"Es una expropiación encubierta, no encontramos otra explicación". Así, sin rodeos, contundente, resumió ayer José Manuel García, secretario de la Federación Asturiana de entidades locales menores (EML), la letra pequeña de la ley de reforma local impulsada por el Gobierno de Rajoy y que se aprobará la próxima semana en el Congreso de los Diputados en Madrid. El nuevo reglamento suprime el carácter público de Entidad Local que hasta ahora tenían estas parroquias, pero, aunque les mantiene la personalidad jurídica, no dice que vayan a seguir siendo entes públicos, de modo que, al dejar de ser consideradas como Administraciones públicas locales, perderán sus derechos de titularidad sobre las más de 100.000 hectáreas de montes comunales que tienen repartidas por toda la región las 39 parroquias rurales existentes en Asturias. Este patrimonio, que rentabilizan con los alquileres para pastos o la venta de madera, les reporta unos cuatro millones de euros anuales, capital con el que sobreviven y con el que han conseguido, año tras año, cerrar sus ejercicios con superávit.
La batalla de las parroquias rurales, pues, continúa, aunque las 39 asturianas tienen garantizada su supervivencia tras la rectificación hace dos semanas del Gobierno, que aceptó una enmienda en la ley por la que se protegía el futuro de aquellas que tuvieran todas sus cuentas saneadas. Ese cambio, tomando una perspectiva nacional, tampoco se modifica en exceso el panorama, ya que el reglamento condena igualmente a la desaparición a más mitad de las 3.719 existentes en quince comunidades españolas lastradas todas ellas por deudas o presupuestos inestables. El tiempo, mientras, se agota. Cada vez queda menos para intentar modificar nuevamente la ley. Desde hoy ocho días, concretamente. El próximo jueves, 19 de diciembre, se aprobará en el Congreso la reforma local, conocida por su nombre de pila como ley sobre Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. Tres días antes, el lunes, se ratificará en el Senado, donde seguramente habrá una concentración de representantes de parroquias rurales procedentes de toda España. Ante la inminente aprobación del texto, la Federación de Concejos y Pedanías y Parroquias Rurales (FAPAR), presidida por el asturiano Andrés Delfín Rojo, encargó un profundo estudio jurídico que determinó que, en caso de que salga adelante la normativa tal cual está, las parroquias rurales que mantengan su actividad perderían todo su patrimonio público y sólo podrían tener bienes de derecho privado. A partir de la entrada en vigor del nuevo reglamento, quedarán excluidas de ser Ente local todas las entidades de ámbito inferior al municipal. Por eso, La Federación de parroquias rurales reclama que mantengan su carácter de Entidad Local o que, en su caso, se concrete su personalidad jurídica indicando "de alguna manera" que siguen manteniendo su carácter público. Si no, si permanece todo indefinido, se verán sometidas a otras leyes estatales que les hará perder su patrimonio.
Así, la ley nacional de Montes establece en su artículo 11.2 que los montes públicos sólo pueden estar en manos de entidades locales o de derecho público. Y en su artículo 12.1.b les impediría también tener en propiedad montes comunales. Estas entidades también perderían los bienes comunales, en virtud del artículo 2.4 del reglamento de bienes de las Entidades Locales.
"¿De qué nos sirve tener una personalidad jurídica si luego hay leyes que establecen que ningún ente que no sea público puede tener montes comunales?", se pregunta José Manuel García. "Tememos que esto sea una fórmula para enmascarar una forma de quedarse con nuestro patrimonio", añade. García asegura que "haremos todo lo que podamos" parar que intente rectificar y advierte de que "iremos a donde tengamos que ir para conservar nuestro patrimonio".
Las parroquias rurales asturianas gestionan distintos servicios (agua, arrendamientos, venta de madera, pastos...) de la población en cuestión. Las 39 entidades asturianas tuvieron un superávit en 2012 (último año contable) de 1.346.180 euros. Durante ese mismo periodo, los 78 ayuntamientos de la región tuvieron un déficit que alcanzó los 481 millones de euros.
La nueva ley y sus consecuencias
La nueva ley
La ley sobre Racionalización de Sostenibilidad de la Administración local modifica el artículo 3.2 de la Ley estatal de régimen local, excluyendo de las entidades de ámbito inferior al municipal de ser ente local. Sólo mantienen el carácter local las comarcas, las áreas metropolitanas y las mancomunidades de municipios.
También sostiene que las entidades de ámbito inferior al municipal dejarán de tener personalidad jurídica y pasarán a ser meros órganos de los ayuntamientos, como recoge el artículo 24 bis.
La disposición transitoria cuarta dice que las entidades locales inferiores al municipio existentes (como es el caso de Asturias) mantendrán la personalidad jurídica, pero no dice que sigan siendo entidades locales ni que sigan siendo entes de Derecho público.
Las consecuencias
Las parroquias rurales, de aprobarse el texto tal cual, perderían todo su patrimonio. Dejarían de tener la titularidad de los Montes Públicos, los Montes Comunales y sus bienes comunales de acuerdo a la Ley nacional de Montes, que establece en su artículo 11.2 y 12.1 b que sólo podrán estar en manos de entidades locales o de Derecho Público.
