Una reforma local que se queda corta

La reforma de la Administración local se queda corta. En plena crisis económica, la reducción de costes requiere mejorar la estructura municipal y diseñar un modelo más eficaz para la prestación de los servicios públicos, pero el proyecto aprobado por el Consejo de Ministros no responde a las necesidades reales del país, según advierten los expertos consultados por este periódico. «La solución que pretende aplicar el Gobierno no resulta convincente», afirma Javier Suárez Pandiello, catedrático de Hacienda Pública en la Universidad de Oviedo. La reforma «debería favorecer una estructura territorial más eficiente y diseñar una financiación mejor para las administraciones locales; pero la propuesta del Ejecutivo central resuelve muy poco, prácticamente nada», apunta Fernando Rubiera, profesor de Economía Aplicada y coordinador del Laboratorio de Análisis Económico Regional (Regiolab).

El plan del Gobierno que preside Mariano Rajoy se ha quedado lejos de la «gran reforma global» prometida antes y durante la campaña electoral de 2011. El Grupo parlamentario Popular, mayoritario en el Congreso, es consciente de que la reforma, aun descafeinada, «escuece», y la tramitan sin prisas, para intentar acercar posiciones y limar asperezas. Ni la oposición ni los propios alcaldes, últimos responsables de llevar a cabo la reforma -y de sufrirla-, están de acuerdo con buena parte de sus exigencias y propuestas, independientemente del color político de cada gobernante.

«La estructura territorial de España es profundamente ineficiente, somos uno de los países peor organizados a escala municipal del mundo, y esta reforma no consigue mejorarlo», explica Fernando Rubiera. A una división municipal «absurda», en uno de los países «con mayor número de administraciones locales por kilómetro cuadrado», se suma un sistema de financiación «muy malo». sentencia. Lo que hace el Estado con la reforma, tal cual está planteada, es «trasladar el problema a otro sitio», apostilla.

De las veintiuna medidas contenidas en la nueva norma, es precisamente la referida a las «competencias impropias» desarrolladas hasta ahora por los ayuntamientos -referidas a la educación, la sanidad y los servicios sociales- una de las que despiertan mayores dudas. Los consistorios siempre han defendido que son las comunidades las que deben prestar estos servicios, aunque hasta ahora áreas como las escuelas infantiles hayan dependido de los ayuntamientos. Los problemas en la reforma aparecen cuando una de las cláusulas del proyecto establece que el traspaso de estas competencias no puede causar «un aumento en el gasto». ¿Cómo van a asumirlo, entonces, las comunidades sin crear partidas para cubrir gastos como la calefacción en las escuelas o su mantenimiento, que ahora pagan los ayuntamientos?

«La competencia debe ser plena de las comunidades, y todos esos gastos depender de ellas», afirma Antonio de Luis Solar, presidente de la Federación Asturiana de Concejos (FACC) y alcalde de Pravia por el PSOE. «En el caso de los asuntos sociales», matiza, «podemos entrar a valorar si es mejor plantearlos desde la cercanía; pero si se hace, esa delegación de competencias debe venir a los ayuntamientos con la financiación adecuada».

Que la demarcación y coste de las competencias queden meridianamente claras en la ley es una de las propuestas acordadas ayer por los regidores asturianos, durante una asamblea extraordinaria de la FACC celebrada en Oviedo, para que la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) presente en el Congreso alegaciones a la ley que representen a todo el municipalismo español. En una reunión a la que asistieron 60 de los 78 alcaldes -otros delegaron su voto-, y en la que participaron también portavoces parlamentarios y diputados, los regidores consensuaron varias «observaciones» para tratar de «suavizar» algunos aspectos de la ley. Una norma con la que el Ejecutivo central confía en ahorrar más de 7.000 millones de euros.

El coste de los servicios municipales es otro de los asuntos que han encendido las alarmas en los consistorios asturianos. Para los concejos de menos de 20.000 habitantes -en Asturias sólo 7 de los 78 que componen el Principado superan esta cifra-, el Ministerio de Hacienda ha perfilado un «coste estándar» para cada servicio que prestan los ayuntamientos, como la recogida de basuras. En atención a las peculiares cualidades de la orografía asturiana y a la dispersión de su población, los alcaldes asturianos solicitan que «no sólo se tengan en cuenta criterios económicos, sino sociales, de apoyo a los vecinos que viven en esas zonas». La reforma local impedirá que se presten servicios por encima de ese coste, y será este baremo la causa principal de que un Ayuntamiento pierda competencias. «No podemos hacer ciudadanos de primera y de segunda», denuncia el presidente de la FACC.

También en los municipios con menos de 20.000 habitantes, si la prestación de un servicio no cumple los «estándares de calidad», serían las diputaciones las que se encargarían de asumirlas. En el caso de Asturias sería el Principado, como en el resto de comunidades uniprovinciales. «Parece que se quieren potenciar unas instituciones cuyo funcionamiento deja mucho que desear, cuando debería plantearse un serio debate sobre su futuro», opina el catedrático Javier Suárez Pandiello. «La propuesta del Gobierno amplía su rango de competencias, sin proponer, como cabría esperar, cambios de calado en su diseño institucional», apostilla. «Lo que más me llama la atención es el déficit democrático que incorpora la propuesta, al traspasar a las provincias buena parte de la capacidad de decisión de asuntos que competen a los residentes de municipios pequeños».

Que determinados servicios puedan seguir prestándose a través de consorcios, y que todos los alcaldes puedan recibir una retribución -según un baremo que, a partir de un sueldo base, asocia el montante de la nómina al volumen de población, mientras que la reforma lo elimina para los alcaldes de municipios con menos de mil habitantes- son las otras dos reivindicaciones acordadas ayer. Los asuntos en los que los regidores no lograron llegar a un acuerdo quedaron fuera de la propuesta asturiana, basada en el consenso. Será cada partido, en el Congreso de los Diputados, el que deba defenderlos.