El exalcalde de Salas, el socialista José Manuel Menéndez Fernández, firmó en 2009 un contrato con Aquagest para que la empresa siguiese gestionando el agua en el municipio durante 14 años más a cambio de que la concesionaria -en el punto de mira de la juez asturiana que investiga el "caso Pokémon"- le entregase al ayuntamiento 400.000 euros en concepto de "adelanto" del canon anual que le tiene que pagar al consistorio. El documento, al que ha tenido acceso LA NUEVA ESPAÑA, refleja que el exalcalde tomó la decisión de cerrar el contrato sin que pasase por el Pleno o por cualquier otro órgano de control municipal. Según explicó ayer el propio José Manuel Fernández lo hizo "porque ese tipo de trámites no están obligados a llevarse al Pleno" y porque el dinero del préstamo de Aquagest "se necesitaba mucho en Salas en aquellos momentos". La firma de ese contrato ha llevado a la juez de "Pokémon" a investigar los movimientos del exalcalde de Salas, que según pudo saber este diario también está imputado por presunta prevaricación administrativa en relación al pago de 277.000 euros a Almacenes Pumarín- una de la empresas del "caso Marea"- por el equipamiento de la Casa Consistorial. El actual equipo de Gobierno, de Foro Asturias, que fue quien denunció ambos casos, sospecha que parte de ese material, que acabó de pagarse hace unos tres meses, pudo no haber sido entregado. También refleja la denuncia de Foro que entre las facturas hay una de 30.000 euros para cortinas.
La prórroga del contrato con Aquagest se selló el día 17 de noviembre del 2009 y en el documento sólo figuran tres firmas. Una de ellas es la de José Manuel Menéndez Fernández, cuya rúbrica se encuentra al lado de la de Henry Laíño, por entonces director territorial de Aquagest en Asturias y un hombre que fue detenido por orden de la juez de "Pokémon" en abril del año pasado tras ser acusado de ser uno de los cabecillas de la red de sobornos y tráfico de influencias que se gestó en varios ayuntamientos gallegos y tiene ramificaciones en otros puntos de España, entre ellos en Asturias. La tercera firma es la del secretario municipal, Carlos Avello Casielles, que según recoge el contrato estuvo presente en la reunión "a los solos efectos de dar fe del acto". El actual equipo de Gobierno, representado legalmente por el letrado Fernando de Barutell, solicitó un informe al propio secretario en febrero del año pasado para saber si el contrato de prórroga con Aquagest "fue llevado a cabo mediante decreto, acuerdo de la Junta de Gobierno, acuerdo plenario u otro procedimiento", pero Avello Casielles aseguró "no tener constancia" de que el documento "fuese objeto de pronunciamiento alguno por parte de los órganos que en el escrito se mencionan".
Al actual gobierno salense no le cuadran muchas cosas. Entre otras no entiende por qué la prórroga con Aquagest se firmó cuando faltaban "tres años y cuatro meses" para que venciese el acuerdo. Tampoco comprenden los foristas que José Manuel Fernández firmase por diez años más -en realidad trece años y cuatro meses, hasta el 2023- cuando hasta ese momento las prórrogas con la concesionaria del agua se renovaban cada cinco. En el contrato figuraba que los 400.000 euros tenían que entrar en la caja del consistorio salense "en un plazo de diez días" desde la firma, algo que ocurrió. "En ese momento había muchos problemas de tesorería y lo hicimos", reitera José Manuel Menéndez Fernández, que no recuerda en qué se gastó ese dinero "aunque se puede probar que se utilizó". El exalcalde de Salas afirma que "era un dinero que se iba a devolver sin intereses" y que la idea era que la empresa "lo recuperase dejando de pagar el canon anual hasta que se llegara a los 400.000 euros". Según sostiene Menéndez, "es algo legal que se hace en todos los sitios", aunque tendrá que ser la juez quien determine, entre otras cosas, si es legal recibir un préstamo por parte de una concesionaria para tapar agujeros en el consistorio.
Equipamiento polémico
El exalcalde de Salas también ha declarado ya en calidad de imputado en los juzgados de Grado. Foro Asturias presentó la denuncia contra él por el equipamiento del consistorio ante el juez que instruyó el "caso Marea", pero Sorando lo desligó de la causa y el tema terminó en Grado. El actual equipo de Gobierno cree que el socialista José Manuel Menéndez Fernández también se tomó la justicia por su mano en este caso y asegura que "habiendo solicitado por la Alcaldía el informe del expediente de contratación a los diferentes servicios del Ayuntamiento no existe expediente de contratación alguno", recoge la denuncia inicial presentada por el abogado Fernando de Barutell. Entre las facturas hay una de 194.773 euros "para mobiliario", otra de 55.303 "para audiovisuales", una tercera de 7.001 euros "para equipar el despacho del juzgado de paz ubicado en la propia Casa Consistorial" y otra de 20.488 euros "para equipar dos despachos del centro municipal de Servicios Sociales".
En la denuncia también se aporta un informe de la arquitecta municipal que refleja que "el material facturado en concepto de cortinas y estores no fue entregado y, menos aún, instalado en su totalidad" a pesar de que se pagaron 30.881 euros. Además, para la adquisición del mobiliario, que tuvo lugar en 2009, Salas recibió una subvención de 250.000 euros por parte de la consejería de Administraciones Públicas. El escrito de denuncia también es muy claro en este sentido: "Si bien esta subvención está formalmente justificada, dicha justificación ha sido simplemente aportando dos facturas aprobadas por la Junta de Gobierno Local", por ello a los denunciantes les quedan "razonables sospechas" de que "la escasa justificación requerida y el nulo control posterior del destino de la subvención se debe simple y llanamente a que dichas facturas estaban emitidas por Almacenes Pumarín", investigada en relación al "caso Marea" de corrupción en el Principado en época de Areces. Según la denuncia, "la subvención fue abonada" y no se utilizó para pagar las facturas.
El secretario municipal, que también ha tenido que declarar ante la juez de Grado, "no recuerda haber hecho ningún contrato con Almacenes Pumarín" y que no existe un expediente de contratación.
