Ventanas fantasma y ratones de 193 euros

En el Instituto Rey Pelayo de Cangas de Onís los alumnos de formación ocupacional y de FP en carpintería metálica llevan años renovando las ventanas de este vetusto edificio. Por eso a Jesús Leonardo González y a Francisco José del Campo, que durante años fueron director y secretario del centro, los sorprendió encontrarse con dos facturas, supuestamente con su firma y abonadas por la Consejería de Educación, por obras precisamente de «sustitución de ventanas de aluminio». El importe total, 82.692 euros. «Es mi firma, pero yo no la puse ahí», sentenció González.

La hipótesis del ex director, ya jubilado, planteada también en las discusiones internas de la comisión parlamentaria que investiga el «caso Marea», es que algún miembro del departamento que en Educación comandaba María Jesús Otero, responsable de las obras en los centros y una de las principales imputadas, la falsificó para justificar pagos irregulares. Sólo entre 2009 y 2010 el montante total de obras y suministros que, pagados por el Principado, jamás llegaron al Instituto Rey Pelayo de Cangas de Onís supera fácilmente, según las cuentas de los diputados, los 400.000 euros.

González y Del Campo fueron pasando, entre el asombro y la indignación, por las estrecheces económicas sufridas todos estos años, las páginas de los expedientes. El secretario ya los había visto, en la visita que la Policía realizó al instituto como parte de la investigación judicial del «caso Marea». «Las ventanas que sustituimos las hicimos nosotros», insistían. Con el presupuesto del centro contrataban a alguna cristalería, y si el dinero no les llegaba para más, pedían a la Consejería ayuda para instalarlas. A la empresa que, supuestamente, instaló las ventanas pagadas por Educación no la conocen de nada, afirmaron. «La única constancia», añadió el ex secretario, «es una llamada de la Consejería preguntándome si esa empresa había hecho obra», después de que el «caso Marea» estallase. Educación llamaba para comprobar una obra que la propia Consejería había contratado y pagado.

De los ocho expedientes que Ignacio Prendes, de UPyD, mostró a los docentes sólo reconocieron como auténtico uno, de 116.500 euros, por la entrega de varias mesas, encerados y armarios de Almacenes Pumarín que el instituto llevaba tiempo pidiendo insistentemente. Del resto, ni rastro. La maquinaria de taller, las mesas, las carísimas herramientas y los ordenadores que figuran en el resto de expedientes nunca llegaron al instituto. Básicamente, explicó Del Campo, «porque nunca los pedimos». «No hemos recibido ningún material para talleres desde el noventa y uno o noventa y dos, y la respuesta era siempre la misma, que no había dinero para eso», se lamentó.

El ex secretario afirmó que el centro «no tiene aulas para meter las 36 mesas que dicen que recibimos, y ¿quién ha visto un ratón inalámbrico que cueste 193 euros?», se preguntó, a la vista de uno de los expedientes. En sólo dos años la cifra de material pagado y no entregado supera los 400.000 euros. «Como trabajador de la Administración es un poco fuerte», reconoció, «cuando durante años se nos han escatimando los recursos; me dan escalofríos».

Junto a las firmas supuestamente falsificadas en los expedientes aparece un sello del instituto que, según su antiguo director, tampoco es auténtico. El mismo caso frente al que, con otro montón de expedientes sobre la mesa, se encontraron el directos y la secretaria del Instituto de Infiesto, Juan Argimiro García y María Jesús Rodríguez. En su caso, las dudas surgen, por ejemplo, de la instalación de un sistema de calefacción geotérmica por 224.810 euros en el edificio viejo del instituto, cuando en realidad está instalado en el edificio nuevo, dentro. Al antiguo se trasladó la caldera del centro de FP, por lo que sigue con un sistema de gasóleo. También de la renovación de ventanas, que en la factura figuran como hechas en el instituto cuando, según su director, una obra similar se hizo en el colegio de Educación Primaria. Todo el material que solicitaron les llegó, pero en los listados aparecen, con su firma, equipos que nunca llegaron, con firmas idénticas a las de otros expedientes, y sellos falsos.

De falsificaciones habló también la que, durante varios años, fue secretaria del director general de Modernización, Alberto Pérez Cueto, el jefe directo de Marta Renedo. «Hay expedientes que está muy claro que no pasaron por donde tenían que pasar, hay que ser un artista para repetir todos los trazos de la firma encajados de la misma forma, y el hombre -en referencia a Pérez Cueto-, a nivel pictórico, no tenía tanta maña», explicó la secretaria. La conclusión, con «sospechas totalmente fundadas», añadió, es que una de sus firmas fue utilizada para dar de paso expedientes que él nunca llegó a ver.