Oviedo, Miguel L. SERRANO

El Gobierno regional mantiene firme su apuesta de construir una incineradora en el vertedero de Serín, trabajado por el Consorcio de Gestión de Residuos de Asturias (Cogersa). A pesar de los obstáculos que está encontrando en los juzgados y de la oposición de partidos políticos y grupos ecologistas, el Principado pretende seguir adelante con su idea y, para ello, recurrirá ante el Supremo la sentencia que anula el plan urbanístico necesario para la construcción de la planta, emitida recientemente por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA). La idea del Gobierno asturiano es que la instalación, que en un principio fue programada para 2015, entre definitivamente en funcionamiento a partir del año 2020.

El recurso ante el Tribunal Supremo ya está preparado y se presentará, seguramente, a la vuelta de las vacaciones, con el inicio del próximo curso político. El Principado entiende que la sentencia que anuló el plan urbanístico para el desarrollo del área de tratamiento de residuos, que había sido aprobado por la Comisión de Urbanismo y Ordenación Territorial (CUOTA) en mayo de 2011, se basa en un «defecto formal» y «no cuestiona las determinaciones sustantivas». En este contexto, el Gobierno confía en que su recurso prospere y finalmente pueda tener luz verde para llevar a cabo un proyecto del que los responsables de Cogersa llevan hablando desde 2003.

Sin embargo, y en previsión de un posible fallo negativo, el Principado reinició recientemente la tramitación del plan, una medida de precaución que se hace de forma paralela al recurso «por una mayor seguridad jurídica», según explicó recientemente Paz Orviz, directora general de Sostenibilidad y Cambio Climático del Principado.

El vertedero de Serín, que recibe anualmente 600.000 toneladas de basura procedente de toda la región (80.000 menos que antes del inicio de la crisis) está al límite de su capacidad y se prevé que en 2015, más o menos avanzado el año, agote el espacio disponible, problema que el Principado ha resuelto proponiendo apilar los residuos en una especie de montaña de deshechos. La medida ha enfadado a los vecinos de las poblaciones colindantes al vertedero (Campañones en Corvera, Ambás en Carreño, Serín en Gijón, Tamón en Carreño y Villardebeyo en Llanera), que creen que les quieren «enterrar en basura» y no descartan acudir a los juzgados.

Mientras los planes de ampliación del complejo permanecen paralizados en los tribunales, el consorcio de basuras mantiene bloqueados 140 millones de euros listos para invertir en obra pública que podrían suponer un alivio para muchas empresas asturianas. De aquí a 2020, Cogersa debe licitar obras y trabajos por un total de 318 millones de euros.