El asturiano Santiago Menéndez Menéndez (Gijón, 1959), director general de la Agencia Tributaria (AEAT), tendrá la última palabra sobre la designación de los peritos judiciales que deben intervenir, a instancias de los jueces, en casos de blanqueo de capitales, fraudes fiscales y otros delitos ligados con la corrupción. La encomienda de nombrar a los expertos cuando los requieran los juzgados recae sobre un alto cargo elegido a su vez por el gobierno, una circunstancia que ha levantado cierta polvareda política alrededor del economista gijonés. Parte de la oposición se lanzó ayer a pedir explicaciones al Ministerio de Hacienda al saber que Menéndez envió el pasado 4 de octubre una instrucción a diversas instancias del organismo informando de que será el gabinete de la dirección general de la AEAT quien centralizará a partir de ahora la tramitación de las solicitudes de peritaje de los jueces. La decisión incumbe a las causas que enjuician los organismos judiciales con competencia en todo el país, la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo y el Constitucional, y por tanto a casos de corrupción de enjundia o a procesos que involucren a políticos aforados.

Llueve sobre mojado en la Agencia Tributaria desde que la semana pasada Menéndez se vio obligado a salir al paso de la polémica desatada a raíz de la destitución de una inspectora de grandes contribuyentes que rechazó un recurso de la multinacional cementera Cemex contra una fuerte sanción de 450 millones de euros que le había impuesto la AEAT. El caso, abierto a cuenta de una supuesta simulación de pérdidas contables en las cuentas de la compañía para aminorar sus pagos al fisco, desembocó en la destitución de la jefa adjunta de la Oficina Técnica de la Dependencia de Control Tributario y en la dimisión, a continuación, del superior inmediato de la funcionaria, Ignacio Ucelay.

El máximo responsable de la Agencia Tributaria se apresuró entonces a negar presiones del Gobierno y a ceñirse al discurso oficial, según el cual los ceses responden a criterios organizativos y se ejecutan asumiendo la potestad que asiste al organismo de revocar "discrecionalmente" los nombramientos de los funcionarios que ocupan puestos de libre designación, elegidos "a dedo". Menéndez se defendía así de acusaciones como las emitidas por el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), que calificó las modificaciones de personal de "injerencia política".

En esa misma línea, ayer, ante la información del diario "El Mundo" sobre la competencia de Menéndez sobre los peritos judiciales, el portavoz socialista de Hacienda en el Congreso de los Diputados, Pedro Saura, habló de "otra injerencia más" del ministro Cristóbal Montoro en en la labor de la Agencia Tributaria y pidió que sea Menéndez quien dé las explicaciones pertinentes en la Cámara Baja. El portavoz adjunto de Izquierda Plural, Joan Coscubiela, interpretó la decisión como un posible intento del Gobierno de "proteger a los suyos" de las investigaciones de la AEAT. Con una Agencia Tributaria cuya dirección "no es profesional", añade el diputado, resulta "muy difícil luchar contra el fraude".

Tampoco son éstas las primeras polémicas de trasfondo político que encuentran en medio a Santiago Menéndez. Hermano de Adolfo Menéndez, secretario de la Fundación Príncipe de Asturias, ex subsecretario de Estado de Fomento y Defensa en los gobiernos de José María Aznar, y de Anselmo, actual subdirector general de Arquitectura en el Ministerio de Fomento, los tres son sobrinos del abogado Aurelio Menéndez, ministro de Educación con Adolfo Suárez y fundador del bufete Uría y Menéndez. Santiago llegó a la dirección general de la Agencia Tributaria tras la dimisión de su antecesora, Beatriz Viana, justificada oficialmente por las socorridas "razones personales" pero coincidente en el tiempo y vinculada, según el sindicato Gestha, con el escándalo provocado tras la atribución errónea a la Infanta Cristina de la compraventa de trece fincas en el marco de la investigación del "caso Nóos".

Santiago Menéndez accedió al cargo que dejaba vacante Viana después de ejercer durante quince meses como inspector jefe de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), adonde llegó precedido de otra sonora controversia política, la desatada tras la decisión de Cristóbal Montoro de descabezar la cúpula de la lucha contra el fraude, destituyendo a los cinco jefes de inspección del organismo, el encargado de investigar las implicaciones fiscales de la trama "Gürtel", relacionada con la supuesta financiación irregular del PP. El asturiano fue el escogido por el ministro para hacerse cargo de la Oficina a partir de marzo de 2012.

Antes, Menéndez, que ha desarrollado gran parte de su carrera dentro del Ministerio de Hacienda, había sido jefe de unidad de inspección de la AEAT en las delegaciones de Orense, Oviedo y Madrid y en la etapa anterior del PP en el gobierno ejerció como director general del departamento de Recaudación y delegado especial de la Agencia Tributaria en Asturias.