El Principado y Castilla y León harán un frente común para evitar que el Noroeste salga perjudicado en la reforma del sistema de financiación autonómica. Los dos gobiernos mantuvieron ayer una reunión de trabajo en Valladolid en la que abordaron la creación de un «grupo de presión» junto a las comunidades de Galicia y Aragón para obtener más recursos de la Unión Europea con los que hacer frente a la despoblación y el envejecimiento. El encuentro, además, sirvió de primera toma de contacto, informal, entre las consejeras de Hacienda de Asturias, Dolores Carcedo, y de Castilla y León, Pilar del Olmo, para intercambiar puntos de vista sobre la revisión del sistema de financiación que el Gobierno de Mariano Rajoy prevé afrontar en 2014.
El Gobierno autonómico de Castilla y León ya fue uno de los aliados de Asturias en la reforma del modelo de financiación que puso en marcha el Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero en 2008 y que entró en vigor en 2010. El Principado trata ahora de reeditar esa alianza con vistas al nuevo proceso de negociaciones bilaterales con el Gobierno central y multilaterales que tendrán lugar en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera. La conversación entre Dolores Carcedo y Pilar del Olmo permitió comprobar la coincidencia de ambas autonomías en un objetivo prioritario: ni Castilla y León ni el Principado están dispuestos a que la mejora de financiación para las autonomías más reivindicativas, casualmente del arco mediterráneo, como Cataluña, Valencia y Baleares, perjudique y suponga menos recursos para las comunidades del noroeste español.
Los gobiernos asturiano y castellano-leonés sentaron ayer las bases para la defensa de una estrategia interterritorial frente al despoblamiento y el envejecimiento, unos factores que ya hicieron valer en la reforma del sistema de financiación, hace cinco años, y en el que esperan incorporar a Galicia y a Aragón, regiones a las que invitarán a un nuevo encuentro que tendrá lugar el próximo otoño, en Oviedo. El consejero de la Presidencia de Castilla y León, José Antonio De Santiago-Juárez, defendió la creación de «un lobby de presión», en el que participen las cuatro autonomías que forman la denominada red de regiones con desafíos demográficos, para optar a más ayudas en los fondos de la Unión Europea. La iniciativa contó con el visto bueno del Principado, que planteó también esa reivindicación puertas adentro, ante el Gobierno central.
«Asturias y Castilla y León somos las dos únicas autonomías con una edad media superior a los 45 años. Apoyamos con firmeza un "lobby" para que se tenga en cuenta la singularidad del envejecimiento y la dispersión en el reparto de fondos de la Unión Europea. Y también que se tenga en cuenta esa singularidad por el Gobierno de España», sostuvo Guillermo Martínez, quien ofreció un dato que avala la peculiaridad de las autonomías que como el Principado tienen una amplia dispersión demográfica, un factor que encarece la prestación de los servicios básicos como, por ejemplo, la sanidad y la educación. «En Asturias tenemos el once por ciento de los pueblos, de las entidades de población de toda España», precisó Martínez. La reunión de ayer en la capital castellana sirvió también para evaluar el protocolo general de colaboración entre los ejecutivos del Principado y Castilla y León en 2008, que, desde entonces, ha permitido el desarrollo de proyectos en ámbitos tan distintos como la sanidad, la atención a la dependencia, la educación y la protección civil, entre otros.
