El campo español mira a Europa

Un reportaje de La Opinión de Murcia, Diario Córdoba, La Opinión de Zamora y El Periódico de España

Primero fue la sequía, que redujo la producción de alimentos como el arroz y el aceite de oliva a la mitad de lo esperado. Después, el desequilibrio entre los precios de los productos agrícolas importados desde terceros países y aquellos con etiqueta nacional. En los últimos años, la España vaciada fue cultivando poco a poco semillas de descontento que cristalizaron en enero de 2024 en las mayores manifestaciones del sector primario en décadas. Y aunque los cuatro meses de presión en las calles de todo el país arrancaron concesiones del Gobierno, la verdadera disputa del campo español tendrá lugar el próximo 9 de junio, en las urnas de las elecciones europeas.

A diferencia de convocatorias pasadas, en un principio los cortes de carreteras fueron promovidos por grupos espontáneos, sin el paraguas de ninguna asociación del sector. A las tres organizaciones principales (Asaja, COAG y UPA), únicos interlocutores oficiales, se añadieron otros como Unión de Uniones o la Plataforma 6-F, creada expresamente a finales de enero para canalizar el enfado de los agricultores.

Muchas de las reivindicaciones procedentes del sector primario nacional recuerdan a las demandas exigidas en 2020, cuando los tractores exigieron cambios justo antes del inicio de la pandemia, y son compartidas con las de sus homólogos polacos, franceses y belgas por ser normativas europeas. Desde el inicio de las protestas, el campo español ha pedido una flexibilización y simplificación de la actual Política Agraria Común (PAC). Es la principal demanda elevada a Bruselas, reducir la carga burocrática para dedicar más tiempo a su trabajo diario.

También han pedido acabar con la competencia desleal de importaciones mediante la imposición de más controles en las aduanas, la reciprocidad de las condiciones de producción, como el uso de los mismos fitosanitarios, y revisar o no renovar acuerdos comerciales con grandes competidores, como Nueva Zelanda o India. De todos ellos, el acuerdo Mercosur-UE ha sido el blanco de los agricultores, que han pedido su paralización. Al ámbito europeo se han sumado los fenómenos meteorológicos extremos. La escasez de agua ha puesto contra las cuerdas a un sector que reclamaba una reforma del seguro agrario para dar una mejor cobertura a las nuevas condiciones creadas por el cambio climático. Por último, y a causa del incremento de la inflación, exigían un aumento de costes de producción para evitar las quiebras. Ahora, la pelota está en el tejado de los votantes. 

La huerta de Europa, ante una decisión crucial

Los productores agrarios del Mediterráneo piden equiparar sus condiciones a la de sus homólogos extracomunitarios: "Si no se va en esa línea, que nadie cuente con nuestro voto"

José Antonio Sánchez | Murcia

Son las seis de la mañana y el bullicio del Campo de Cartagena es inconfundible. Está inmerso en la campaña de la recogida de la patata, y lo único que importa es el orden y productividad de la recolección. La misma premisa que rige el cultivo de los tubérculos junto al Mar Menor es extrapolable al melocotón en Cieza o a los plátanos en las Islas Canarias. Las elecciones se acercan y algunos de los problemas centrales por los que llevan manifestándose desde comienzos de año se han solucionado o están camino de ello. Otros, como la competencia desleal por parte de terceros países, sí traen de cabeza a los agricultores.

En Murcia, la llamada ‘huerta de Europa’, se exporta, en términos económicos, el 18,3% del total nacional de frutas y hortalizas, pese a ocupar únicamente el 2,1% de la superficie de España. Andalucía, con Almería como cabeza de lanza, y la Comunidad Valenciana lideran una clasificación que prácticamente copan, ya que la suma de estas tres autonomías supera los 14.000 millones de euros de los cerca de 16.900 millones de euros que se exportaron en 2023.

Estos datos, recogidos en el informe de la agrupación de productores exportadores Fepex, también dejan otra lectura: entre 2019 y los datos del último año, tiempo de la legislatura en el Parlamento Europeo, se han reducido un 16,6% las toneladas de exportación, aunque a nivel económico han crecido un 22,4%.

