Riopedre proclama su inocencia y se niega a responder preguntas

Riopedre, el primer compareciente citado ante la comisión, ha leído un comunicado en el que ha justificado su decisión de no contestar a preguntas en el hecho de estar procesado por un juzgado de Oviedo y de preservar su derecho a defenderse en una causa en la que, ha asegurado, no se ha concretado ninguna acusación contra él dos años después de que se iniciase la instrucción.

"Reivindico mi inocencia respecto a los delitos que se me imputan sin concreción ninguna de los hechos", ha afirmado tras negar también que ni en su etapa en el Gobierno ni ahora conociera a la exfuncionaria Marta Renedo, principal imputada en la causa.

Según Riopedre, "nunca" ha obtenido ningún ingreso ajeno a los declarados fiscalmente ni ha dispensado tratado de favor alguno a personas o empresas ni ha pedido ni recibido jamás "gratificaciones regalos o recompensas" por decisiones adoptadas como consejero.

El exconsejero de Educación entre 2003 y 2010, cuando dimitió alegando motivos de salud, fue detenido el 24 de enero de 2011 y pasó 40 días en prisión de la que salió tras pagar 100.000 euros de fianza y ser imputado de los delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, fraude, exacciones ilegales y negociaciones prohibidas a funcionarios.

Riopedre, que ha testificado acompañado de su abogado, ha defendido que declaró varias veces por escrito su patrimonio -un piso en Oviedo, una casa de aldea y 1.300 euros en la cuenta bancaria antes de ser embargada- y que eso es "todo" lo que tiene y que jamás recibió "un céntimo de nadie" ni tomó ninguna decisión "conscientemente injusta e irregular".

Según su testimonio, en su etapa como consejero no benefició a nadie y únicamente ha admitido que pudo "cometer errores" al ser "imprudente" en sus relaciones personales o en utilizar algunas expresiones coloquiales.

Para Riopedre, en su etapa como consejero de Educación, en la que se produjo la supuesta trama de corrupción en la adjudicación de contratos de la administración asturiana, no se encargó de las elección de empresas que contrataba con la Consejería salvo en casos como el del material contratado de urgencia para instalar en el colegio de Ariondas tras las inundaciones que afectaron al centro.

La facultad de otorgar contratos menores, ha subrayado, la tenía delegada en la Secretaría General Técnica de su departamento y no tuvo conocimiento de los mismos hasta que dicho órgano no se los pasaba a firmar y que, en la mayoría de los casos, correspondían a material homologado cuyos precios se fijaban mediante concurso público convocado por la Consejería de Economía.

Asimismo, ha señalado que los pagos eran autorizados por la Intervención del Principado y que las empresas Igrafo y Almacenes Pumarín, cuyos responsables están también imputados, eran contratistas antiguos y habituales con la administración autonómica desde mucho antes que él fuera designado consejero de Educación.

"Durante el tiempo que ejercí estuve convencido de que en el ámbito de mi Consejería los contratos fueron ajustados a la ley. Nunca observé ilegalidad alguna en la contratación con empresa o persona y si hubo irregularidades ni las consentí ni las conocí", ha añadido.

Tras hacer constar su negativa a contestar preguntas sólo el diputado de UPyD y presidente de la comisión, Ignacio Prendes, ha formulado las cuestiones que traía preparadas mientras que IU las ha incorporado por escrito al acta de la sesión y PSOE y PP han optado por no formularlas al igual que Foro, que ha considerado que las responsabilidades políticas deben dilucidarse en el proceso penal.

A la llegada de Riopedre a la Junta General un pequeño grupo de miembros de la Asamblea General de Trabajadores Públicos en las puertas de la Cámara con pancartas como "No más corrupción en la administración" y "Contra la privatización de servicios públicos". EFE