Las prácticas supuestamente delictivas de la trama del «caso Marea» arrojan un saldo favorable a Marta Renedo Avilés que ronda el millón y medio de euros. La parte del auto en la que el juez Ángel Sorando argumenta el procesamiento de la antigua alta funcionaria del Principado repasa los métodos de que se valía Renedo para obtener esos fondos sirviéndose ilícitamente de su cargo en la Administración regional. «Abusando de su cargo de jefa de servicio de Procesos Administrativos en la Dirección General de Modernización», relata el auto, recibió «al menos» 504.500,24 euros, IVA aparte, a cambio de sus gestiones para que se adjudicaran contratos a Igrafo y otros 75.800 por el mismo procedimiento con Almacenes Pumarín. Adicionalmente, falsificando expedientes de contratación de servicios no prestados, la funcionaria procesada habría obtenido 663.000 euros y la investigación ha registrado otro pago de 248.00 euros que el Principado hizo a la empresa Asac Comunicaciones por un trabajo de digitalización que no se hizo «y que terminaron en la cuenta de Renedo».

El auto sistematiza básicamente en esos tres procedimientos las vías de llegada del dinero en el «modus operandi» de la trama corrupta en la etapa de Renedo en la Consejería de Administraciones Públicas. Antes, mientras prestaba servicios en Cultura como jefa de servicio de Promoción Cultural, Archivos, Bibliotecas y Museos, se sirvió de métodos similares para falsificar «al menos cinco resoluciones» de las entonces consejeras Ana Rosa Migoya y Encarnación Rodríguez Cañas y conseguir los favores de las empresas implicadas haciendo que el Principado les pagara diversas cantidades a cambio de servicios no prestados. Las cuantías de esos contratos falsos ascienden en total, según lo dispuesto en el auto, a 128.387,77 euros repartidos entre las compañías Rolan Telecomunicaciones, Asac Comunicaciones y Aicom Asesoría de Infraestructuras y Comunicaciones.

El juez también considera probado que la ex alta funcionaria «canalizaba los pagos» a través de varias cuentas falsas abiertas usurpando la identidad de tres personas de las que había obtenido copia de los carnés de identidad merced a sus cargos en la Administración regional.

El auto divulgado ayer relata con cierto detalle cómo además de dispensar un «trato de favor» a las empresas de la trama, Renedo falsificaba expedientes completos para facturar servicios no prestados a su «empresa ficticia interpuesta» Inplans Mounts, S. L., «que había creado y manejaba», apunta el juez, y «con la cual facturaba al mismo departamento del Principado en el que trabajaba supuestos servicios por conceptos tan inconcretos como "implantación aplicación solución lectura de código de barras: formularios", "análisis desarrollo aplicativo y conversión documentación administrativa en electrónica", "desarrollo y diseño aplicativo wokflow para portal de proveedores"... Siendo así que nunca consta si se prestaron los supuestos servicios, ni que tuviera medios materiales ni personales ni conocimientos informáticos, ni en qué consistieron».