Y todo ello pese a las trabas burocráticas y factores como el cambio climático y la sequía prolongada que vive el Levante español. La sensación es que la Eurocámara les queda lejos, como asegura Santiago Pérez, productor cartagenero: «Las políticas de los últimos años van encaminadas a desmantelar la producción comunitaria frente a países terceros».

Con rotundidad afirma que irá a votar el 9J y pide igualdad de condiciones con los productores extracomunitarios: «Que se les pida lo mismo que se nos exige a nosotros. No solo a nivel fitosanitario, también en derechos laborales y de implicación social y medioambiental. Y si no van en esas líneas, que no cuenten con mi voto ni con el de los agricultores».

Varios movimientos como el del 6F o el de SOS Rural amagaron con dar el paso de presentarse a estas elecciones, pero desistieron. Sí lo ha hecho Soberanía Alimentaria Española, que se cataloga como un partido político fuera del eje izquierda-derecha y que va a llegar a Europa para que las políticas agroalimentarias calen en los grandes partidos, como ya hacen otras formaciones, como las ecologistas.

Es lo que explica el asturiano Alexis Codesal, cabeza de lista de este partido: «No podemos garantizar el cambio, pero sí que se va a hablar de ello». Apuestan por el uso de aranceles porque son la única herramienta que tiene Europa para privilegiar a los agricultores comunitarios frente a la competencia desleal de terceros países. Remarcan que no hay rebotados de ningún partido ni políticos profesionales: solo son agricultores, ganaderos, pescadores y cazadores de toda España que quieren cambiar las cosas con voz propia en Bruselas.

Un mar de olivos bajo la sombra de Bruselas y del clima

España es líder mundial en producción, comercialización e investigación, pero es demasiado vulnerable ante las grandes oscilaciones de precios

Francisco Expósito | Córdoba

Los olivareros andaluces siguen mirando al cielo pese a que la primavera ha roto la sequía meteorológica más prolongada desde 1961. La falta de agua y el aumento de las temperaturas provocaron que las dos últimas campañas fueran excepcionalmente bajas y los precios llegaran a máximos históricos. Los olivareros, como el resto de agricultores y ganaderos, han protagonizado movilizaciones desde inicios del año en las que la reducida cosecha y el incremento de los costes de producción, junto a la aplicación de la nueva PAC y el aumento de la carga administrativa, fueron los detonantes principales.

Por eso, las elecciones europeas se miran con cierta incertidumbre, pero también como una oportunidad para reforzar la importancia agroganadera y del aceite en la agenda comunitaria. Como resalta Asaja, no es poco lo que se juegan los agricultores en el próximo mandato.Bruselas deberá abordar el nuevo marco financiero plurianual para el periodo 2027-2033, la reforma de la PAC post 2027 y la revisión de la actual PAC que ha entrado en vigor. Y ahí, partidos como el PSOE inciden en la importancia de trabajar por una agricultura rentable y sostenible, con un presupuesto adecuado de la PAC y mayor flexibilización en su aplicación, sin olvidar un mayor apoyo a los olivares de montaña y la aplicación de cláusulas espejo con terceros países, afirma Ana Romero, secretaria de Agricultura en la ejecutiva federal del PSOE.

El PP defiende la necesidad de impulsar una ampliación, modernización y mejora de los regadíos para promover una estabilización de los precios que han causado una caída de hasta un 30% del consumo de aceite entre los españoles y evitar la pérdida de competitividad.

Precisamente, para el presidente del Consejo Sectorial de Aceite de Cooperativas Agro-alimentarias, Rafael Sánchez de Puerta, es «esencial» dotar de más regadío a algunas provincias andaluzas ante la pérdida de competitividad frente a otras que han avanzado en la superficie.

Cualquier decisión que se adopte puede tener consecuencias millonarias en un sector en el que España es líder mundial en superficie, producción y comercio exterior. Nuestro país produce el 70% del aceite de la UE y el 45% del mundo, lidera la investigación, emplea a más de 350.000 agricultores y genera más de 32 millones de jornales cada año, muchos de ellos para población inmigrante que está aliviando la falta de mano de obra que existe en el cultivo, sobre todo en olivares de alta pendiente.

