Oviedo, Pablo GALLEGO

«La luz de la transparencia será el mejor remedio contra la corrupción», dijo ayer el profesor de Derecho Constitucional Miguel Presno Linera. La frase, una especie de adaptación de la célebre sentencia de Louis D. Brandeis -«La luz del sol es el mejor desinfectante»-, le sirvió al jurista para tratar de cristalizar uno de los retos que, a su juicio, tiene por delante la ley de transparencia que prepara el Gobierno del Principado: que la corrupción «no quede sin castigo».

Presno y los catedráticos Ignacio Villaverde y Leopoldo Tolivar, junto a la directora general de Universidades, Miriam Cueto, participaron ayer en el primero de los encuentros organizados por el Gobierno regional durante el proceso de elaboración de la ley. Unos y otros coincidieron en la necesidad de que la norma autonómica no incurra en los mismos errores que la ley estatal. También, que recoja el «derecho ciudadano a participar». «Los poderes públicos no tienen intimidad», sentenció Villaverde.

Con la nueva ley de transparencia de Chile como brújula -«Abre todas las puertas y ventanas, y convierte el poder en una caja de cristal absolutamente transparente a todos», explicó el catedrático de Constitucional-, otro de los retos del Principado es fomentar la «accesibilidad» a los datos públicos que se expongan, alertó Villaverde. «Ser transparentes no significa colgarlo todo en la red, eso es la publicidad», explicó, «la transparencia implica ir más allá, elaborando la información de tal manera que el ciudadano no se pierda», tanto nativos digitales como aquellos que en su vida se han conectado a internet.

En la lista de asuntos pendientes en la norma estatal, aprobada por el Consejo de Ministros, pero pendiente de tramitación en el Congreso, Presno criticó que el buen gobierno sea sólo «una declaración de intenciones», sin consecuencias para quienes hagan un mal uso del poder, y llamó la atención sobre las «exclusiones» a la norma. Sobre todo, por la no inclusión de la Casa Real. «No hay razón para que quede excluida, aunque parece que ni el Gobierno ni la propia Casa están por la labor», reconoció.

Tolivar, más próximo al quehacer diario de la Administración, censuró que la norma estatal reserve sus sanciones para los funcionarios, sin incluir a los políticos. «Quizá sea translúcida, pero la Administración aún no es transparente», apostilló.