El Gobierno regional recurrirá ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) contra la sentencia que declara nula la ampliación de 37 horas y media a 40 horas la jornada semanal de los empleados del sector público con dedicación especial acordada en junio de 2012 por el Principado.

Según el director general de Función Pública, José María González Gancedo, el Principado presentará el recurso de apelación contra la decisión del juzgado de lo contencioso-administrativo número 5 de Oviedo al existir una resolución judicial que desestimaba una demanda similar presentada por el sindicato CSIF.

En un comunicado difundido por el Gobierno regional, González Gancedo señala que la Consejería de Hacienda y Sector Público aprobó dicha instrucción buscaba dar cumplimiento a la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2012 que establecía que la jornada semanal de los empleados públicos pasase de 35 a 37 horas y media.

Éste era el horario con que ya contaban los cerca de dos mil empleados públicos que contaban con dedicación especial por lo que el Principado consideró necesario elevar su jornada semanal a 40 horas dado que tenían una mayor retribución que el resto.

La sentencia estima parcialmente el recurso interpuesto por un miembro del colectivo Conceyu por Otra Función Pública n'Asturies y considera que el Gobierno regional se extralimitó e incide en que la normativa estatal "no marca más límite que el derivado del mínimo común denominador, que son las 37 horas y media", también para el caso del personal con dedicación especial.

Así, señala que la duración de la jornada especial no tiene por qué coincidir con las 40 horas semanales dado que lo que debía respetarse en cualquier caso era que ésta no fuese inferior a esas 37 horas y media semanales de trabajo efectivo.

Para el Conceyu por otra Función Pública, la sentencia constata que la decisión del Principado de dictar unas instrucciones provisionales para dicho aumento de jornada fue precipitada y sin justificación y fue adoptada además por un órgano "manifiestamente incompetente para adoptar dicho acuerdo".

Además, incide en que esta decisión tendrá unas consecuencias económicas "de enorme importancia" dado que los trabajadores afectados podrán reclamar el importe económico correspondiente al exceso de horas realizadas en el periodo de vigencia de la resolución anulada, que deberán abonarse como horas extras.