La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha anulado la Relación de Puestos de Trabajo (RTP) aprobada por el Principado en septiembre 2012 que establecía el sistema por libre designación para el nombramiento de jefes de servicio.
La sentencia, contra la que cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS), estima el recurso presentado por el colectivo Conceyu por otra Función Pública contra el acuerdo del Gobierno que aprobaba una modificación parcial del catálogo de puestos de trabajo del personal funcionario de la administración del Principado.
El TSJA considera que no cabe dentro del Estatuto Básico del Empleado Público ni de la Constitución la libre designación genérica y sin justificar para el desempeño de los puestos de trabajo "dado el carácter excepcional de dicha forma de nombramiento".
En un comunicado, Conceyu recuerda que una sentencia anterior "desbarató y echó por tierra la coartada" del Gobierno para "enrocarse" en su decisión de mantener los nombramientos a dedo, que consistía en que la Ley aprobada por el anterior Ejecutivo socialista de diciembre de 2010 obligaba a la libre designación de todas las jefaturas de servicio y puestos similares "y que no era posible un cambio de criterio sin modificar previamente dicha ley".
Posteriormente, el TSJA suspendió cautelarmente el uso del sistema de libre designación por parte del Principado "para evitar la situación de fraude de ley en el que estaba incurriendo con nuevas convocatorias y nombramientos por el mismo sistema".
La nueva sentencia confirma la ilegalidad de los 144 nombramientos realizados por libre designación, situación que, según Conceyu, "podría haberse evitado hace bastante tiempo si el Gobierno asturiano hubiera actuado con sensatez, acatando las sentencias y convocando los concursos de méritos correspondientes.
Para este colectivo, esta resolución constata que la voluntad política del actual Ejecutivo era continuar "con el sistema clientelar de nombramientos a dedo que había caracterizado la gestión del empleo público por parte de los anteriores gobiernos".
"El cambio, de producirse finalmente, responderá sólo y exclusivamente a la acumulación de resoluciones judiciales en su contra que, a estas alturas, resulta ya legalmente insoportable", añaden.
