IU quiere dar una vuelta de tuerca más al proyecto de ley de buen gobierno, que el ejecutivo socialista aprobó esta semana para iniciar su tramitación en el parlamento asturiano. La coalición, que dice no conocer al detalle el contenido del proyecto de ley, considera necesario que todos los altos cargos hagan pública su declaración de bienes, un requisito que ya cumplen todos los diputados autonómicos en Asturias.
"No es normal que los 45 diputados y diputadas de este parlamento tengamos nuestras declaraciones de bienes publicadas en la página web de la Junta y, sin embargo, en este proyecto de ley simplemente lo dejen para los consejeros del gobierno", ha advertido el portavoz parlamentario de IU, Ángel González, quien planteó que esa práctica también debe ser obligatoria para otros altos cargos como los viceconsejeros y los directores generales.
El diputado autonómico entiende que la nueva normativa, que el ejecutivo socialista sometió primero a la participación ciudadana y después a un período de información pública, debe incorporar aspectos "concretos y prácticos" que garanticen su cumplimiento para no quedarse en una mera declaración de buenos propósitos. González hizo hincapié en algunas normas, que tienen casi 20 años, como la ley asturiana de incompatibilidades o la del Buen Gobierno en España "y ya hemos visto en los últimos nueve años el buen gobierno que hubo". La coalición espera que el período de tramitación parlamentaria, que está a punto de arrancar, permita corregir algunas lagunas de esta ley.
González precisó que, por ahora, no puede aventurar la posición de su grupo ya que "el texto todavía no está en el parlamento". La postura de IU dependerá, según el portavoz de la coalición, de "la capacidad del gobierno socialista de buscar puntos de acuerdo". Ángel González garantizó la disposición de su grupo para tratar de buscar un acuerdo, pese al distanciamiento habido con el gobierno socialista tras la fallida reforma electoral. "El Grupo Socialista y el gobierno siempre piden consenso pero también tienen que colaborar para que lo haya; si se atrincheran luego no hay acuerdos. Ocurrió con otros ejemplos", declaró el portavoz de IU en la Junta General del Principado.
La ley de buen gobierno elaborada por el ejecutivo de Javier Fernández incluye, entre otras medidas, la destitución de los altos cargos que oculten irregularidades a la justicia o la sanción de aquellos que acepten regalos, favores o servicios que "vayan más allá de los usos habituales. Esta normativa contempla la existencia de un registro de intereses y actividades, que será público con acceso regulado mediante un reglamento, y otro de bienes y derechos patrimoniales, que tendrá carácter reservado, al que sólo podrán acceder la comisión de reglamento de la Junta, los órganos judiciales, el ministerio fiscal o el defensor del Pueblo. Pese a esa restricción, el proyecto de ley precisa que las declaraciones de bienes y derechos de patrimoniales de los miembros del gobierno regional se publicarán en la página web, como ya ocurre en la actualidad. El texto elaborado por el ejecutivo socialista también abre la puerta a que la declaración de bienes incluya el patrimonio de los cónyuges o de los compañeros sentimentales de los integrantes del ejecutivo regional. -eso sí "previo consentimiento de los mismos"- así como el de los hijos menores.
El proyecto legislativo
Quiénes son altos cargos
-Son altos cargos el presidente del Principado, los consejeros, los viceconsejeros, los secretarios generales técnicos y los directores generales así como el personal eventual de gabinete. También se aplicará esta ley a los titulares de presidencias, direcciones, gerencias de áreas sanitarias y asimilados de organismos y entes del sector público, así como a los responsables de las fundaciones.
Incompatibilidades
Los altos cargos deberán abstenerse en asuntos de empresas en las que hayan tenido alguna participación de dirección, asesoramiento o administración. Deberán inhibirse cuando haya por medio empresas en las que participae su cónyuge o compañero/a sentimental o familiar de segundo grado. En cambio, los altos cargos podrán participar en la administración del patrimonio de familiar siempre que no tengan una participación superior al 10 por ciento en empresas que contratan con el sector público autonómico del Principado.
Tras el cese
En los dos años siguientes al cese, los altos cargos no podrán desarrollar actividades privadas relacionadas con los expedientes en los que intervinieron, ni tampoco empresas en las que tengan más de un 10%.
