Juan Carlos Gafo, un camionero natural de Moreda de Aller y residente en Gijón, sufre un auténtica pesadilla africana desde hace cuatro meses. En junio, llegó a Sierra Leona para trabajar transportando mineral de hierro desde las explotaciones de Lunsar al puerto de Freetown. Vendió su camión de obra y se compró una cabeza tractora contrayendo una deuda de 38.000 euros. Pero, una vez en ese país, nada de lo que le habían prometido se cumplió. Como leS ha ocurrido a otros cinco camioneros con los que comparte pensión en Freetown, le quitaron su vehículo y el pasaporte y ahora no puede abandonar la zona. La diplomacia española parece haber comenzado a moverse para ayudar a estos transportistas que sólo buscaban ganarse un jornal. El domingo llegará al lugar donde se encuentran el embajador español en Costa de Marfil, Fernando Morán Calvo-Sotelo, hijo del ex ministro avilesino Fernando Morán, con el fin de desbloquear la situación. Y los afectados tienen una reunión hoy con las autoridades de Exteriores sierraleonesas.
Pero ya no podrán borrar la pesadilla. "He perdido 16 kilos desde que estoy aquí. Otros compañeros, 30", asegura Juan Carlos Gafo, de 49 años. "Compartimos lo poco que tenemos. A veces no hay para comer y no comemos", añade. "Lo peor es el sufrimiento de las familias. Están mandándonos el poco dinero que tienen", comenta este camionero, cuyos padres y hermanos residen en Gijón, aunque lO unen lazos a Boñar, en León (de donde son dos de los colegas atrapados, Antonio Valenzuela y Ramiro González), y que trabajó para empresas asturianas como Alvargonzález y Asturmasa.
Los camioneros firmaron un contrato con una empresa valenciana, Aznar Quarring Logistic, que a su vez tenía un partner en Sierra Leona. "Joshua, un camerunés casado en Valencia, fue el que nos contactó. Decía que, nada más llegar los camiones al puerto, sólo teníamos que matricularlos y ponernos a funcionar. Eso sí, con la condición de contratar a gente de aquí", indica Gafo, técnico superior de construcciones metálicas que hace unos veinte años montó una empresa de transporte que tuvo que cerrar en 2008, al reducirse drásticamente la carga de trabajo por la crisis económica.
"Éste es un país maravilloso, con mucho potencial, pero caímos en malas manos. Todo fue una estafa", se lamenta. Y es que, cuando quisieron darse cuenta, las desavenencias entre las empresas provocaron una demanda de la valenciana, que ha paralizado los camiones y las cantidades a cobrar. Según asegura Gafo, los camiones ahora están en manos de la empresa de Sierra Leona, que los está utilizando para transportar el material de hierro. "Quedamos sin camiones y a verlas venir", se queja el allerano.
Denunciaron al intermediario, Joshua, contra el que hay una orden de detención, pero la Policía de Sierra Leona no ha movido un dedo. "Se quieren cubrir las espaldas, no saben quién puede estar detrás de esta estafa y por eso ni detienen a Joshua ni se cogen los camiones", indica. El suyo, el vehículo para el que tuvo que endeudarse, sin olvidar el dinero pedido a la familia, está ahora averiado. Otros compañeros, como Ramiro González, intentaron apoderarse de las llaves de los camiones de su propiedad, pero los cogieron. "Todo es corrupción", informa Gafo, que empieza a ver las cosas de otra forma ante el interés de los medios de comunicación españoles y especialmente tras conocer que el embajador de Costa de Marfil acudirá a echarles una mano. "No queremos cargar contra las autoridades españolas. Había dos compañeros con malaria y los repatriaron. Cuando quisimos que lo hiciesen con otro, nos dijeron que no había dinero", expone.
Juan Carlos Gafo, que tiene dos hijos de 17 y 14 años que viven con su ex mujer en Madrid, da las gracias al ex cónsul Pedro Zerpa Zerpa, y también a un inspector de Policía español que trabaja para la ONU en este país que estuvo en guerra civil hasta el año 2009. "Nos han aconsejado que volvamos a España y que emprendamos acciones legales desde allí, pero es que los camiones fueron robados aquí", añade. Además, según indica un abogado experto en Derecho Internacional que los está asesorando, si están fuera de Sierra Leona durante más de tres semanas, podrían perder la propiedad de los camiones. "Estamos hundidos, necesitamos ayuda", finaliza.
