Los abogados asturianos dudan de que el Gobierno central esté cumpliendo el precepto de destinar el dinero obtenido con las tasas judiciales a las comunidades autónomas con el fin de financiar el servicio de justicia gratuita tal como se había planteado. "Están recaudando menos de la mitad de lo que esperaban. Las cuentas no les salen por la caída de asuntos provocada por el incremento de las tasas. En Hacienda están recaudando además menos por IVA e IRPF, debido a esa caída de actividad. Les ha salido el tiro por la culata. Y, además, el Constitucional está a punto de podar algunos aspectos de la ley de tasas", indicó Enrique Valdés Joglar, decano del Colegio de Abogados de Oviedo. La impresión entre los letrados es que el dinero recaudado por las tasas no está repercutiendo en la prometida mejora del servicio, que por otro lado es cada vez más solicitado. Para complicar más las cosas, el proyecto de ley de justicia gratuita, dado a conocer en febrero, tiene soliviantados a los abogados, ya que elimina la vinculación territorial del turno de oficio, de forma que podría ejercerlo en Asturias un abogado con despacho en Canarias, por poner un ejemplo.
Según Valdés Joglar, "hace dos semanas al menos, el Gobierno central no había ingresado al Principado el dinero prometido de las tasas". Esto se traduce en una mayor dificultad para pagar a los abogados, procuradores y peritos que intervienen en la justicia gratuita, "que antes de pagaba a los cuatro meses, y ahora a los diez". Los baremos están congelados, "pero por los menos no bajan como en otras comunidades", añadió Valdés. Al decano del Colegio de Gijón, Sergio Herrero, tampoco le consta que se hayan transferido las tasas.
Beatriz Rodríguez Zapico, vocal del turno de oficio del Colegio de Oviedo, también fue clara. "Se desconoce adónde va el dinero de las tasas, hay un gran secretismo sobre el destino que se le está dando. No sabemos lo que se ha recaudado. Se vinculó el cobro de esas tasas a la justicia gratuita, pero no hemos visto una mejora en el servicio", señaló. "Lo que es evidente es que no están recaudando lo que tenían previsto, tampoco por IVA e IRPF, algo normal al reducirse los asuntos", señaló la letrada.
El año pasado fueron 12.500 los expedientes tramitados por el Colegio de Abogados de Oviedo. "Desde el inicio de la crisis, ha habido un incremento constante y sorprendente de las solicitudes de asistencia gratuita. Desde 2007 se ha elevado un 50 por ciento", añadió Rodríguez Zapico. El Principado fue una de las regiones que reclamaron un modelo saneado para la justicia gratuita. En 2013 se atendió a 33.000 usuarios, lo que obligó a incrementar los fondos de 3,8 a más de 5 millones de euros, según fuentes del Principado. El Gobierno del PP se comprometió a buscar una fórmula de refinanciación, al tiempo que elevaba el umbral para acceder a la asistencia gratuita, lo que ha supuesto un mayor gasto para las comunidades, sin acompañarlo de modelo de financiación.
El anteproyecto de justicia gratuita del Gobierno está resultando otro quebradero de cabeza para los abogados. "Estamos indignados con muchos aspectos de ese anteproyecto, sobre todo con la posibilidad de que abogados de otras regiones puedan ejercer el turno de oficio en Asturias. Siempre hemos luchado por la proximidad entre abogado y cliente", indicó Beatriz Rodríguez Zapico. "Se trata de una idea de Competencia para fomentar una mejora del servicio, pero no se entiende cómo puede hacerlo, cuando los baremos son fijos e iguales para todos", indicó Valdés Joglar. "Hasta ahora, para entrar en el turno de oficio, se exigía tener despacho en la región. Eliminarlo supondría alejar el servicio del justiciable, un retroceso muy importante", indicó Sergio Herrero. El decano de Gijón añadió que "el anteproyecto puede invadir competencias de las comunidades autónomas".
