Oviedo, J. A. ARDURA
La comisión parlamentaria del «caso Marea» calienta motores. Los partidos de la Junta se reúnen hoy para decidir las peticiones de comparecencias en el Parlamento tras analizar 40 cajas, cinco archivadores y 18 carpetas de documentación. El análisis de esa información y la consulta del programa informático «Asturcón XXI» (la memoria de los contratos de la Administración regional) han detectado que las dos empresas cuyos dueños han sido imputados en el «caso Marea», Almacenes Pumarín (Apsa) e Igrafo, facturaron más de 92 millones de euros durante un plazo de siete años, entre 2004 y 2010, año en que la funcionaria Marta Renedo fue apartada del puesto de jefa de servicio en la Consejería de Administraciones Públicas.
Igrafo facturó en ese período más de 49 millones, mientras que Almacenes Pumarín hizo negocios por un montante global superior a los 42 millones de euros, según los datos recabados por el vicepresidente de la Junta y representante del PP en la comisión parlamentaria del «caso Marea», José Agustín Cuervas-Mons, que contó con la colaboración de Emma Ramos, también diputada del PP y que anteriormente había sido interventora general del Principado durante el Gobierno de Foro. La mayor parte de esa facturación, más de 55 millones de euros, fue contratado por la Consejería de Educación.
El volumen de facturación de Igrafo y Almacenes Pumarín fue creciendo de manera sostenida desde 2004, después de la segunda victoria de Vicente Álvarez Areces en las elecciones autonómicas, hasta 2007, año electoral en el que la cifra de negocio de esas dos empresas con la Administración regional alcanzó su cota más alta para rozar los 22 millones de euros en un solo ejercicio (ver cuadro anexo).
La información consultada por los diputados populares revela que la facturación con estas dos empresas, que suministraban desde mobiliario y material diverso de oficina hasta GPS de montaña, cámaras de fotos y vídeo, se mantuvo en cifras muy elevadas durante las anualidades de 2008 y 2009. Las transacciones entre Igrafo y Apsa con el Principado comenzaron a caer en 2010, el año en que la funcionaria Marta Renedo fue suspendida de empleo y sueldo por decisión de la consejera de Administraciones Públicas, Ana Rosa Migoya, tras detectar las primeras irregularidades de contratación administrativa, que en aquel momento todavía no alcanzaban a esas dos empresas.
En ese año, la «factura» de Igrafo y Almacenes Pumarín al Principado ya se redujo a 5 millones de euros, según la información de la que dispone el Grupo Popular. Las transacciones entre la Administración regional y Almacenes Pumarín e Igrafo menguaron en un 66 por ciento en 2010, primer año de los recortes, que coincidió con la suspensión de empleo y sueldo de Marta Renedo y con la renuncia voluntaria como consejero de José Luis Iglesias Riopedre. Meses después, a finales de enero de 2011, la Policía detenía al ex consejero de Educación, a su «número dos», María Jesús Otero, y a los propietarios de Igrafo y Almacenes Pumarín, Víctor Manuel Muñiz y Alfonso Sánchez, además de a la funcionaria Marta Renedo.
Cuervas-Mons sostiene que el análisis de la documentación del «caso Marea» revela la falta de control en la Administración regional en la etapa arecista. «Hay informes internos que reconocen la dificultad de comprobar el cumplimiento por la indefinición y vaguedad de algunos contratos», asegura el diputado popular, que hoy tiene previsto formalizar la solicitud de comparecencias ante la comisión parlamentaria del «caso Marea». Otras fuentes populares consideraron «previsibles» las peticiones de comparecencia de los ex consejeros Ana Rosa Migoya (Administraciones Públicas) y Jaime Rabanal (Hacienda), además del propio Areces.
