El portavoz de IU en el Junta, Ángel González, se negó ayer a contestar a las preguntas del ministerio público en la primera jornada del juicio que se sigue contra él por prevaricación administrativa en relación con los contratos de los monolitos de las fosas de la guerra civil, y que se desarrollará hoy martes y el próximo 2 de abril en la sala de lo civil penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJA). González declinó responder al fiscal Alejandro Cabaleiro después de que el tribunal le negase la posibilidad de declarar en último lugar, tras el coacusado -Roberto Moro, secretario general técnico de la consejería de Bienestar Social cuando el diputado de IU era viceconsejero- y los testigos del caso. Ignacio Vidau, presidente del tribunal y ponente de la sentencia, se negó a romper con "la tradición" según la cual los acusados declaran en primer lugar.

González, que se enfrenta a una petición fiscal de siete años de inhabilitación, culpó de las irregularidades en los contratos a la jefa de servicio de Asuntos Generales y a un subordinado de ésta, sobre cuyos testimonios se ha construido la acusación pública, y deslizó que los gobiernos de Foro y del PSOE actuaron con deslealtad al no brindarle la posibilidades de presentar alegaciones cuando la Sindicatura y el Tribunal de Cuentas advirtieron que se había cometido una ilegalidad.

El ministerio público sostiene que González, entonces viceconsejero de Bienestar Social, encargó un presupuesto para los monolitos a la empresa New Construction, y le pidió además presupuestos de otras dos empresas para cubrir las condiciones exigidas por los contratos menores. El fiscal añade que los presupuestos se entregaron a la jefa de Asuntos Generales, que más tarde informó a Moro de que era necesario hacer un contrato de suministros por procedimiento negociado. El fiscal sostiene que González acudió al día siguiente al despacho de la jefa de servicio y le dijo que resultaba imposible tramitarlo de esa forma, porque retrasaría el proceso. La funcionaria, siempre según el fiscal, advirtió a González de que hacerlo de otro modo sería ilegal. Terminó entregando los presupuestos a un subalterno, quien fraccionó el contrato, irregularidad que detectó la Sindicatura de Cuentas.

Para la defensa de Ángel González, a cargo de Ana García Boto, el meollo del asunto es una cuestión administrativa: qué tipo de contrato debería haberse realizado. Y añadió que no puede haber prevaricación ya que los contratos no buscaban un enriquecimiento del viceconsejero. "Yo simplemente dije que había que iniciar el proceso para la instalación de los monolitos, no ordené pedir nada a nadie", declaró González. El diputado aseguró que la acusación se basa en una "falsedad". "La jefa de servicio nunca me advirtió de nada", insistió. "Yo no tenía control sobre los expedientes, sería de locos", añadió.

En el escrito de defensa se afirma que González firmó los contratos fraccionados "sin conocer la desastrosa tramitación" que la funcionaria había forzado a realizar a su subalterno. Y también indica que todo el asunto se fue de las manos "por la inexperiencia del Gobierno de Foro o su animadversión a los republicanos". González abundó sobre este punto: "Asisto perplejo a cómo se me ha ocultado la posibilidad que tenía de alegar ante la Sindicatura, dejándome en la indefensión, puesto que podía haber explicado esta cuestión de una forma racional". Una vez finalizada la vista, González se quejó de que ni Foro ni el PSOE hubiesen tenido "el funcionamiento de lealtad" que suele haber con los antecesores en el Gobierno, y que no se hubiese alegado ante la Sindicatura, como ocurrió en el caso de Gispasa.

Roberto Moro declaró que él no tenía que ver con los contratos menores, que era un asunto de la jefa de Asuntos Generales, a la que, según dijo, ya desautorizó en una ocasión por la exclusión de un licitador en un concurso para el centro de día de Cudillero. Tildó a la funcionaria de "tozuda" e indicó que quizá les ha acusado a él y a González para eludir sus responsabilidades.