En el Centro Penitenciario de Villabona se estaba llevando a cabo un tratamiento terapéutico para internos drogodependientes, el Proyecto UTE, que era un éxito reconocido de forma generalizada por sus resultados: un 26% de reincidencia frente a un 70-75% de los drogodependientes encarcelados en las prisiones tradicionales españolas y/o europeas.
No es extraño, por ello, que fueran premiados por los Jóvenes Abogados de España en 2005; que recibieran del Gobierno asturiano la medalla de plata en 2007; que en ese mismo año se incorporaran a la Organización Mundial de Emprendedores Sociales e Innovadores, Ashoka, o su participación en 2012 en la Change Nation en Dublín, como uno de los cincuenta proyectos de emprendimiento social seleccionados entre tres mil de todo el mundo.
La propia Comisión Mixta de Drogas, Congreso-Senado se lo reconoció unánimemente, sobresaliendo al respecto la opinión del PP expresada por el señor Villanova Rueda: «Hablar de la UTE es hablar de don Faustino García Zapico, que está considerado un transformador del sistema penitenciario en España (...), y construir un modelo alternativo a la prisión tradicional. Estamos encantados con don Faustino y con todos los demás compañeros que formáis este maravilloso equipo directivo del modelo de la UTE de Villabona (...)».
Dicho todo lo anterior, parecería una invención argüir que, desde diferentes ámbitos del Ministerio del Interior, hay en marcha un proceso de acoso contra dicha UTE. Sin embargo, a las pruebas me remito.
En octubre del año pasado se prohibió la entrada en la prisión a la abogada de la ONG Fundación Adsis. A continuación no se renovó, por primera vez, la comisión de servicios concedida a dos educadores. El incendio estaba declarado y desde Instituciones Penitenciarias no dejaron de animarlo.
El pasado 5 de febrero se suspendieron comisiones de servicios a otros tres educadores; al día siguiente destituyen a Faustino García, Begoña Longoria y Manuel Ignacio Noriega, tres de los cuatro coordinadores que tenía la UTE de Villabona.
La presión ministerial culminó el 25 de febrero con la liquidación del equipo multidisciplinar, órgano máximo de decisión de la UTE.
Contra todo esto se movilizaron todos los grupos parlamentarios asturianos -excepto el PP-, el Gobierno regional, asociaciones religiosas y laicas, ONG, personalidades del ámbito de la cultura, medios de comunicación y la Iglesia católica.
El día 6 del pasado mes de marzo, en este mismo medio, se denunciaba: «Con tristeza y rabia estamos asistiendo al desmantelamiento paso a paso de la UTE del centro penitenciario de Villabona». Estas palabras del que fue cura capellán del establecimiento penitenciario asturiano a lo largo de tres años deberían hacer reflexionar a los responsables del Ministerio del Interior, especialmente al ministro Fernández Díaz.
Negar el problema no conduce más que a agravarlo. Mantener el nombre acosando a quien fundó la UTE y sin su aval no engaña a nadie.
El mismo director que niega la existencia de «cualquier tipo de enfrentamiento» escribió hace tres meses lo siguiente en una circular hecha pública en la cárcel de Villabona. «Si algún trabajador de este centro pretende (...) imponer otra política penitenciaria distinta, debería pensar en solicitar una excedencia y fundar una ONG que pudiese manipular a su antojo y no dedicarse a enredar en una institución pública». A esto lo llamo negar una de las evidencias que explican parte del problema.
La UTE de Villabona ha logrado convertirse en un elemento prestigioso de la marca España y en una referencia obligada para muchos sistemas penitenciarios de diversas partes del mundo.
Para que pueda seguir siéndolo, el ministro del Interior y el Partido Popular deben rectificar explicando sin hipocresías qué está pasando y reponiendo en sus responsabilidades a quienes quitaron, además de cesar de inmediato el acoso al que la tienen sometida.