Pese a ser el líder mundial (con Jaén y Córdoba como principales provincias), eso no ha impedido que el sector se vea sometido periódicamente a una enorme oscilación de precios, como ha sucedido en las dos últimas campañas hasta marcar un récord histórico en enero de 2024. La cotización ha seguido una tendencia alcista desde la campaña 2019/2020, cerrando el ejercicio 2022/2023 con un valor medio de 5,67 euros por kilogramo. En la actual cosecha, el precio medio asciende a 7,56 euros por kilo, con una subida del 115,7% del virgen extra respecto a la media de las cuatro campañas anteriores. 

El principal granero español, con un ojo en las bolsas y otro en el lobo

Los agricultores de Castilla y León, resignados a que el precio del cereal se establezca en los mercados bursátiles de París y Chicago

Irene Barahona | Zamora

Zamora presenció la primera manifestación de agricultores y ganaderos celebrada en España como resultado de las protestas convocadas en toda la Unión Europea. El 30 de enero de 2024, un pequeño pelotón de apenas veinte tractores marchó por las calles de la capital a orillas del Duero; esta sería la primera de los cientos de manifestaciones que, durante meses, llenarían el país.

La furia que saltó desde Francia a la pequeña Zamora corrió como la pólvora por el resto de Castilla y León: los profesionales se organizaban a través de docenas de grupos de WhatsApp al margen de las Organizaciones Profesionales Agrarias e incluso marcharon contra organismos como las lonjas agropecuarias. En Zamora, la Lonja cotizó por última vez el 27 de febrero tras haber sido sitiada por agricultores cerealistas, quienes denunciaban que allí se marcaba el precio más bajo de España, una cotización que les generaba pérdidas de hasta cien euros por tonelada en el caso de la cebada.Doce semanas después, mientras la mesa de negociación zamorana permanece inactiva, las provincias de Valladolid y Palencia han fundado una Lonja conjunta el pasado 17 de mayo, un proyecto que quiere marcar un precio de referencia en la producción de cereales en Castilla y León. Ambas provincias -que suman un tercio de la producción cerealista de la región- no contaban con lonja hasta este momento “pero el cereal se vendía igual”, según ha señalado el líder de COAG en Castilla y León, Lorenzo Ribera, sobre un organismo que marca precios orientativos. Para él, la clave de qué pasará en los bolsillos de los agricultores se decide en las bolsas de París y Chicago, donde el precio del cereal ya ha empezado a subir día a día, algo que tendrá que trasladarse al mercado regional en las próximas semanas: el encarecimiento viene dado de la mala cosecha del maíz brasileño y las olas de calor en Rusia, cuyos efectos, podrían empezar a notarse durante el próximo mes. El mal trago de los productores internacionales podría beneficiar al campo local, donde se podrían volver a producir los 7 millones de toneladas de grano para los que Castilla y León está preparada, más del doble de la pírrica campaña pasada, cuando la sequía y los altos costes desangraron una comunidad que solo cosechó 3 millones de cereal: “Las cosas no han sido fáciles este último año, pero las perspectivas son radicalmente mejores”.

A pesar del buen augurio, el sector sigue en declive, en especial, en la ganadería extensiva, la otra de las patas históricas del campo de Castilla y León cuyo ADN se está desvaneciendo: el oficio de pastor se ha sustituido paulatinamente por cebaderos industriales de integración debido a la dureza de un trabajo que cada vez da una menor rentabilidad. Castilla y León ha perdido 1.500 granjas de ganado extensivo en los últimos quince años mientras ha ganado 100.000 animales más. Abandonar el campo extensivo, además, no ocurre solo por un motivo económico; el lobo desgasta psicológicamente a los ganaderos que sufren ataques casi diarios desde que se prohibiera su caza al norte del Duero en 2021. Desde entonces, el número de ataques y cabezas de ganado muertas por el cánido se ha incrementado en un 33% en toda la región durante 2023, año en el que se registraron 3.558 ataques, un fenómeno que crece a un ritmo muy superior al de las incorporaciones de jóvenes al campo. Castilla y León ha incorporado 766 jóvenes profesionales en 2023, una nueva generación que cuyo reto es permanecer en el sector más allá de los cinco años obligatorios. 

