira, secretario de acción sindical de CSIF en Asturias, calificó de «salvajada y barbaridad» una iniciativa que «se carga de un plumazo la independencia de la Administración». El representante sindical advirtió de que con esta medida «una Administración puede bajar su presupuesto, hacer un expediente de regulación de empleo y, a continuación, fichar a quien le dé la gana». Gavira considera que el Gobierno debería empezar por recortar más asesores y altos cargos. «Sólo en Asturias hay más de cien asesores y en el conjunto de España hablamos de miles. ¿Por qué no se empieza diciendo con transparencia cuántos son y dónde cobran?», se planteó el secretario de acción sindical de CSIF, quien afirmó que «antes de emprender estas medidas deberían adelgazar la Administración con el cierre de fundaciones y entes, donde se coloca a los amiguetes».