La ley integral de atención en materia de drogas del Principado eleva la edad legal para el consumo de alcohol a los 18 años, equiparando así a Asturias con el resto de comunidades autónomas; permite la "barra libre" en fiestas privadas, como pueden ser las bodas; autoriza las visitas escolares a los llagares de sidra, aunque tuteladas por mayores de edad; prohíbe el "botellón" para menores, pero deja su regulación para adultos en manos de las administraciones municipales, y sanciona expresamente la venta de alcohol en las gasolineras, aunque no así en los establecimientos hosteleros o comerciales ligados a las estaciones de servicio. El consejero de Sanidad, Faustino Blanco, realizó ayer todas estas precisiones durante una comparecencia en la Junta General para presentar el anteproyecto de una ley que parece tener ya asegurado el respaldo de PSOE, Foro PP, IU y UPyD. Los cinco grupos hicieron una valoración del texto positiva en líneas generales.

En todo caso, Blanco emplazó a los grupos de la Cámara a sumarse a un "gran pacto social", que parta del respaldo a esta nueva ley, pero que, según dijo, "transcienda el ámbito parlamentario para implicar activamente a todos los agentes de la sociedad que tengan algo que decir". El Consejero incidió en que el carácter de la nueva ley es "esencialmente preventivo", aunque incluye un apartado de sanciones que, en los casos más graves, alcanzan los 600.000 euros. "Estamos ante un proyecto de ley ambicioso, que busca regular con rigor una realidad social tan complicada como es la drogodepencia y que debe de tener un enfoque basado en las condiciones sociales ambientales y culturales en que este fenómeno ocurre", subrayó Blanco.

Antes de la intervención del Consejero, la Comisión de Sanidad de la Junta albergó durante toda la mañana numerosas comparecencias informativas sobre el nuevo marco regulatoria en materia de drogas. Tanto Miguel Hevia, en representación de los empresarios de la sidra, como Jacobo Olalla, de Cerveceros de España, pidieron un trato diferenciado para estas bebidas. En el caso concreto de la sidra, Hevia llamó la atención sobre el contrasentido que, a su juicio, supondría el que pudiera ser tratada como una droga cuando se está tramitando su declaración como Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO y tiene un museo en Nava.

Desde el sector de las gasolineras, Fernando Villa alertó del quebranto económico que supondría la prohibición de vender alcohol en las estaciones de servicio, mientras que los responsables del Consejo de la Juventud reclamaron un código de buenas prácticas para la hostelería. Sobre esta última petición, el Consejero aclaró por la tarde que Sanidad ya está trabajando en ello y que estudia la posibilidad de dar un distintivo especial a aquellos establecimientos que respeten un código ético de servicio responsable de alcohol.

Luis Manuel Flórez, de Proyecto Hombre, alertó de que un 57% de los toxicómanos que atiende tienen problemas de alcoholismo e hizo hincapié en la necesidad de que la nueva legislación se centre en la prevención. José Ramón Fernández Hermida, del departamento de Psicología de la Universidad de Oviedo incidió en que esta prevención sea selectiva, dando prioridad a los grupos de riesgo. A este respecto, Faustino Blanco indicó durante su comparecencia que se tendrán en cuenta los grupos sociales y espacios más vulnerables. La Consejería está especialmente preocupada por los índices de consumo de drogas en las comarcas del Caudal y del Nalón.

Los hosteleros pidieron que no se prohiba la barra libre en celebraciones como las bodas, algo que finalmente lograron, y la erradicación del "botellón"