La defensa de Ángel González fue especialmente dura con el fiscal Cabaleiro. La letrada pidió la nulidad de las actuaciones al considerar que se vulneró el plazo máximo de seis meses que deben durar las diligencias de investigación del fiscal. Éstas se abrieron el 6 de agosto de 2010 y no se remitieron al TSJA hasta el 8 de febrero de 2011. García Boto critica además que Cabaleiro no informase a González de que estaba siendo investigado, ni de los motivos de las pesquisas. Y después se quejó de que el fiscal hubiese tomado declaración como testigos (y por tanto obligados a decir verdad) a la jefa de Asuntos Generales y a un subordinado de ésta, ya que éstos pudieron echar la culpa a sus superiores con la tranquilidad de verse libres del proceso. "O los cuatro imputados, o lo cuatro testigos", sentenció Ana García Boto.
Pero las peticiones de nulidad se dirigieron también hacia el tribunal, presidido por Ignacio Vidau, secundado por Alejandro Criado y María José Margareto. La letrada estima que el tribunal no es imparcial, puesto que alguno de sus miembros ya tuvo conocimiento del contenido de las pruebas, al haber decidido sobre dos recursos de apelación. La cuestión puede ser importante de cara a un recurso si hay condena. "El tribunal no admite las dudas sobre su imparcialidad. El los recursos de la defensa no se entró en el fondo del asunto", zanjó Vidau.
