Miles de asturianos están pagando una factura de IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles) mucho más alta de la que realmente les corresponde. Los afectados son los dueños de terrenos urbanizables que no tengan aprobado el plan parcial de ordenación, que es el necesario para poder construir en ellos. Así, estos propietarios están pagando por ese suelo como si fuera urbano cuando, en realidad, deberían hacerlo como si fuera rústico, que soporta un tipo mucho más bajo y permitiría ahorrarles hasta cincuenta veces más. Así lo recoge una sentencia del Tribunal Supremo, emitida el pasado mes de mayo y con origen en Extremadura, que considera que los terrenos urbanizables que no tengan aprobado el plan parcial de ordenación dejarán de tributar como urbanos y pasarán a hacerlo como rústicos
La diferencia en la factura entre tributar por un suelo como urbano a hacerlo como rústico puede llegar a ser sustancial, dependiendo de la superficie del terreno y, fundamentalmente, del valor catastral asignado por cada municipio. Por ejemplo: en virtud de esta sentencia, el propietario de un terreno en Asturias de 5.000 metros cuadrados clasificado como urbano, que abone por él 2.000 euros anuales de IBI (impuesto popularmente conocido como la "contribución"), pasaría a pagar unos 20 euros al mes si tributara por él como rústico. O el dueño de una parcela pequeña que pague por ella 600 euros anuales podría pasar a pagar seis.
Los cálculos los hacen varios expertos en la materia consultados por este periódico, que piden a los ayuntamientos que excluyan del IBI la parte que no corresponda e insisten en que la diferencia para los dueños de los terrenos "puede ser muy importante". Ignacio Fernández, abogado especialista en estos asuntos, lo cuantifica de una forma general: "Por un metro cuadrado de suelo calificado como rústico en Asturias se puede pagar unos tres euros, mientras que por el mismo metro cuadrado de suelo pero calificado como urbano puede pagarse treinta".
En Asturias existen muchos terrenos que presentan estas características (suelos declarados como urbanizables que no tienen plan parcial aprobado y por lo tanto no estén urbanizados) y por los que sus propietarios estarían pagando más de lo que les corresponde. En el concejo de Gijón, cuyo Plan General de Ordenación Urbana está declarado nulo, están, por ejemplo, los suelos de Granda y Castiello, también algunos en Deva. Lo mismo pasa en Llanes. En Oviedo hay terrenos urbanizables sin ordenación en la Loma de Pando o en la carretera que lleva a Villamiana. En Avilés, los terrenos de Valparaíso o El Bao también carecen de ese requisito, como ocurre también en Carreño o en Gozón. A la luz de esta sentencia, en estos supuestos y en muchos más se estará cobrando indebidamente el IBI.
"Pueden existir miles de afectados en la región. Es muy difícil cuantificarlo porque habría que hacer un estudio", apunta Francisco Sánchez, abogado urbanístico experto en esta materia. "Además, los ayuntamientos se aprovechan porque dejar de cobrar este impuesto supondría una merma. En estos terrenos si expropian a alguien le pagan como si fuera rústico y si es el propietario quien tiene que pagar lo hace como urbano.", añade. "Es muy difícil saber a cuántos asturianos afecta. Hay que ver en cada municipio cuántos suelos urbanizables hay sin plan de ordenación", agrega Ignacio Fernández.
Los afectados, explica Sánchez, podrían reclamar la devolución de las cantidades. "Habría que reclamar al catastro la modificación catastral y, posteriormente, al Ayuntamiento lo indebidamente pagado", dice. Ignacio Fernández, por su parte, considera que se podría reclamar la liquidación del ejercicio actual (el IBI de 2014) cuando llegue el recibo de la contribución, pero no la de otros años. "Los ayuntamientos, no obstante, deberían modificar la factura", sostiene.
La sentencia, que tiene origen en Extremadura y crea jurisprudencia, merma a los ayuntamientos, que verán reducidos sus ingresos, y alivia a los dueños. En España hay unos 900.000 personas que pagan una factura de IBI hinchada, según datos de Abogado General del Estado.
