«A veces nos decían de arriba a qué empresas querían que llamásemos». La coordinadora de obras y proyectos en la Consejería de Educación reveló ayer las interioridades de la contratación menor en el departamento que dirigían el consejero, José Luis Iglesias Riopedre, y la directora general de Planificación, María Jesús Otero, imputados ambos en la investigación judicial del «caso Marea». Gloria González Baschwitz puso de manifiesto el «variopinto» funcionamiento a la hora de adjudicar contratos menores que, en ocasiones, «llegaba a quemar» a los técnicos, pero declaró que los procedimientos eran legales por el amplio margen que permite la normativa legal vigente en ese campo.

La declaración de Gloria González acaparó la atención de la ronda de comparecencias de ayer, jornada en la que también intervinieron los funcionarios José Antonio González, responsable de suministros, y Beatriz Pérez, funcionaria que participó en el proceso de homologación para el material de oficina. La arquitecta Gloria González Baschwitz, que se jubila el próximo mes de junio, sembró sus respuestas a los miembros de la comisión parlamentaria de titulares sugerentes, que arrojaron mucha luz sobre las fórmulas de adjudicación «poco ortodoxas» que tenían carta de naturaleza en la Consejería de Educación

La primera «perla» de la mañana llegó tras una pregunta del diputado de UPyD, Ignacio Prendes, presidente de la comisión parlamentaria:

-¿Quién decidía las empresas a las que se invitaba?

-A veces nos decían de arriba a qué empresas querían que llamásemos -respondió Gloria González.

Alrededor de esta respuesta giró buena parte de las preguntas a las que contestó la arquitecta durante la hora y media larga que duró, aproximadamente, su comparecencia. En ocasiones con bastantes detalles, en otras con más parquedad como, por ejemplo, cuando le preguntaron por Geogal, la empresa del hijo de Iglesias Riopedre.

El primero en pedir más detalles fue el propio Prendes, cuando preguntó a la arquitecta del Principado quién le daba indicaciones sobre las empresas que debían obtener los contratos menores:

-Venían de arriba, no puedo concretar más porque podía ser el consejero de Educación, la directora general de Planificación o el jefe de servicio; a veces algún administrativo decía: «Tengo un hermano que es tal, ¿por qué no le llamáis de vez en cuando para que os haga una oferta?», reveló la coordinadora de obras y proyectos de Educación, que confirmó más adelante un cierto malestar de los técnicos con ese tipo de prácticas, después de que el presidente de la comisión le preguntara quién había dado consignas sobre los contratos del Instituto de Educación Secundaria de Infiesto.

-No me acuerdo y además es verdad que no me acuerdo. Vendrían de arriba, como digo yo. Los técnicos reaccionamos muy mal. Nos quema mucho, pero eso está a la orden del día con los políticos. Los que sabemos de asuntos técnicos somos nosotros. En ese caso yo había estado de baja médica y me lo encontré hecho. A esas tres empresas no las conocía de nada, era en Contratación donde tenían que ver si cumplían las condiciones», precisó Gloria González, quien afirmó, a preguntas de IU, que «no tenía sentido» que las competencias de contratación de Educación recayeran en la directora general de Planificación, María Jesús Otero, y no en la Secretaría General Técnica, como ocurría en el resto de consejerías del Principado. Pero Gloria González eludió luego, a preguntas del socialista Fernando Lastra, concretar qué personas la «quemaron» con sus supuestas exigencias:

-Aquí no lo voy a decir. Ya lo dije en la comisión policial -respondió la funcionaria.

La arquitecta del Principado argumentó, con detalle, los motivos de que haya habido fraccionamiento en las obras de la Consejería de Educación. «No es una disculpa, pero sí una explicación de por qué algunos expedientes aparecen un poco emborronados. En esta Consejería hay un problema básico: las obras tienen que estar hechas el 15 de septiembre. Para lograr eso el que es buen gestor lo consigue no haciendo las cosas de la forma más ortodoxa. Por ejemplo, si se tratara de un contrato de 60.000 euros, el procedimiento llevaría tres meses más y ya no llegaría a tiempo para el inicio del curso. De ahí que las obras se hagan por fases y se dividan y fraccionen en forma de contratos menores», declaró Gloria González, quien sostuvo que el actual «procedimiento administrativo no está preparado para este tipo de necesidades». Según la funcionaria, «el mejor gestor, director general o jefe de servicio es el que consigue que las cosas estén a tiempo». González puso como ejemplo de fraccionamiento el auditorio de Oviedo, «bien hecho», dijo, por Gabino de Lorenzo, y aseguró que «por deseo expreso del Consejero hay muchas cosas que se hacen» para, acto seguido, añadir: «Los técnicos estamos al servicio de los políticos, damos forma a su voluntad».

Las otras dos comparecencias resultaron menos llamativas. José Antonio González defendió que su servicio tenía capacidad para contratar y que siempre cumplió «con todos los requisitos legales». También dijo, a preguntas de Lastra, que el interventor delegado en Educación en la época de Riopedre era Luis Francés, que no ha sido citado a declarar en estas comparecencias y que es el marido de la presidenta del PP asturiano, Mercedes Fernández. Por su parte, la funcionaria Beatriz Pérez, que llevaba la compra del material de oficina, previamente homologado, admitió que se compraba «mucho» a Igrafo y «poco» a Almacenes Pumarín «pero repartíamos por productos y pedíamos a distintas empresas».

Las comparecencias vuelven a centrarse hoy en la funcionaria Marta Renedo, ya que declarará Alberto Pérez Cueto, el ex director general que descubrió la falsificación de su firma al revisar unos contratos menores de la Consejería de Administraciones Públicas. También declararán funcionarios de otros departamentos por los que ha pasado la funcionaria imputada.