El juez del «caso Marea», Ángel Sorando Pinilla, declara procesados por nueve delitos, entre ellos prevaricación, al ex consejero de Educación José Luis Iglesias Riopedre y a su antigua directora general María Jesús Otero. De los 29 encausados, ellos son los que ostentaban cargos más altos en el organigrama del Principado cuando se orquestó la trama de supuesta corrupción en la Administración autonómica y los únicos que ocupaban en aquel momento, a juicio del magistrado, puestos de entidad suficiente para prevaricar. La ex alta funcionaria Marta Renedo, que no será procesada por este delito, deberá responder de ocho infracciones, las mismas que Riopedre y Otero con la única salvedad de ésta.
El titular del juzgado de instrucción número 2 de Oviedo entiende así que la posición de Renedo como jefa de servicio no basta para que incurra en esta figura delictiva reservada para las autoridades y consistente en dictar a sabiendas una resolución injusta. Sí la procesa, a ella igual que a Otero y a Riopedre, por los mismos delitos continuados de cohecho, estafa agravada y fraude de fondos públicos, exacciones ilegales, falsificación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a funcionarios y malversación.
Son el ex consejero y su ex directora general, por delante de Renedo, los acusados que acumulan la lista más amplia en la atribución de supuestas infracciones que detalla el auto en el que Sorando asigna a cada uno de los 29 implicados los delitos por los que se les encausa. El escrito completa el contenido del auto de procesamiento del pasado 28 de junio, en el que se enumeraban los hechos delictivos sin establecer a cuáles de ellos debía hacer frente cada acusado. En el documento actualizado, todos los empresarios de la trama figuran encausados por la misma lista de presuntas infracciones: cohecho, estafa agravada y fraude de fondos públicos y falsificación. Se detectan indicios de la comisión de estos delitos en la actuación de los gerentes de Igrafo y Almacenes Pumarín, Víctor Manuel Muñiz y Alfonso Carlos Sánchez, respectivamente, así como en las del gerente de Nora Proyectos e Ingeniería, Antonio José Azorín; Roberto Calvo, directivo de las compañías Rolan Comunicaciones, Asac y Aicom, y el socio de éste en Asac Maximino Fernández.
Los demás procesados lo son por delitos continuados de cohecho o tráfico de influencias y únicamente uno de ellos, el ex jefe de sección de la Consejería de Economía Luciano González, concentra estas dos figuras delictivas.
La sustancia del auto reside en la atribución de los indicios de prevaricación administrativa, toda vez que fue la detección de sospechas de este delito en las conductas de Riopedre y Otero la que arrastró el «caso Marea» fuera del alcance del jurado popular. La concurrencia de esta infracción, expresamente reservada para un tribunal profesional, determina que la trama deba ser juzgada en la Audiencia Provincial.