El campo, epicentro electoral: auge de partidos ruralistas, Mercosur y renegociación de la PAC

Los 60.000 millones que están en juego para la agricultura, de ellos 1.200 para España, y los planes de desarrollo rural, hacen de las elecciones europeas una cita determinante para el sector

Mario Saavedra | Madrid

Comienza la puja por captar el voto rural. La revuelta agrícola europea de principios de año dejó claro que hay un caladero clave de votos en el campo y gente muy movilizada. Aquellas protestas (en Francia, Alemania, España o Polonia) pedían que se relajaran las restricciones y burocracia impuestas desde Bruselas a agricultores y ganaderos.

El Pacto Verde Europeo de 2020, que fue una de las grandes medidas de la anterior legislatura, pretende promover la agricultura sostenible. Pero los que trabajan en el campo dicen que este acuerdo merma su competitividad hacia otros países: restricciones en emisiones, bienestar animal, control de cultivos… También se quejan de los acuerdos comerciales con Marruecos, país al que acusan de competencia desleal, o los previstos con países latinoamericanos (Mercosur) o incluso los de Europa del Este (grano procedente de Ucrania).

Tras las protestas, la Comisión rebajó algunas disposiciones de la Política Agraria Común (PAC) para aliviar la carga administrativa para los agricultores de la UE. En juego en estas elecciones europeas del 6 al 9 de junio está quién liderará y con qué enfoque todas esas regulaciones. 

El voto en los distritos más rurales de la Unión parece inclinarse hacia los partidos de ultraderecha, según un análisis de los resultados electorales nacionales de 11 países miembro elaborado por el consorcio de periodistas Investigate Europe. Parte de esos sufragios se prevé que contribuyan al esperado auge de los dos principales grupos con partidos ultras en Europa, Conservadores y Reformistas e Identidad y Democracia. Muchos tienen un claro cariz ruralista.

La lista del PSOE la lidera la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, bregada en estos temas. El PP ha nombrado a Carmen Crespo (consejera andaluza de Agricultura) como número dos. Vox y sus aliados, como el comisario europeo de Agricultura, Janusz Wojciechowski, han apoyado las protestas agrícolas.

También será la Comisión la encargada de negociar la próxima PAC. La actual vence en 2029, pero se prevé que la próxima Comisión salida de las elecciones empiece a negociarla desde 2027, apuntan fuentes europeas. En juego hay cerca de 60.000 millones de euros, de ellos, 1.200 millones netos para España. Aproximadamente el 65% del dinero son ayudas directas, por ejemplo, en función del número de animales o hectáreas de cultivo.

El segundo pilar es el desarrollo rural con programas a nivel nacional o, en España, a nivel regional. Ese otro montante está vinculado a cumplir con ciertas obligaciones. Normalmente sirve para modernizar la economía agrícola (por ejemplo, se da dinero para comprar nuevos tractores o para renovar edificios). Ahora las ayudas están especialmente vinculadas al medio ambiente. También hay mucho más dinero ahora para los jóvenes agricultores.En cuanto a los acuerdos comerciales, también controvertidos, está pendiente de resolverse el UE-Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay). Francia ha estado evitando la firma de un texto. París cree que puede afectar negativamente a sus agricultores y ganaderos, y el auge del partido cada vez más ruralista de Marine Le Pen hizo que el presidente, Emmanuel Macron, dinamitara las opciones de concluirlo. El acuerdo supone la eliminación progresiva de los aranceles que se aplican a un gran número de productos agroalimentarios europeos. España está especialmente interesada en el aceite de oliva, vino, frutas y hortalizas o porcino.

La UE exporta muchos más productos agropecuarios (228.600 millones de euros en 2023) de los que importa (158.600 millones). Y eso es en parte gracias a la red de acuerdos comerciales de la UE con terceros países, recuerdan desde Bruselas.