El gobierno del Principado recibió ayer los parabienes de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA) para el proyecto que permite instalar negocios en algunos de los edificios ya construidos en la franja de quinientos metros sometida a la estricta protección del Plan de Ordenación del Litoral Asturiano (POLA). La consejera de Fomento, Belén Fernández, presentó su Plan Especial del Suelo No Urbanizable de Costas (PESC), como "un paso más, decisivo, respecto al POLA". Quiere ser un esfuerzo por desmenuzar la superfice protegida, pasando de la calificación, genérica y homogénea, de todos los quinientos metros inmediatos a la línea de costa como "no urbanizables" a su parcelación en distintas cotas de protección, a la asignación a cada área concreta de un nivel diferente de restricción de actividad en función de sus características y ubicación.
El nuevo plan abre la mano al cambio de uso y a la rehabilitación de las edificaciones situadas fuera de los núcleos rurales. En función del nivel de tutela que se les asigne podrán pasar, por ejemplo, de la función residencial a la hotelera o a la turística en sentido amplio, a acoger algún tipo de actividad comercial o a albergar un equipamiento público -una guardería, una residencia de mayores...-, siempre que se ajusten a los parámetros que establece el plan.
La justificación de la medida, expuesta en la voz de la Consejera, identifica aquí "una forma de estimular la conservación de los inmuebles en la costa y de generar actividad económica y empleo" sin perder, precisa, "el marchamo de calidad y excelencia que tiene el litoral asturiano". Su propósito es diversificar usos en la zona sin ponerla en riesgo, había dicho Fernández en otra ocasión, y estimular simultáneamente la dinamización económica y la creación de puestos de trabajo en el área.
El plan, que ayer recibió por unanimidad el visto bueno de la CUOTA, afecta a una superficie de doscientos kilómetros cuadrados, un 1,85 por ciento del territorio de la región, y entre otras innovaciones, otorga diferentes niveles de defensa a cada uno de los edificios construidos en la franja de protección del POLA. Es ésta una de las novedades más singulares del proyecto, que cataloga uno a uno los 3.526 inmuebles edificados en la zona de especial protección pero fuera de los núcleos de población. Una vez inventariados y caracterizados, el PESC los divide en cuatro categorías en función de su valor cultural y arquitectónico o de su integración paisajística, entre otros criterios, de suerte que habrá construcciones "protegidas" -las de valor más singular-, "integradas" -muestras de arquitectura tradicional-, "compatibles" -de características aceptables y fección asumible- y "de impacto elevado" -las de mayor incidencia en el área en que se ubican-. Sobre ellas, según los casos, se podrán hacer obras de adaptación o trabajos "parciales y circunstanciales" y sólo en las catalogadas como "integradas" y "protegidas" se acepta el cambio de uso de los edificios. He ahí el giro fundamental que apadrina la nueva normativa, toda vez que hasta ahora estaba prohibida toda modificación de funciones dentro del dominio protegido que delimita el POLA.
Los quinientos metros de costa asturiana tutelada tendrán pues distintos niveles de defensa en las edificaciones fuera de poblado, pero también en los suelos no urbanizados. El plan introduce asimismo en la legislación asturiana una zonificación similar a la de los inmuebles en cuanto al terreno de la zona demarcada, de modo que habrá suelos "de protección estricta" en atención a su "singularidad paisajística, geomorfológica o biológica"; áreas "de comunidades vegetales inventariadas", con plantas de interés, y zonas de carácter "común", pero se identifican sobre todo los terrenos en los que por su potencialidad se da cobertura a la actividad agraria o agroganadera.
Belén Fernández celebró ayer la aprobación inicial de su proyecto como un arma protectora contra los planes legislativos del Estado, en esencia frente al reglamento que desarrolla la ley de Costas y que el Principado ha recurrido ante el Tribunal Constitucional. La nueva norma autonómica, precisa la Consejera, "protege nuestro litoral frente a las tentativas de agresión auspiciadas por la legislación de costas del Estado, que van camino de agravarse si se aprueba el reglamento que tramita el el Ministerio". Al decir de Fernández, el plan "también nos hace menos vulnerables, más resistentes ante las incidencias del cambio climatico, algo muy importante ante la oleada desprotectora que caracteriza a la legislación del Estado". La norma, remata, "nos permite seguir siendo pioneros y continuar a la vanguardia en las políticas de protección del litoral".
El plan, por lo demás, llegó a la CUOTA tras salvar el trámite de las aportaciones efectuadas por las distintas administraciones a cuya consideración fue sometido y cubrirá durante un mes
