Los funcionarios del Principado aseguran que la Agencia Tributaria elude investigar las dietas de kilometraje que cobran mensualmente los diputados autonómicos y que ha archivado la denuncia presentada por el sindicato de empleados públicos Usipa. Esta central había denunciado en abril los complementos que perciben los parlamentarios regionales al entender que el cálculo de los kilómetros estaba «manifiestamente hinchado» ya que reciben una indemnización fija por el desplazamiento a su domicilio independientemente de que se realice. Los partidos de la Junta General han reanudado el nuevo curso político sin reformar su sistema de retribuciones, un compromiso que iban a abordar ya en julio pasado.

«Hacienda somos todos, pero algunos más que otros». El coordinador de Usipa, José Luis González, recurre, no sin cierta carga de ironía, a un lema ministerial de los años ochenta, que tenía como misión implantar la declaración del Impuesto sobre la Renta, para cuestionar la decisión de la Agencia Tributaria de archivar la denuncia sobre las dietas de kilometraje de los diputados regionales.

El sindicato de empleados públicos había denunciado las dietas de kilometraje, manutención y estancia que perciben en sus nóminas, de manera fija, los diputados, unos complementos que están exentos de tributación por una normativa legal y que también repercuten en el cálculo de sus dos pagas extra. Usipa entiende que esos ingresos deben tener el mismo tratamiento que los rendimientos del trabajo y no como una dieta de desplazamiento exenta del pago del IRPF. «Los expertos han concluido que es irracional que los diputados cobren una cantidad fija por kilómetros que no hacen y que, además, esté exenta de impuestos», argumenta González. El colectivo de empleados públicos también requería una inspección sobre el cálculo del kilometraje de los diputados. El Parlamento asturiano desembolsa al año más de 170.000 euros por gastos de locomoción, ya que el conjunto de los diputados factura un millón de kilómetros. Los responsables de Usipa han pedido una respuesta a la Agencia Tributaria tras no tener ninguna comunicación oficial cinco meses después de su denuncia. «Nos han dicho que no investigarán esas dietas», aseguró a este periódico el coordinador del sindicato de trabajadores públicos del Principado. El principal argumento de la denuncia sindical estriba en que las dietas fijas de los diputados no están vinculadas a que se haya realizado un viaje o desplazamiento.

La ley vigente establece que ante una denuncia pública la Agencia Tributaria puede acordar su archivo bien porque sea infundada o porque no se concreten de manera suficiente los hechos denunciados. Además, el organismo que tiene a su cargo la inspección fiscal no tiene la obligación de informar del resultado de la actuación administrativa al denunciante. Usipa cree que la Agencia Tributaria se ha limitado a aplicar el artículo 17 de la ley del IRPF, que exime del pago de ese impuesto a las cantidades abonadas para gastos de viaje y desplazamiento, para no entrar al fondo del asunto. El sindicato considera que dar ese tratamiento de exención fiscal a una cantidad fija, de 933 euros mensuales, sin que tenga relación con gastos de viaje y desplazamiento «es un esperpento jurídico y un claro ejemplo de fraude de ley, bendecido por el órgano encargado de luchar contra el fraude fiscal».

El colectivo de empleados públicos, tras el archivo de la Agencia Tributaria, sopesa recurrir ante los tribunales de justicia el sistema de dietas por kilometraje, manutención y estancia que perciben los diputados regionales y que, por ahora, no ha sido revisado por el parlamento asturiano.